MANAGUA, Nicaragua.- La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional de Nicaragua (parlamento) aprobó este martes una declaratoria de respaldo al Gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, llamara a un levantamiento cívico-militar contra el sucesor del expresidente Hugo Chávez.
En su declaratoria, el Poder Legislativo de Nicaragua expresó su “total condena a los intentos de golpe de Estado perpetrado el día de hoy martes 30 de abril de 2019, en la República Bolivariana de Venezuela, por grupos que violan la Constitución y la democracia”
La declaratoria de la Asamblea Nacional nicaragüense fue aprobada con 72 votos de la bancada sandinista, de 92 posibles. Los restantes pertenecen a partidos políticos no oficialistas, que se abstuvieron o votaron en contra.
Guaidó inició hoy el levantamiento contra Maduro, acompañado de un grupo de militares y del también opositor Leopoldo López -liberado hoy mismo por los rebeldes-, en la base militar La Carlota, en Caracas.
El Poder Legislativo de Nicaragua mostró su apoyo a Maduro “ante las acciones que buscan lesionar la dignidad de todo un pueblo y ponen en riesgo la convivencia pacífica y armónica de las naciones en el continente americano”, según la declaratoria.
La Asamblea Nacional nicaragüense es dominada por el sandinismo, cuyo máximo líder es el presidente Daniel Ortega, un aliado de Gobierno de Venezuela que ya había enviado su respaldo a Maduro, uno de sus socios en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (Alba).
En Nicaragua, Ortega enfrenta su propia crisis sociopolítica, ya que una aparente mayoría de nicaragüenses rechaza su Gobierno, a pesar de una prohibición policial de mostrar desacuerdo hacia el presidente.
La crisis de Nicaragua, que comenzó el 18 de abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 568, mientras que Ortega admite 199.
Grupos opositores también señalan que al menos 809 personas permanecen en las cárceles de Nicaragua como “presos políticos”, de los cuales el Gobierno reconoce la mitad, y a quienes llama “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La CIDH, que responsabiliza al Gobierno por la crisis humanitaria, ha señalado que el Gobierno de Nicaragua ha incurrido en delitos de “lesa humanidad”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.