Ciudad de México.– La Procuraduría General de la República (PGR) de Enrique Peña Nieto habría cerrado el expediente en contra de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial de Acción Nacional (PAN), dos días antes de terminar el sexenio, dijeron a SinEmbargo esta tarde fuentes del sector judicial.
Por medio de una resolución de abstención de ejercicio de la acción penal, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho, habría dado por concluido el caso que cimbró la política mexicana durante las elecciones presidenciales de este año.
“Hubo un fuerte descontento entre los mandos medios de la Procuraduría, entre los que integraron el expediente y realizaron la investigación en contra de Anaya. Se sintieron utilizados. De un día para otro les dijeron que hasta allí, y que se terminaba todo”, dijo una fuente. “Muchos dijeron que habían soportado ‘mentadas de madre’ durante meses porque creyeron que había voluntad de llegar al fondo del caso. Luego vino la desaceleración del caso, y después simplemente llegó la resolución de abstención”, agregó.
SinEmbargo intentó confirmar con fuentes del actual Gobierno federal el estado del caso Anaya, pero sin éxito.
Justo antes de que terminara el sexenio hubo otro caso similar en el juicio de Mexicana de Aviación.
El 4 de diciembre, este diario informó que horas antes de que Andrés Manuel López Obrador acudiera a San Lázaro para que Enrique Peña Nieto le entregara la banda presidencial, Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), y el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, presentaron la solicitud de desistimiento en contra de las ordenes de aprehensión por los delitos previstos en la Ley de Mercado de Valores giradas en contra Gastón Azcárraga Andrade, ex propietario de Mexicana de Aviación.
La solicitud fue presentada ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en la causa penal 47/2014.
“Lo relevante del caso es que la legalidad de dichas ordenes de aprehensión ya ha sido confirmada en todas las instancias judiciales, sin que proceda recurso alguno en contra de ellas”, señala información a la que tuvo acceso este diario digital.
La legalidad de dichas órdenes de aprehensión fue resuelta en una sesión pública el 12 de julio de 2018, cuando magistrados del Sexto Tribunal Colegiado decidieron negar el amparo y protección interpuesto por Azcárraga Andrade.
El ex propietario de Mexicana de Aviación buscaba tratar sin efecto las órdenes, incluso después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera desechar la solicitud de atracción para conocer de dicho asunto.
GASTÓN AZCÁRRAGA Y MEXICANA DE AVIACIÓN
La carrera empresarial de Gastón Azcárraga Andrade ha estado llena de conflictos y acusaciones como fraudes a inversionistas, trabajadores y al Estado mismo, según expertos en perfiles corporativos. Aún así, llegó a figurar en la lista de los 45 hombres más ricos de México.
Los expertos aseguran que su caída no sólo se debe a esta historia ligada al manejo poco transparente de sus negocios, sino a que en algún momento perdió la realidad por sus relaciones familiares con hombres poderosos como su primo, el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y con figuras de la política como el ex Presidente Vicente Fox Quesada y su esposa Martha Sahagún, gracias a quienes –según acusó en su momento Andrés Manuel López Obrador– pudo adjudicarse en 2006, a un precio simbólico, las aerolíneas Mexicana de Aviación y sus filiales Click y Link.
A su llegada a la aerolínea, argumentó que por razones financieras y falta de recursos era necesario reducir el número de trabajadores con la finalidad de poder trasladarlos a las otras filiales, las cuales le producían más ganancias y le implicaban menores costos laborales, llevando a la quiebra a Mexicana de Aviación.
A finales de 2010, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores le exigió que explicara el destino de 265 millones de dólares de pasivos laborales que se le otorgaron como descuento cuando adquirió a Mexicana, además de diversas demandas penales de sindicatos.
Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son las encargadas de supervisar el buen funcionamiento legal y financieros de las aerolíneas. Sin embargo, dieron libertad absoluta al empresario para que durante años pudiera trasladar recursos de una aerolínea a otra.
El 12 de junio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) atrajo una investigación contra Ricardo Anaya Cortés por el delito de lavado de dinero.
Ese mismo día, los mismos anónimos que publicaron el video anterior que involucra a Anaya Cortés con supuesto lavado de dinero para él y para su campaña, liberaron una entrega más, justo minutos antes de que iniciara el último debate presidencial y cuando el panista y Meade Kuribreña se habían cerrado en las encuestas, en busca de un segundo lugar.
No era la primera vez que Anaya era ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, al menos en lo legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.
Desde el año pasado, la noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.
El ex coordinador de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, atribuyó en varias ocasiones que el escándalo del supuesto lavado de dinero fue lo que frenó el ascenso del ex candidato panista en la contienda presidencial.
En reiteradas ocasiones, Anaya y su equipo dijeron que el tema ya quedó aclarado, que él no está implicado en el supuesto delito y que la PGR no lo citó a declarar.
