La primera sesión del impeachment a Donald Trump en el Senado estadounidense se convirtió este martes en un choque de trenes sobre cómo se desarrollará el proceso. Los republicanos, que disponen de la mayoría en la Cámara alta, han diseñado un juicio exprés que, de salir adelante, podría terminar en poco más de una semana debido, sobre todo, a que todavía no hay acuerdo en que declaren nuevos testigos del caso, como reclaman los demócratas. La presión en contra de sus pretensiones llevó a los republicanos a matizar algunos puntos de su propuesta inicial sobre las reglas del juicio al presidente de EE UU, pero hasta ahí llegó la flexibilidad. A la una y media de la madrugada del miércoles, tras más de 12 horas de debate, los republicanos habían tumbado al menos siete enmiendas de los demócratas.

En todos los casos, la votación salió alineada al partido: 53 republicanos en contra y 47 demócratas a favor, pero el Senado ya es un tribunal. Los senadores, que habitualmente lanzan grandes alegatos desde sus escaños, eran miembros de un jurado y no podían hablar. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ocupaba el asiento del presidente de la Cámara para arbitrar el proceso. Un grupo de congresistas demócratas ejercía de fiscales y un equipo de la Casa Blanca, de abogados defensores. Mientras, el presidente y acusado participaba en el Foro de Davos, en Suiza, vendiendo su obra de Gobierno y mostrándose ajeno a lo que sucedía en Washington.

El tercer juicio político a un presidente en la historia de EE UU centró su primera sesión en el debate sobre cómo se va a desarrollar el propio proceso y dio una pista de lo que viene, un duro y largo debate sin atisbos de acuerdo. Los demócratas presentaron enmiendas para pedir documentos a la Casa Blanca, al Pentágono o a la Oficina de Presupuestos que no salieron adelante. Tampoco los llamamientos a declarar al director de Presupuesto, Mick Mulvaney, el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, entre otros.

La resolución presentada por el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, plantea un calendario breve de sesiones maratonianas: los llamados gestores del impeachment, es decir, el grupo de demócratas que ejerce la acusación, dispone de 24 horas para su exposición, repartidas en tres días. La defensa del presidente tiene el mismo tiempo y reparto.

Este programa es más largo de lo previsto en la primera resolución de los republicanos, que querían concentrar la exposición de argumentos en dos días cada una, lo que hubiese implicado desarrollar buena parte de ellas de noche o ya entrada la madrugada, con parte del pueblo estadounidense dormido o desconectado de las noticias, pues el juicio comenzará cada día a la una de la tarde. Acto seguido, según la resolución, los senadores contarán con 16 horas para hacer preguntas a las partes por escrito —les está prohibido hablar mientras dure el juicio—, que el juez Roberts, supervisor de este proceso, leerá en voz alta.

Tras esta fase, la Cámara abriría un debate de cuatro horas para que cada parte argumente a favor o en contra de la declaración de nuevos testigos, la petición de más material o pruebas. Si la mayoría republicana permanece unida y rechaza los nuevos testigos, el juicio ya pasaría a la deliberación (a puerta cerrada o abierta) y el voto sobre el veredicto final, con lo que puede que no durase mucho más de una semana.

Trump está acusado de abuso de poder por tratar de presionar a Ucrania para que abriese una investigación sobre los negocios del hijo de su rival político Joe Biden, precandidato presidencial demócrata, y de obstrucción al Congreso por haber boicoteado toda la investigación parlamentaria relacionada con este caso, rechazando la entrega de documentos y vetando la declaración de testigos de la Administración. Este torpedeo a la fase de instrucción del caso en la Cámara de Representantes es lo que lleva a los demócratas a pedir más declaraciones y documentos en la fase del Senado, donde se desarrolla el juicio, pero en la Cámara alta es la mayoría republicana la que marca las reglas de juego.

“Este es un juicio diseñado por el presidente y para el presidente”, criticó Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado. “Un juicio sin testigos no es un juicio, es una tapadera”, añadió. McConnell, que abrió la sesión para exponer su propuesta, lo justificó cargando contra la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, que fue la encargada de la fase de investigación previa al Senado y la que votó a favor de la acusación contra Trump. “Quieren que nos comprometamos a reabrir la investigación que ellos mismos supervisaron y cerraron de forma voluntaria” con el fin de “hacer cumplir citaciones que ellos renunciaron a emitir para completar un caso que ellos mismos han descrito como abrumador recientemente”, recalcó.

El pasado diciembre, McConnell avanzó que estaba coordinando con la propia Casa Blanca el diseño de este juicio. En la Cámara de Representantes, varios funcionarios se negaron a declarar por voluntad propia, con lo que el caso hubiese languidecido en la justicia ordinaria hasta lograr una sentencia que los obligase a declarar y los demócratas veían urgente llevar adelante la acusación. Ahora, estos quieren que declaren al menos cuatro personas de la Administración que han tenido algún grado de implicación en las gestiones y maniobras de presión sobre Kiev que se juzgan y que incluyen la congelación de casi 400 millones de dólares (unos 360 millones de euros) de ayudas militares que el Congreso había prometido al Gobierno ucranio, en guerra con los separatistas prorrusos en el este del país.

En concreto, los demócratas piden oír al menos a Bolton, Mulvaney, Michael Duffy, funcionario de Presupuestos, y al asesor Robert Blair. “Cada uno de ellos debe testificar en el juicio político de Trump”, dijo la senadora Kamala Harris, exfiscal de California, en Twitter antes que tener que prescindir de su teléfono.

Para lograrlo, deberían convencer a cuatro republicanos que, junto a ellos, sumen una mayoría de 51 sobre 100. Senadores menos fieles a Trump, como Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska) se han mostrado abiertos a ello.

Pat Cipollone, abogado de la Casa Blanca, habló por primera vez en la Cámara para asegurar a los senadores que, una vez oigan las presentaciones, verán que el presidente no hizo nada malo”.

“¿Tendrá el presidente un juicio justo? Esta pregunta es todavía más importante que votar si es culpable o inocente”, argumentó el congresista californiano Adam Schiff, que lidera el equipo de fiscales. Los republicanos sí aceptaron este martes, de momento, otra modificación a su planteamiento inicial y todos los materiales de la investigación en la Cámara de Representantes serán admitidos como prueba en el Senado.

EL DUDOSO PRECEDENTE DE BILL CLINTON
Los republicanos argumentan en todo momento que están aplicando para Donald Trump el mismo modelo de juicio que tuvo en su día Bill Clinton, sometido a un impeachment que terminó a principios de 1999 a raíz del caso Lewinsky. La diferencia estriba en que, en aquel proceso, el presidente sí colaboró con la fase de instrucción, en la Cámara de Representantes, entregó miles de documentos, y hubo más acceso a testigos. Además, aunque no quedó claro a quién se llamaría a declarar, sí había acuerdo en que habría testimonios en el Senado.