Una detonación a lo lejos. Otra detrás de la esquina. En pleno barrio de Sopocachi, sector de clases medias y altas de La Paz. Estallidos de petardos. También de cartuchos de dinamita cortados en pedazos, según el Gobierno. Y después gases lacrimógenos, cargas policiales, enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Bolivia está partida en dos. Las elecciones generales del pasado domingo profundizaron la brecha social entre seguidores del presidente, Evo Morales, y de la oposición, cuyo principal representante es el candidato y exmandatario Carlos Mesa. Desde el lunes se registran protestas en las principales ciudades. Este miércoles los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, y miles de personas que reclaman un cambio se concentraron en lugares y momentos distintos para exhibir unidad y fortaleza a la espera del resultado del escrutinio.
Los primeros lo hicieron alentados por propio jefe del Ejecutivo, quien a primera hora de la mañana denunció que “está en proceso un golpe de Estado” y llamó a mantenerse alerta y “defender la democracia”. Los demás, por la indignación alimentada por un recuento de votos lento y muy confuso. Mesa, que salió al paso de las acusaciones del presidente a través de un vídeo difundido en las redes sociales y de una conferencia de prensa, afirmó que “si hay alguien que ha roto y rompe sistemáticamente el orden constitucional de Bolivia se llama Evo Morales”. “Controla y ordena todos los poderes del Estado”, agregó el político, quien fue el primero en atribuirle un intento de fraude y advirtió de los riesgos de este pulso. “La amenaza indirecta del presidente y la amenaza directa del ministro de Gobierno [Carlos Romero], que me acusan de estar incitando la violencia, puede llevarnos a una situación de privación de mi libertad”. El expresidente anunció por la noche la creación de una nueva plataforma, bautizada como Coordinadora en defensa de la democracia. Su objetivo es “lograr que se cumpla la voluntad popular de definir las elecciones presidenciales en una segunda vuelta” y por ello llama a los ciudadanos a “movilizarse pacíficamente” hasta conseguirlo.
“Bolivia dijo no”. “Democracia, sí; dictadura, no”. “¿Si este no es el pueblo, el pueblo dónde está?”. O “Evo, cuidado, el pueblo está emputado”. Son algunas de las consignas que se escuchan estos días en las movilizaciones opositoras, que en algunos casos derivaron en disturbios y actos de vandalismo. Este miércoles un grupo de personas no identificadas incendió la sede del registro y del Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz. La autoridad electoral, próxima al Gobierno, es justamente la entidad más cuestionada desde el domingo por la noche. Su sede central, en la plaza Abaroa de La Paz, permanece acordonada por decenas de agentes.
La interrupción, durante casi un día, del conteo electrónico de los votos, que anticipaba una segunda vuelta entre Morales y Mesa, disparó la tensión en todo el país. Esa decisión provocó la renuncia de su vicepresidente, Antonio José Iván Costas, que no fue consultado. Más de tres días después del cierre de las urnas, el recuento oficial situaba esta noche al líder indígena al borde de la victoria. “Con los votos de las áreas rurales estoy convencido de que vamos a ganar en primera vuelta”, afirmó esta mañana el mandatario.
Morales ha convocado a la prensa en el palacio presidencial a las siete de la mañana de este jueves. La expectación es máxima, A la presión de la oposición se suma la de varias instancias internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA), que encabezó la observación de los comicios el pasado domingo, aceptó la invitación del Gobierno de auditar todo el proceso, pero aclaró que sus conclusiones deberán ser vinculantes. También la Unión Europea manifestó su gran preocupación por lo sucedido en Bolivia, mientras Washington fue más allá y acusó al aparato oficialista de intentar “subvertir” el orden democrático.
Los señalamientos a Morales desde el exterior se endurecieron después del 21 de febrero de 2016, cuando, tras una década en el poder, perdió un referéndum sobre reelección indefinida. Pudo concurrir a estos comicios, en los que revalida un cuarto mandato consecutivo, porque el Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se lo permitieron.
El informe preliminar de la misión de la OEA emitido hoy señala que “los resultados de una elección deben ser creíbles y aceptables para toda la población”. “En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10% [lo que evitaría un desempate], estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, concluye el balance.