Los señalamientos por supuesta corrupción y el posible regreso del escándalo de los falsos positivos han llevado al Gobierno de Iván Duque a llevar a cabo importantes cambios en la cúpula del Ejército colombiano. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, destituyó este jueves por la tarde a cuatro generales, entre ellos el segundo comandante de las Fuerzas Armadas, Adelmo Fajardo. También fueron separados de sus cargos el comandante de la División de Asalto Aéreo del Ejército, Juan Vicente Trujillo; el jefe del departamento de Implementación, Francisco Javier Cruz Ricci; y el encargado de planificación y transformación del Ejército, César Augusto Parra.
El número dos del Ejército, Adelmo Fajardo, en cambio, ya había sido enviado a vacaciones después de que la revista Semana revelase denuncias que lo implicaban en un presunto desvío de dinero para asuntos personales cuando era el comandante del Comando de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas colombianas. En su momento, sin embargo, el ministro de Defensa le había defendido. “Hasta ahora no se conoce ninguna denuncia contra él, solo hay una denuncia, pero no tiene carácter jurídico. No se conoce hasta ahora denuncia alguna. Esperamos que se adelanten las investigaciones”, dijo Botero hace dos semanas. Una vez consumada su destitución, como reemplazo de Fajardo llega el general Mario Valencia, que se desempeñaba como el jefe de operaciones conjuntas.
De otro lado, el general Francisco Javier Cruz Ricci había sido mencionado por Human Rights Watch como uno de los oficiales presuntamente vinculados a la ejecución de dos civiles en el 2004. “Human Rights Watch tuvo acceso a evidencias creíbles que lo incriminan, incluida la confesión de un soldado involucrado en las ejecuciones, quien manifestó que el general Cruz sabía, consintió y podría haber ordenado estas ejecuciones extrajudiciales”, indicó la organización de derechos humanos.
Antes de esta remodelación en las Fuerzas Armadas, las autoridades colombianas ya habían sido separado de su cargo el general Jorge Romero, señalado de por tres personas, entre ellas un empresario, por supuestamente haber entregado salvoconductos de armas a cambio de dinero cuando era comandante de la Cuarta Brigada, entre 2015 y diciembre de 2017.
Pero solo después de varios meses de insistentes denuncias de medios de comunicación colombianos e internacionales, el gobierno de Iván Duque decidió modificar la cúpula. Desde el 2018, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW y congresistas de la oposición, habían alertado por el ascenso a generales presuntamente involucrados en ejecuciones extrajudiciales. El gobierno los respaldó y fueron ascendidos.
Posteriormente, The New York Times reveló la existencia de documentos que podrian incentivar el regreso de los falsos positivos. Después de la controversia, el actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, retiró los formularios en los que se pedía a altos oficiales duplicar el número de muertos en combate. Martínez también ha estado en el centro de la polémica porque estuvo a los mandos, entre octubre de 2004 y enero de 2006, de una brigada señalada por la Fiscalía por al menos 283 presuntas ejecuciones extrajudiciales. En ese momento, él era el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la brigada. El general ha dicho que es inocente, que no existe ninguna investigación contra él y que no se va de su cargo.
