El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, explicó que en México hay 715 migrantes transcontinentales y repatriarlos le costará al Gobierno mexicano 56 millones de pesos.
De hecho, la cifra es comparable con los 60 millones del Fondo Yucatán, que se anunció ayer se utilizarán para remodelar y equipar las estaciones migratorias del propio Instituto que están en malas condiciones.
Garduño Yáñez dijo que los migrantes deberán ser repatriados a Asia, África y Europa: “Ahorita tengo 715 que hay que trasladar a Asia, Europa, África. Los 715 salen en 56 millones de pesos”.
Explicó que, ahora, una empresa es contratada para la alimentación de personas en centros migratorios.
El comisionado señaló en entrevista que “cuestan entre 110 y 120 pesos los alimentos. No hay ningún problema, está la recomendación de derechos humanos que pide darle a los nacionales chinos un tipo de alimento, a los de India, otro tipo, y diferentes nacionalidades que hay que darles un alimento al que están acostumbrados. Estamos haciendo un esfuerzo para cada comida”.
Adelantó que ayer comenzó la remodelación de los dos principales albergues, el Siglo 21 en Tapachula, Chiapas, y otro en Acayucan, Veracruz.
“Queremos que los menores de edad también estén en condiciones de tener una educación formal y que aprenden jugando. Casi son 10 mil niños los que se encuentran”.
Garduño Yáñez agregó que se busca, como “en las prisiones”, que se homologuen los estándares de calidad de las estaciones migratorias con otros países.
Deportados en México, en riesgo ante crimen
La CNDH advirtió al gobierno federal que el retorno de personas extranjeras “no elegibles” para protección, de acuerdo con las nuevas medidas migratorias de EU, se haría por ciudades fronterizas mexicanas con alta incidencia delictiva.
Luego de que el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, celebró las medidas migratorias en México, tras una reunión con el canciller Marcelo Ebrard, la CNDH subrayó que enviar a quien solicita asilo o refugio a un tercer país, sin una evaluación individualizada sobre los riesgos de persecución en dicha nación, vulneraría el “Principio de No Devolución”.