Colas el lunes 16 de marzo ante una panadería en Rennes (Bretaña).DAMIEN MEYER / AFP (AFP)

Francia se prepara para una decisión política insólita: el aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones municipales prevista para el 22 de marzo. Nada esta decidido y todo dependerá, en última instancia, del dictamen de los científicos y el acuerdo de los partidos. Pero la propagación acelerada del coronavirus y las críticas crecientes sobre el mantenimiento de la primera vuelta, el domingo 15, refuerzan los argumentos de los partidarios, a izquierda y derecha, de suspender la cita en las urnas a las que están llamados a votar decenas de millones de franceses.

Los llamamientos a aplazar la segunda vuelta, prevista para el domingo próximo, empezaron a escucharse el pasado sábado por la noche, después de que el Gobierno recomendase a los franceses quedarse en casa al mismo tiempo que les llamaba a votar al día siguiente. La incongruencia de este doble anuncio se hizo más evidente a lo largo de una de las jornadas electorales más anómalas, marcada por las medidas higiénicas y la abstención récord en unas municipales, superior al 50%.

Al cierre de los colegios, políticos de todos los bandos —desde el primer secretario socialista, Olivier Faure, hasta el líder ecologista, Yannick Jadot, pasando por dirigentes de la derecha tradicional y la jefa de la extrema derecha, Marine Le Pen— pidieron suspender el proceso electoral. En Francia, los alcaldes -al igual que el presidente- se eligen a dos vueltas: se clasifican los que han obtenido más de un 10% de votos, y ganan automáticamente —sin necesidad de segunda vuelta— quienes superan el 50% de la primera.

El primer ministro, Édouard Philippe, anunció consultas con los científicos que asesoran al Gobierno ante el coronavirus y con la oposición antes de tomar una decisión. El presidente, Emmanuel Macron, podría anunciarlo en el discurso a la nación previsto para este lunes a las ocho de la tarde. Algunos juristas consideran que aplazar la segunda vuelta requeriría una ley o un decreto, y anularía automáticamente los resultados de la primera, excepto para aquellos alcaldes y concejales que salieron elegidos directamente. La falta de precedentes complica la operación.

Políticamente, también es una decisión delicada, puesto que implica admitir que el domingo pasado se movilizó la maquinaria electoral y se sacó a la calle a millones de personas, poniendo en riesgo su salud, para un voto que puede quedar invalidado. El mantenimiento de las elecciones, cuya responsabilidad última recae en Macron, contó en su momento con el apoyo de todos los partidos. Varios medios señalan que fueron Los Republicanos —el gran partido de la derecha tradicional— los que más presionaron al presidente para que las mantuviese.