Una disputa por la autopsia del capitán de corbeta de la Armada Rafael Acosta Arévalo, muerto bajo custodia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), enfrenta al régimen de Nicolás Maduro contra políticos opositores y activistas de varios países. Este lunes, los médicos forenses adscritos al Ministerio Público –controlado por el oficialismo– examinaron el cadáver con hermetismo. Nadie ajeno al círculo gubernamental pudo constatar rastros de tortura. Sin embargo, Zair Mundaray, un exfiscal en el exilio, difundió un informe que le fue filtrado y que hace alusión a que el cuerpo del capitán presentaba costillas fracturadas, tabique nasal roto, excoriaciones, hematomas en los muslos y quemaduras en los pies.
Hasta este miércoles, el cuerpo estaba en la morgue de Bello Monte, la principal de Caracas, resguardado por agentes del aparato chavista. Waleswka Pérez, viuda de Acosta, exigió que expertos independientes analizaran el cuerpo frente a posibles distorsiones en el resultado forense. Su petición fue replicada por la opositora Asamblea Nacional, decenas de Gobiernos extranjeros y por Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que exhortó en un comunicado a las autoridades a realizar una investigación transparente e imparcial. Pero Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aclaró que las riendas del caso serían llevadas por el Gobierno. “Aquí hay organismos de seguridad que están investigando. Venezuela no es un país tutelado”, dijo en una rueda de prensa.
Acosta fue detenido por presuntamente conspirar en un plan para derrocar y asesinar a Maduro, el 21 de junio, horas antes de concluir una visita de tres días de Bachelet a Venezuela. Nunca le fueron imputados los cargos de sedición y traición a la patria, según evidencian comunicados de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa. En contraste, las denuncias por arbitrariedades en su detención aumentaron con los días en prisión. Su esposa asegura que se trató de una desaparición forzada. El viernes, el prisionero asistió a una audiencia de presentación en una silla de rueda, golpeado y confundido. Tras ser llevado a un hospital en el complejo militar Fuerte Tiuna, en Caracas, falleció el pasado sábado. “Les quiero decir que murió como un héroe, no como un asesino, ni como un corrupto, ni un narcotraficante. Murió queriendo a su país, apegado a la Constitución. Les quiero decir que vean este ejemplo, se tienen que unir y darle la libertad a Venezuela. Miren todo lo que está pasando, me lo mataron, mis hijos quedaron huérfanos”, afirmó su viuda en una entrevista a un canal venezolano en Estados Unidos.
La muerte revivió el espanto de la tortura en Venezuela. Es el escándalo más notorio después del extraño fallecimiento del concejal Fernando Albán, detenido por supuesta traición a la patria, que, según la versión oficial, cayó desde el décimo piso de la sede de la policía política en Caracas, en octubre pasado. Alonso Medina Roa, abogado de Acosta, denuncia que el régimen pretende evadir su culpabilidad al imputar solo a los guardias, Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, por “homicidio preterintencional” para proteger al Gobierno. “No hay duda de que fue torturado, pretenden ignorar todo el tema de la legislación de tortura, el delito de tortura genera una responsabilidad individual y del Estado”, explicó el litigante en una entrevista de radio.
La Asamblea Nacional ha solicitado la aplicación de protocolos internacionales para la investigación. La diputada Delsa Solórzano adelantó que indagarán desde el Parlamento. “Rafael Acosta Arévalo estaba brutalmente torturado. Tenía signos visibles de tortura, y el resto de los detenidos también han sido torturados (…) No podemos ser indiferentes ante esta situación y les enviamos nuestras condolencias a los miembros de la Fuerza Armada Nacional que se sienten afectados”, dijo. Juan Guaidó, jefe del Legislativo y reconocido como presidente interino de Venezuela, tildó de “dictadura asesina” al régimen.
El líder opositor convocó a una movilización por la muerte del capitán para este viernes, en Caracas. Esa misma fecha se espera que Bachelet presente su informe sobre derechos humanos en Venezuela. La Alta Comisionada de la ONU se mostró “conmocionada” por el asesinato de Acosta. De los 630 presos políticos existentes en el país, 109 son militares, según la ONG Foro Penal. Muchos denuncian ser torturados en sus celdas. “Mi esposo Ruperto Molina ha sufrido torturas. Los militares no tienen órdenes de aprehensión, son víctimas de las peores torturas: asfixia mecánica, descargas eléctricas, golpes, cortes en los pies”, afirmó Keila Flores, esposa de un teniente coronel prisionero, en una sesión del Congreso, el martes.
