La mayoría de los peruanos vitorearon la disolución del Congreso por parte del presidente Martin Vizcarra a principios de esta semana, y miles de personas salieron a las calles para celebrar la caída de la institución más odiada del país, a pesar de las preocupantes implicaciones de la medida para la democracia.
Durante meses, los peruanos de todo el país habían instado a Vizcarra a cerrar un parlamento que muchos veían como pagado en exceso, obstruccionista y egoísta, y poner fin a su larga disputa con los legisladores de la oposición sobre las propuestas para erradicar la corrupción. Solo una minoría parecía preocupada por sus implicaciones para las instituciones peruanas.
En la histórica plaza de San Martín, a pocas cuadras del Congreso, los manifestantes que ondeaban banderas gritaban de alegría cuando salió la noticia, saltando y con los puños en el aire. Cientos más se reunieron para protestar afuera del Congreso, cantando bajo la mirada de la policía antidisturbios.
A medida que aumentaba el número de manifestantes, la policía acordonó las calles que rodean el Congreso, disparando gases lacrimógenos y desplegando agentes montados para dispersar a la multitud. En otras ciudades del país, los peruanos marcharon en apoyo al Gobierno.
“Es lo que la mayoría de la gente estaba esperando”, afirmó Augusta Mamani, que vende dulces y galletas en un puesto cerca del distrito financiero de Lima. Los legisladores “son un club de personas que solo están interesadas en sí mismas. Espero que se vayan pronto para que Vizcarra pueda continuar”.
El Congreso, sin embargo, no ha tomado la decisión con resignación. Decenas de legisladores se niegan a reconocer la acción del presidente y planean pedirle al Tribunal Constitucional que la declare ilegal, pero el apoyo popular para su posición es escaso.
“Todos están de acuerdo con la disolución”, dijo Saturnino Escobar mientras afilaba cuchillos de cocina en la calle con una muela. “Dicen que harán esto, lo otro y lo otro, pero no hacen nada más que robar. Veamos si los nuevos pueden hacer algo por los pobres”.
Los escándalos de corrupción consecutivos han envuelto a las élites políticas de Perú en los últimos dos años. Vizcarra, quien asumió el cargo hace aproximadamente 18 meses, después de que su predecesor renunciara en medio de acusaciones de corrupción, presionó para tomar medidas enérgicas contra la corrupción, pero se encontró con la resistencia del Congreso controlado por la oposición.
El mandatario buscó poner fin al estancamiento proponiendo unas elecciones generales a las que no se presentaría, pero la idea fue rechazada por los legisladores la semana pasada.
La encuesta de Latinobarómetro de 2018 ubicó a Perú como el país latinoamericano que menos confía en su Congreso, con la aprobación de solo el 8 por ciento de la población. Al Gobierno le fue un poco mejor, con 13 por ciento.
¿Precedentes preocupantes a la vista?
Si bien la decisión del presidente parece abrumadoramente popular, algunos temen que la medida de disolver una legislatura legítimamente elegida tenga precedentes preocupantes. La historia de América Latina está plagada de ejemplos de líderes que cierran congresos y se aferran al poder, incluido Perú en 1992 bajo Alberto Fujimori.
Después de disolver el Congreso, Fujimori asumió todos los poderes legislativos y suspendió gran parte de la Constitución, mientras encarcelaba a legisladores de la oposición y censuraba a los medios. Despidió a los jueces que se opusieron a su plan de postularse para un tercer mandato ilegal en 2000. Fujimori fue condenado en 2009 por su papel en dos masacres y permanece en la cárcel.
“Esperemos que no ocurra lo mismo esta vez”, señaló Carlos López, administrador de una oficina gubernamental. “El poder casi siempre seduce”.
Si bien muchos de los legisladores leales a Keiko Fujimori, la hija del expresidente, prometen luchar hasta el final, Vizcarra tiene la ventaja y el Tribunal Constitucional del país puede tardar meses en resolver la disputa. Mientras tanto, los partidos políticos pronto tendrán que comenzar a pensar en presentar candidatos para las elecciones parlamentarias, programadas para el 26 de enero.
“La tormenta está disminuyendo y Vizcarra va a salir más fuerte de este episodio”, afirma Andrés Calderón, profesor de política en la Universidad del Pacífico de Lima.
