Protesta en Lima, en 2016, contra los feminicidios. EFE

La crueldad y el incremento de casos de feminicidios en Perú coincide esta semana con el repudio a un congresista de la oposición denunciado por manosear a una azafata de vuelo el mes pasado. La Comisión de Ética del Congreso citó este viernes a la tripulante para interrogarla sobre lo ocurrido, pero, después de la sesión, la víctima indicó en un programa de televisión que se sintió atacada cuando le preguntaron por qué no enfrentó al agresor. De acuerdo con las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante lo que va de año en Perú ha habido 132 víctimas mortales, 11 más que en 2017.

El sábado pasado, Nancy Giraldo, de 50 años, fue asesinada tras alertar a su hijo adolescente para que se escapara del asesino. El miércoles 28, la joven Andrea Rivera murió a manos de su pareja que le cortó el cuello con un cuchillo, en presencia de sus dos hijos. Tenía apenas 25 años. La semana anterior, la imagen de una bebé de dos años, mirando a su madre tendida en el piso, tras ser golpeada en la región de Ica, conmocionó al país. La mujer había denunciado al hombre por agresión física y psicológica y tenía una orden de protección, pero no sirvió porque vivían bajo el mismo techo.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado este lunes, desvela que solo el 20% de los 296 Centros de Emergencia Mujer, los establecimientos del Ministerio de la Mujer que atienden casos de violencia de género, está abierto las 24 horas, todos los días, pese a que las agresiones pueden ocurrir en cualquier momento. El 43% de estas instituciones “no dan abasto para atender la demanda de atención legal. La atención psicológica es insuficiente en el 30% de los centros y la asistencia social es insuficiente en el 39%”. En el 68% de los establecimientos solo una persona se encarga de responder las consultas legales.

El reporte revela, también, que el 37% de los centros no tienen servicios higiénicos para los usuarios y solo un 17% “cuenta con una sala para el cuidado de niños y niñas, pese a que la mayoría de las usuarias que acuden son mujeres adultas en edad reproductiva”. Para el informe se realizó también una encuesta a 386 usuarias, a la que un 81% respondió que recibieron información clara.

Doble víctima del Congreso
Pese a que el incremento de casos de violencia contra la mujer ha generado en los dos últimos años modificaciones en las normas para tipificar mejor los delitos –como el acoso– o aumentar los agravantes y los años de sanción, las acciones de los parlamentarios fujimoristas en el caso de la azafata agredida van a contracorriente.

El congresista del partido fujimorista Fuerza Popular Moisés Mamani se declaró inocente sobre las acusaciones de “tocamientos y actos libidinosos sin consentimiento” y dijo que quizá fue producto de una “descompensación”, tras colocar el equipaje en un compartimiento superior. Un informe médico realizado apenas descendió del avión reveló que no tenía ningún síntoma de paciente de diabetes –como él había afirmado– y las pruebas de insulina inmediatas dieron error. La asesora de la bancada de Fuerza Popular Martha Chávez consideró que en los aviones “son comunes los tocamientos y golpes”, restando valor a la denuncia que hizo la tripulante de Latam en la comisaría del aeropuerto de Lima.

La víctima de Mamani contó que había acudido a la Comisión de Ética del Congreso para “apoyarlos” con la investigación, pero se arrepintió de haber ido por el trato que recibió. “Salí peor de lo que entré: me sentí atacada por una mujer sobre todo. ‘¿Por qué no lo afrontaste?’, me dijo. Mi reacción fue gritar y esconderme, cada quien reacciona de una forma diferente”, relató la azafata refiriéndose a la parlamentaria Milagros Salazar, fujimorista como Mamani.

La Comisión de Ética debatirá el caso del parlamentario la tarde de este lunes y recomendará su suspensión por 120 días y pasar el expediente a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que la Fiscalía pueda continuar la investigación.