A medida que Brasil suma muertos y contagios por coronavirus hasta convertirse en el país emergente más afectado, la ciudadanía va perdiendo la paciencia con su presidente. Este martes alcanzó su máximo en un solo día: 881 fallecidos. Un debilitado Jair Bolsonaro persiste en el pulso con los gobernadores sobre cómo afrontarla y se defiende con ataques mientras avanza la investigación del Tribunal Supremo sobre su supuesta injerencia en la cúpula de la policía para proteger a su familia. Los tres ministros más cercanos al mandatario ultraderechista —tres generales, uno en activo— han sido interrogados en Brasilia horas después de que una encuesta pusiera cifras al desplome de su popularidad.
El Supremo investiga a Bolsonaro después de que Sergio Moro lo acusara durante su dimisión al frente del Ministerio de Justicia. Moro, el juez que simboliza la lucha anticorrupción y que era el ministro más popular, aseguró que el presidente le había presionado para que cambiara al director de la Policía federal con la vista puesta en proteger a sus hijos, salpicados en varios casos. Las pesquisas avanzan a velocidad de crucero. Moro ya declaró. Y este martes fue el turno de tres ministros que trabajan con el presidente en el Palacio de Planalto.
Otra pieza clave es la grabación del Consejo de Ministros celebrado dos días antes del portazo de Moro. Dos personas que han visto el vídeo aseguran extraoficialmente a este diario que Bolsonaro dijo en la reunión que su familia era perseguida por la Policía federal. Aunque la cinta no es pública, el presidente ha negado haber pronunciado las palabras “Policía federal”. A tenor de lo filtrado, fue una reunión explosiva con insultos a varios gobernadores y en la que el ministro de Educación pidió la cárcel para los jueces del Supremo.
Cada vez más acorralado, el mandatario negocia con varios partidos que encarnan la vieja política que tanto denostaba, formaciones que ofrecen su apoyo a cambio de cargos que gestionan suculentos presupuestos. Bolsonaro los necesita para parar en el Congreso un eventual juicio. Su procesamiento requeriría la aprobación del Supremo y de dos tercios de la Cámara de Diputados. Sería juzgado ante el alto tribunal.
Las muertes en Brasil superan las 13.000 y los contagios superan los 190.000 según la cuenta oficial. Pero los especialistas advierten de que esos números son muy inferiores a los reales. Basta saber que hay otras 2.000 muertes sospechosas y que los hospitalizados por síndrome respiratorio agudo cuadruplican los de la covid-19.
Aumenta veloz el descontento de los brasileños con un presidente escéptico desde primera hora ante el coronavirus que, a diferencia de otros jefes de Gobierno, no ha modulado su postura a medida se van llenando los cementerios, la moneda se devalúa y las perspectivas económicas empeoran. Nunca tantos brasileños desaprobaron la gestión de Bolsonaro al frente del Gobierno, según una encuesta difundida este martes. La desaprobación alcanza el 55% frente a un 39% que sí la aprueba. Partidarios y detractores se repartían a partes iguales hace cuatro meses, antes del virus. Y mantiene el apoyo firme del núcleo más ideológico de sus seguidores.
Algunos de ellos son los que salen a manifestarse a favor de Bolsonaro, de que cuarentenas solo para los más vulnerables (y de paso del cierre del Congreso y el Tribunal Supremo). Pero entre los encuestados son abrumadora mayoría (67%) los partidarios del confinamiento generalizado.
Cada uno de los 27 Estados brasileños ha diseñado sus propias medidas contra la pandemia. Van desde el cierre total decretado en varias capitales de la zona más pobre del país, cuyas redes sanitarias están al borde del colapso, hasta regiones más ricas que han abierto hasta los centros comerciales. São Paulo y Río de Janeiro están entre esos extremos.
Mientras la opinión sobre el jefe del Gobierno empeora, aumenta de manera notable la popularidad de gobernadores y alcaldes, los más directamente implicados de combatir el avance de la enfermedad. El apoyo a cómo están gestionando los Gobiernos estatales esta emergencia alcanza el 69%, muy por encima del 51% que dan al Gobierno federal. El gobernador de São Paulo, João Doria, suele criticar con dureza al presidente porque “promueve acciones irresponsables todas las semanas además de presionar a los gobernadores colocándolos como enemigos del pueblo”.
Bolsonaro replicó los primeros contagios minimizando la amenaza. Después desdeñó las recomendaciones e hizo campaña a favor de la reapertura de los negocios. Pero ahora ha pasado directamente a la ofensiva. Este mismo lunes aprobó un decreto que declara como servicios esenciales a los gimnasios, las peluquerías y los salones de belleza. Es un gesto hacia el entusiasmo de los brasileños por el ejercicio y las uñas pintadas, pero choca directamente con el aislamiento social que una mayoría de gobernadores defiende con sus mejores dotes de persuasión. La tarea es titánica con un presidente que insiste machaconamente en que hay demasiada histeria. Los brasileños están cansados de estar confinados y muchos de ellos han visto mermar o desaparecer sus ingresos o ahorros.
Para paliarlo, el Gobierno está pagando una especie de renta mínima a decenas de millones de trabajadores informales, y también a miles que no deberían recibirla. Este martes se ha sabido que 73.000 militares recibieron indebidamente los 600 reales (115 dólares, 105 euros) de paga mensual.
Cortejo a la detestada vieja política
Como es frecuente en las crisis políticas brasileñas, esta es un monumental embrollo en el que confluyen muchos protagonistas, diversas subtramas y varios escenarios. Las piezas se mueven rápido, a la vez y a velocidad. A veces avanzan, a veces solo amagan, y otras retroceden. Las negociaciones de Jair Bolsonaro con los parlamentarios de Centrão (el gran centro), que podrían convertirse en su tabla de salvación, son un capítulo importante. Menos relevantes, pero políticamente significativos en esta coyuntura, son los resultados de sus análisis de coronavirus.
Tras llegar al poder con un discurso antisistema y la promesa de acabar con el tradicional funcionamiento de toma y daca, Bolsonaro corteja desde hace semanas a algunos de los partidos sin ideología que se ofrecen al mejor postor. La negociación está en marcha porque en este momento el bolsonarismo tiene el apoyo de menos de 50 diputados en una Cámara de 513, cuando necesita dos tercios para neutralizar un eventual procesamiento. Centrão ya está logrando altos cargos que manejan presupuestos de millones de reales en puestos poco expuestos al escrutinio.
Uno de los grandes símbolos de este grupo es Roberto Jefferson, un exdiputado que este fin de semana posó en las redes sociales con un fusil bajo un mensaje de apoyo al presidente y amenazas al Supremo y la prensa. Jefferson le insta a echar a los 11 jueces del máximo tribunal de Brasil y a retirar las concesiones al grupo mediático Globo. Este antiguo diputado fue aliado del Partido de los Trabajadores y se hizo famoso al denunciar que el Gobierno de Lula da Silva tenía varios partidos a sueldo para sacar adelante sus proyectos legislativos, el llamado escándalo Mensalão. Los votos de Centrão fueron claves para sostener a Dilma Rousseff, para dejarla caer después en un impeachment y para impedir que su sucesor, Michel Temer, fuera destituido por el Congreso para ser investigado por corrupción.
Las pruebas de coronavirus eran otro frente para Bolsonaro. Se ha sometido a tres test desde marzo. Él siempre ha sostenido que dieron negativo, pero simultáneamente se había negado a difundir los resultados hasta que los jueces se lo han exigido. La petición partió del diario Estadão, apelando a que son de interés público. La oposición también los reclamó vía el Congreso. Los resultados, difundidos este miércoles, son negativos. Realizados en un hospital militar, Bolsonaro utilizó seudónimos al someterse a los test. El asunto tenía su miga porque varios ministros y colaboradores han padecido la enfermedad. Pero la frecuencia con la que se pasea, genera aglomeraciones o estrecha manos había disparado las sospechas de que lo contrajo y se había inmunizado.
