La muerte a manos de policías de Giovanni López en México ha sacudido a un país incapaz de mejorar sus fuerzas de seguridad. Detenido el 4 de mayo en un municipio de Jalisco, López pasó la noche en el calabozo. Allí los mismos policías le habrían golpeado hasta dejarlo al borde de la muerte. López, malherido, falleció a la mañana siguiente en un centro médico. Nadie además de la familia y las autoridades locales y estatales supieron de lo ocurrido en casi un mes. Y esta semana, cuando el gobernador y el fiscal se refirieron por primera vez al caso, presionados por la prensa, dijeron que se investigaría lo ocurrido. La pregunta evidente es qué hicieron durante las semanas anteriores.
Este jueves, cientos de manifestantes han marchado desde el Parque Revolución, en el centro de Guadalajara, hacia la sede de Gobierno del Estado. La protesta, en pleno pico de contagios del coronavirus, ha recordado a las vividas en Estados Unidos los últimos días, tras el asesinato de George Floyd, también a manos de policías. Los manifestantes han incendiado vehículos policiales y han llenado de pintadas la fachada del Palacio de Gobierno. La policía ha dispersado la marcha con gas lacrimógeno cuando un grupo ha intentado entrar por la fuerza al edificio.
En redes sociales, personalidades como Guillermo Del Toro, Salma Hayek o la banda Molotov han exigido el esclarecimiento de la muerte de Giovanni. Del Toro, que suele usar su cuenta de Twitter para canalizar denuncias ciudadanas, ha escrito: “A más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato”. El cineasta añadía: “El sinsentido -la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica”. Del Toro se refería a las denuncias de los familiares de Giovanni, que decían que su detención se produjo porque este no llevaba cubrebocas.
La relevancia mediática del caso puede evitar que quede para siempre en el cajón de expedientes abandonados. El Índice Estatal de Desempeño de las Fiscalías, elaborado por la organización Impunidad Cero, estima que la probabilidad de que un delito se resuelva en Jalisco es del 0,6%. Se trata del porcentaje más bajo de todo el país, solo por debajo de Guerrero. Irene Tello, directora de la organización, dice: “No me ha llamado la atención que pasara un mes y la investigación no avanzara. Es la norma. La fiscalía abre la investigación y ahí se queda. El cuello de botella de la justicia en este país está en la procuración de justicia”.
El pobre desempeño de las agencias de investigación apunta a la falta de personal y la cantidad de asuntos que atienden los investigadores por año. En Jalisco, un agente de la Fiscalía asume de media 329 casos al año, uno al día si quitamos los fines de semana. La relación de investigadores por cada 100.000 habitantes en el estado es de 4,4, la segunda más pobre del país.
La muerte de López tras la paliza policial revela también la precariedad de las corporaciones policiales en el país, incapaces de depurarse, de entrenar a sus agentes en lógicas no punitivas y de configurar fuerzas de seguridad profesionales y confiables. El caso de López ilustra perfectamente las fallas anteriores: policías que detienen a un albañil de 30 años por una falta administrativa y que recurren al castigo físico sin que al parecer les importen las consecuencias.
“Tenemos un desastre, porque nuestros políticos son tan cínicos que cuando llegan al poder dicen que van a arreglar la policía, profesionalizar las corporaciones, mejorar los sueldos y al final nada resulta cierto”, señala María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. La organización elabora un índice de desarrollo policial, en el que Jalisco no destaca ni para bien ni para mal. “La pregunta es que, si a los policías los maltratan dentro de la corporación, ¿cómo no van a salir a matar? Más allá de escandalizarnos por lo de Jalisco, debemos exigir a los políticos que separen la política de las corporaciones y preparen a las policías a largo plazo, sobre todo a nivel municipal”.
El caso de López enlaza con otros casos de brutalidad cometida por fuerzas de seguridad en México. Hace dos días trascendió el vídeo de unos policías en Tijuana pisándole el cuello a un hombre detenido por lanzar piedras a unos coches. El hombre murió. En 2017, en Veracruz, policías estatales secuestraron a cinco jóvenes y se los entregaron a un grupo criminal, que se encargó de desaparecerlos. En 2014, policías de varios municipios de Guerrero colaboraron con un grupo criminal para atacar a un grupo estudiantes la Escuela Normal de Ayotzinapa, en Iguala. El contubernio policial-criminal dejó 43 muchachos desaparecidos.
Crímenes como estos últimos apuntan precisamente a la relación entre el Estado y la delincuencia organizada. A la infiltración de los cuerpos de seguridad y al trasvase de tácticas, métodos e intereses de un lado a otro. A las consecuencias de la guerra contra el narco, iniciada a finales de 2006, con la llegada a la presidencia de Felipe Calderón. Los asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por servidores públicos desde entonces se cuentan por centenares. De 2007 a 2017, al menos 1.069 mexicanos fueron víctimas de malos tratos, tortura, asesinato o desaparición forzada, según datos de la oficina del defensor del pueblo.
La opinión pública supo del caso de Giovanni López por la prensa. Este miércoles, el medio Latinus publicó una nota titulada: “Jalisco: Por no usar cubrebocas, policía lo detiene y lo regresan muerto”. En una entrevista con el medio, el hermano de Giovanni aseguraba que policías de Ixtlahuacán de Los Membrillos, un pueblo a 40 kilómetros de Guadalajara, la capital de Jalisco, se lo llevaron por no taparse la cara. En abril, el Gobierno estatal impuso la obligación de llevar el cubrebocas en la calle.
La paradoja es que el ruido que ha generado el asunto empezó por error. Al menos eso sostienen las autoridades. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el fiscal, Octavio Solís, han insistido en que la detención de López no fue por el cubrebocas, sino porque este se mostró agresivo con los policías. También han dicho que Giovanni habría estado bajo la influencia de alguna sustancia, apuntalando así los motivos del arresto. Sin embargo, no han presentado prueba alguna de ello. La insistencia de las autoridades de Jalisco en este punto parece encaminada a evitar que el Gobierno estatal —y la decisión de imponer la mascarilla— cargue con alguna responsabilidad de lo ocurrido. Este jueves, el fiscal Solís ha vuelto al asunto de la responsabilidad: “Es importante puntualizar que todos los hechos ocurrieron en la esfera municipal, sin intervención estatal”.
Las consecuencias políticas del caso parecen preocupar a las autoridades estatales. Según pudo saber EL PAÍS, el partido del gobernador Alfaro, Movimiento Ciudadano, mandó mensajes y correos electrónicos desde el miércoles con una guía sobre cómo actuar en redes ante publicaciones sobre el caso. Este es un ejemplo: “A quienes digan que por qué se guardó tanto silencio [contesten]: Se informó desde hace un mes; no se detuvo por no usar cubrebocas, fue por violento, ¿que no escuchaste?; el jefe de la policía municipal no es el gobernador, ES EL PRESIDENTE MUNICIPAL, un cerdo priista, ese es el culpable [sic]”.
