“Sí hay límites a la libertad de expresión”, aclara la dependencia

También hace falta aplicar la ley a los encapuchados,

hombres o mujeres. La “tolerancia” es otra cosa.

Hace prácticamente una década, durante el sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Gobernación (Segob) hizo una invitación a los medios informativos para que cumplieran con las leyes, los reglamentos y los deberes éticos, en un exhorto muy parecido al que -dos sexenios más adelante- la misma dependencia del gobierno federal formuló a principios de este mes de marzo.

Pero, de acuerdo con una nota de La Jornada, esta vez la Segob (https://www.jornada.com.mx/2020/03/05/politica/017n1pol) no les pidió que se autorregulen como lo hizo entonces, pero sí que refuercen el respeto y la dignidad para las víctimas de algún delito.

Igual que en aquella ocasión (2009), cuando algún periódico miembro de la Asociación Mexicana de Editores (AME) ilustró su primera plana con morbosas fotografías de personas muertas en forma violenta, en febrero de 2020 fueron filtradas a dos diarios -y éstos las destacaron- unas gráficas de Ingrid Escamilla después de ser decapitada en un sonado caso de feminicidio, que fue uno de los que detonaron las reacción feminista de los pasados 8 y 9 del mes actual.

Si en un lapso de diez años el llamado de Gobernación se repite, es que algo ha fallado en el propósito de lograr que los medios noticiosos se apeguen a sus responsabilidades éticas y hasta estéticas para con la sociedad, y que las autoridades se decidan a aplicar la ley. Si bien, según los periodistas, la de expresión es la más sagrada de las libertades, los garantes gubernamentales del respeto a los derechos humanos tienen su punto de vista.

En entrevista con este tecleador -en ese tiempo funcionario operativo de la agencia Amex, de la AME- en septiembre de 2009 la directora de Medios Impresos de la Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Segob, Alma Álvarez Villalobos, dijo que las publicaciones impresas pueden contribuir a que México pase de ser un país de “medio corrupción y medio tolerancia a la ilegalidad”, a uno democrático y de leyes.

Por su parte el secretario técnico de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (CCPRI), Sergio Moreno Velasco, explicó en el mismo encuentro que la manera como pueden autorregularse los medios es mediante códigos de ética, pero consideró que, si bien algunos ya cuentan con ellos, “los tienen muy bien guardados”.

Ahora, diez años y medio después, la Segob admitió -dice La Jornada- “que si bien en el país no existe un código de ética para el ejercicio de los medios de comunicación desde una perspectiva de los derechos humanos, hay leyes que protegen a los menores y a las víctimas”.

Cuando hace dos lustros los funcionarios nos mostraron varios periódicos que habían publicado en primeras planas fotografías muy crudas de víctimas de homicidios, dijeron que su contenido era “molestísimo, agresivo y violento”, pero aseguraron que las publicaciones reconvenidas por ello habían respondido con “un alto grado de responsabilidad”.

Ahora, en un folleto difundido desde el 4 de marzo, la misma dependencia -pero esta vez a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración- recordó que “hay reglas para la publicación de imágenes relacionada con cadáveres” y que “los medios de comunicación deben fortalecer la dignidad y el respeto hacia las víctimas”, las cuales tiene el derecho de “rehusarse a dar entrevistas y tener privacidad durante el periodo de luto”.

LOS LÍMTES

Según la nota firmada por Fabiola Martínez, Gobernación recordó que existen “normas y lineamientos para la cobertura mediática con respeto a las víctimas de un delito” y aclaró que sí “hay límites a la libertad de expresión, los cuales están marcados con las garantías y derechos del otro, establecidos en la Constitución y leyes internacionales”.

Y expresó en el folleto que, tanto el contenido como la manera de presentar en los medios la información, éstos contribuyen “a la transformación de problemáticas sociales de manera positiva” o bien reproducen “estereotipos sociales que alimentan expresiones de violencia o de exclusión en diferentes grupos sociales”.

Al exponer sus consideraciones sobre el quehacer periodístico, la Segob indicó que debe haber ética en la cobertura de las noticias, es decir, dar un “trato digno” a todas las personas, observar “el respeto a la diversidad sexual, cultural y étnica” y “no reproducir la desigualdad y la discriminación”.

Esa conducta incluye proteger a los menores “para evitar el acoso mediático al momento de hacer una entrevista”, atender el “derecho de exigir una corrección cuando se cometen errores al publicar la información”, y el de quienes demandan “que no se publiquen ciertas imágenes”.

Esta vez, recordó la Secretaría de Gobernación “que existen normas y lineamientos” cuando se trata de informar sobre “violencia sexual así como de niñas, niños y adolescentes”.

AUTORREGULACIÓN

Cuando entrevistamos en 2009 a los funcionarios de Gobernación en turno, pidieron a los medios respetar el Estado de derecho, conocer la normatividad que los rige, cuidar sus contenidos y aceptar la autorregulación.

La directora de Medios Impresos explicó que estaba prohibida la publicación de fotografías de desnudos en las portadas, pero no las de víctimas de homicidios, y que en el primer caso se debían vender en bolsas selladas, mientras en el segundo el inconveniente de las ilustraciones era que quedaban expuestas a la vista de los niños en los expendios y aún dentro de sus hogares.

Dijo que el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas establecía los conceptos por los cuales se podía incurrir en faltas a “la moral pública y a la educación”, así como en materia de “contenido marcadamente referente al sexo”, y que había sanciones administrativas para los infractores.

Con todo, Alma Álvarez expuso la posición oficial de “no a la censura, (pero) sí a la regulación (y) al Estado de derecho”, y además aclaró que su labor consistía en cumplir lo que dice expresamente el reglamento. “A eso es a lo que nos ceñimos estrictamente”.

Ya entonces, había ordenamientos legales que deberían conocer las publicaciones, relativos a la no violencia de género, la no discriminación de mujeres, indígenas o personas con discapacidad (lo de “capacidades diferentes” se estableció después), o por su religión o nacionalidad.

“A lo que invitamos a los medios es a sumarse al Estado de derecho en estos nuevos ordenamientos, dijo, “y, como un paso más generoso en términos de democracia, a autorregularse”.

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