Andrés Manuel López Obrador y el gabinete de seguridadFuente: Cuartoscuro
Antes que pensar en el perdón de la delincuencia organizada con una Ley de Amnistía, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe asumir sus compromisos de campaña y atender las demandas de brindar seguridad al ciudadano, a las empresas, a comercios o escuelas, advirtieron líderes parlamentarios y legisladores federales del PAN, PRI y PRD.
Coincidieron en que es prioritario garantizar la seguridad pública para la inversión y el desarrollo, recuperar el crecimiento de la economía nacional y la actividad de pequeños comercios en todo el país.
Incluso, entre legisladores de Morena “hay la intención de revisar el dictamen de la iniciativa de Ley de Amnistía del presidente López Obrador, debido a que hay imprecisiones”, aseguran, por lo que se impidió su votación en comisiones la noche del pasado jueves, por falta de quórum.
Antes que una Ley de Amnistía, “urge respaldar a las empresas y los comercios ante extorsiones de la delincuencia organizada, porque grandes establecimientos cerraron por el cobro de ‘derecho de piso’”, reclamó la diputada priista Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados.
Incluso –añadió–, ante el aumento en el delito de extorsión de la delincuencia organizada, que afecta a las empresas, las industrias y los comercios, es necesario incrementar la penalidad con cuatro años de prisión, como mínimo, y nueve como máximo, a fin de ubicarlo como grave.
Destacó que la extorsión es uno de los delitos de alto impacto que más ha crecido en México en los últimos años, principalmente por el cobro de “derecho de piso”. Entre enero y agosto de 2019 se registraron 5 mil 858 víctimas; Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León son las entidades con incidencias más altas.
Por eso, propone reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de combatir la extorsión de la que son víctimas empresas, industrias y comercios del país.
El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, opinó que la Ley de Amnistía del Presidente “ofrece beneficios a quienes han realizado robos sin violencia a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito y crédito; delitos cibernéticos, robo de identidad y el conocido ‘cristalazo’”.
“Es inconcebible que quiera beneficiar a los que venden sustancias ilegales cerca de las escuelas, centros de diversión y colonias populares, envenenando a la sociedad”, se quejó.
Criticó que esta iniciativa “es parte de un ‘populismo criminal y electorero’, por lo que en este debate deben participar organizaciones de la sociedad civil en un amplio Parlamento Abierto”.
Por ello, sugirió que se haga una consulta pública para esta iniciativa presidencial, “porque este gobierno se niega a fortalecer las instituciones de impartición de justicia, es víctima de un ‘austericidio’ constante y juega en contra de su funcionalidad, como lo demuestra el haber recortado mil 327 millones de pesos al Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, sostuvo que la Ley de Amnistía “es una iniciativa propagandística para el Presidente, porque no cumple con los alcances para verdaderamente resolver los problemas que tenemos con el Sistema de Justicia. Lo que tenemos que hacer es reforzar todo lo que tiene que ver con el Sistema de Justicia, ministerios públicos y fiscalías”.
Comentó que en el dictamen no hay cambios sustantivos, porque en lo que tiene que ver con el robo “sigue siendo con alcance estatal, por consecuencia del fuero común y tampoco tendría los grandes alcances”.
