El científico brasileño Marcus Lacerda y su equipo han vivido una pesadilla particular dentro del tormento de la pandemia del coronavirus. De un día para otro, la politización de la cloroquina, un fármaco, los golpeó como un meteorito. Este infectólogo que coordina un experimentado grupo de investigación dedicado a la malaria, la tuberculosis y el VIH jamás imaginó verse envuelto en algo así. Menos aún cuando trabajan en un lugar tan lejano de los centros de poder como Manaos, la capital de la Amazonia. Una ciudad en plena selva tropical a la que casi todos llegan en avión o barco.
El detonante de los ataques —amenazas de muerte incluidas— fue un ensayo clínico con 81 pacientes hospitalizados por la covid-19 a los que trataron con cloroquina. Un clásico para tratar la malaria que de pronto se ha hecho famoso en medio mundo después de que la derecha populista lo convirtiese en una de sus banderas contra el coronavirus. “El linchamiento empezó en cuanto se publicaron los resultados”, explica Lacerda por teléfono desde Manaos.
El ensayo de Manaos fue realizado con las cautelas de siempre aunque fueran tiempos de emergencia. Tenía todas las bendiciones de las autoridades —incluido el comité de ética de Brasil—. El consorcio de investigadores liderado por Lacerda, de la Fundación de Medicina Tropical, pretendía analizar la letalidad y toxicidad de distintas dosis de cloroquina en enfermos de coronavirus. Así se descubre cómo combatir nuevas enfermedades. “Nuestro estudio levanta suficientes señales de alerta para dejar de usar dosis altas de cloroquina porque los efectos tóxicos superan los beneficios”, escribió Lacerda en su artículo del Journal of the American Medical Association (Jama).
El ensayo fue suspendido antes de lo previsto porque 11 de los pacientes murieron. Estos graves riesgos, publicados en Jama en abril, no impidieron a Donald Trump anunciar que toma hidroxicloroquina por prevención, y a su colega Jair Bolsonaro, autorizar su uso en la sanidad pública brasileña. El viernes pasado The Lancet publicó el mayor estudio sobre estos fármacos, que demuestra que aumentan el riesgo de muerte en pacientes de la covid-19. Y este lunes la OMS ha suspendido por precaución todos los ensayos clínicos con estos medicamentos.
“La primera frustración fue saber que la cloroquina no funcionaba; la segunda, descubrir que la gente interpretaba el ensayo como un ataque a Bolsonaro”, dice el infectólogo. Las conclusiones del equipo de Manaos eran valiosas para miles de médicos que tratan enfermos de coronavirus. Pero para la internacional nacionalpopulista aquello era un boicot.
“Me empezaron a llegar amenazas de muerte, me decían que iba a perder a mis hijos, que iba a acabar como Marielle Franco (una concejala asesinada en 2018 en Río de Janeiro)”, rememora desde Manaos, población que registra uno de los brotes más graves de Brasil. Muchas amenazas eran anónimas, pero un tuit del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, les colocó en la diana de los millones de internautas. “Estudio clínico realizado en Manaos para descalificar la cloroquina causó 11 muertes después de que los pacientes recibieran dosis muy por encima del estándar”, tuiteó. A Lacerda le tuvieron que poner escolta.
Aunque en Estados Unidos y Europa solo se usa en pacientes graves y de manera compasiva, la fiebre por la cloroquina ha llegado a tal punto en Brasil que un seguro médico privado ha repartido 30.000 kits con el fármaco a su clientela en Fortaleza, informa Marina Rossi.
Ante este panorama, muchos científicos se sienten impotentes. Un tuit aniquila ante la opinión pública las conclusiones de un ensayo clínico publicado en las revistas más prestigiosas. “Las sociedades científicas salieron en defensa nuestra, pero la gente de a pie se cree ese tuit”, explica el infectólogo brasileño. Los defensores de la cloroquina triunfan en las redes brasileñas con la complicidad del presidente. Los científicos tienen problemas crónicos de financiación en Brasil. En eso se parecen a los del resto del mundo. Lo novedoso aquí es el clima de hostilidad creado por el Gobierno de Bolsonaro, un ultraderechista que desprecia abiertamente la ciencia cuando sus conclusiones contradicen sus deseos o su discurso. Lo demostró al destituir al director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales porque sus mediciones de la deforestación en Amazonia le disgustaron y reincide ahora con su empeño en la cloroquina.
Víctimas de furibundos ataques, los científicos del ensayo brasileño han acabado ante la justicia. Su trabajo está siendo investigado por fiscales de Bento Gonçalves, una ciudad al otro lado del país, a casi 4.500 kilómetros de Manaos.
LOS PACIENTES PIDEN EL FÁRMACO
En los hospitales brasileños, las familias de los pacientes piden cloroquina cada vez más a menudo, relata Carlos, un médico de 31 años que atiende enfermos de covid-19 en unidades de cuidados intensivos tanto de la red pública como de la privada en el estado de Ceará (en el empobrecido nordeste de Brasil). Preserva su identidad bajo ese seudónimo para hablar de su día a día. Carlos ha visto cómo la cloroquina entraba en el vocabulario de pacientes de todas las clases sociales y hace un mes empezó a pedir a las familias de sus pacientes públicos y privados que firmaran un consentimiento. Una precaución de los centros sanitarios para evitar problemas judiciales. Carlos, médico hace seis años, cuenta que desde el inicio de la pandemia prescribe cloroquina al paciente no tiene problemas cardíacos. No se siente presionado, como ha oído de compañeros que trabajan en clínicas ambulatorias. Dice que no está en contra del fármaco en la etapa inicial de la enfermedad y en casos leves, en línea con lo aprobado esta semana por el Gobierno de Bolsonaro, pero recalca que hacerlo de forma segura requeriría que los pacientes estuvieran diagnosticados mediante un análisis y someterlos a pruebas para saber si tienen arritmia cardíaca. El test de la covid-19 no se hace a los enfermos leves en Brasil y el segundo examen no es fácil de lograr en la red pública. “Así que es complicado porque a nivel de Brasil, que tiene una gran desigualdad social y dificultades para acceder a medicamentos y pruebas, es muy difícil”, dice. Pero cuando se lo proponen a la familia del paciente, dice que “el 99% firma allí mismo. La gente decide más por fe que por ciencia”.
