Un trabajador del sector petrolero pide ayuda a Michelle Bachelet. En vídeo, declaraciones de Juan Guaidó sobre la llegada de Bachelet. AFP | VÍDEO: REUTERS YURI CORTEZ

Michelle Bachelet vuelve a un país en tinieblas. Como alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas aterrizó ayer en Caracas para constatar la situación de Venezuela e intentar mediar en la grave crisis. En una visita de tres días pretende reunirse con el gobernante Nicolás Maduro; el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos, y representantes de distintas ONG y diplomáticos. La agenda de Bachelet es manejada con discreción.

Esta es la primera vez que un alto funcionario de la ONU viaja a Venezuela en los últimos años, pero no es un país desconocido para Bachelet. La expresidenta chilena estuvo en la isla oriental de Margarita en 2007. Había asistido como jefa de Estado de Chile a la I Cumbre Energética Sudamericana, y ahí coincidió con su homólogo socialista Hugo Chávez. En esa visita también se reunió con dirigentes de la oposición. El paisaje era diferente. La bonanza petrolera mantenía en una burbuja a un porcentaje de la población, aunque la tensión política crecía por el cierre de la televisora RCTV y el autoritarismo.

La presión es extrema en un territorio politizado. El oficialismo intenta suavizar su fachada ante el mundo. Entre el lunes y ayer, la policía liberó a Gilbert Caro, un diputado opositor desaparecido durante 53 días tras ser detenido por agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), y a otros 24 presos políticos. Pero el gesto no cambia la situación política. Todavía están encarceladas 693 personas por causas de conciencia, según la ONG Foro Penal. “No me permitieron llamadas, visitas de familiares. El derecho a una llamada me lo dieron después de 50 días en la cárcel (…). Me mantuvieron aislado en una celda sin poder comunicarme con nadie del mundo exterior”, relató Caro al canal digital VivoPlay.

Maduro se apoya en la teoría de una “guerra económica” y se centra en culpar a la oposición, a Estados Unidos, Colombia y otros países de una conspiración para hundir el sistema financiero venezolano mediante bloqueos y sanciones. Su actitud con los defensores de derechos humanos es hostil, pero tras meses de perseverancia accedió a invitar a Bachelet. Guaidó, que tiene previsto reunirse con la representante de la ONU el viernes, considera que “su visita es el reconocimiento implícito de la crisis”. El rival de Maduro espera que colabore en la “aproximación de soluciones urgentes”

Para Henrique Capriles, excandidato presidencial, es indispensable evitar los “engaños” del oficialismo. “Intentarán mantenerla en Caracas, pasearla por las fachadas que ya empezaron a pintar y mantenerla ajena a lo que se vive en el Estado de Zulia (noroccidente), por poner un primer ejemplo, donde son más las horas que pasan sin electricidad que las que tienen el servicio (…). Ahí se han perdido electrodomésticos y mucha comida”, afirmó.

La expresidenta promete neutralidad. Rafael Uzcátegui, director de Provea, una ONG defensora de los derechos humanos, cree que la visita no cambiará las condiciones de los venezolanos. “El Gobierno intentará mostrar la fotografía de Bachelet con Maduro como la supuesta legitimación de su mandato. También le interesa incidir en los resultados del informe, aunque a estas alturas es difícil porque ya se tiene una cantidad importante de datos”, afirma.

Bachelet conoce la crisis por las referencias de sus delegados. Su oficina publicó dos informes desfavorables sobre Venezuela, en 2017 y 2018. El acelerado deterioro de la crisis obligó a Bachelet a enviar, a principios de marzo, a un equipo técnico durante dos semanas al país. De la estancia resultó un duro pronunciamiento oral contra Maduro. “Ha habido abusos de derechos humanos de parte de los grupos de seguridad, los colectivos armados, incluyendo el uso excesivo de fuerza y las torturas, asesinatos”, dijo la comisionada de la ONU. El 5 de julio debería cerrarse el documento final sobre Venezuela con recomendaciones para paliar la crisis.

Los diputados proponen crear una oficina nacional de la “Alta Comisionada para fortalecer el sistema de prevención de la violación de los Derechos Humanos, así como su promoción y protección” en la nación. Los diputados opinan que la delegada no se debe quedar en Caracas, sino viajar a las provincias donde la crisis es exponencial producto de los cortes de electricidad y el colapso de otros servicios, la hiperinflación, la inseguridad y el desabastecimiento.