Pasajeros observan los paneles con los vuelos cancelados, en Buenos Aires. EFE

La semana argentina ha empezado con una jornada de huelga de Aerolíneas: 371 vuelos cancelados y más de 40.000 pasajeros frustrados. La protesta no termina con el paro de 24 horas: a las 4 de la madrugada del martes comenzarán asambleas en Aerolíneas y en las grandes empresas de transporte, por lo que al menos hasta las 10 de la mañana no habrá ni vuelos, ni autobuses, ni trenes, ni subte, ni camiones de reparto, ni comunicación con Uruguay a través del Río de la Plata. Se trata, en realidad, de una huelga encubierta.

El conflicto entre los sindicatos de Aerolíneas Argentinas y el Gobierno (la empresa es de propiedad estatal) no deja de agravarse. La huelga del lunes ha sido la cuarta demostración de fuerza sindical durante el mes de noviembre: los días 2, 8 y 16 se organizaron asambleas que paralizaron el tráfico y provocaron situaciones caóticas en los aeropuertos. La dirección de la compañía y el Gobierno anunciaron que, para evitar largas esperas inútiles a los pasajeros, resultaba preferible cancelar todos los vuelos, tanto de Aerolíneas como de su filial Austral, y dejar los aeropuertos vacíos. Así se hizo.

Los trabajadores, desde los pilotos hasta el personal de tierra, exigen un aumento del salario del 6,5% para compensar la inflación de septiembre, de la misma forma en que se realizó los meses anteriores en cumplimiento del convenio colectivo. La dirección alega que en el momento de pagar las nóminas de ese mes no se conocía aún cuánto habían subido los precios y que el convenio expiró en septiembre, por lo que los futuros ajustes deben establecerse en un nuevo acuerdo.

En realidad, se trata de un pulso. Los sindicatos se sienten engañados porque, según ellos, la dirección venía diciéndoles que los resultados económicos eran buenos y de pronto anunció que eran malos, sugiriendo medidas de ajuste. En el otro lado, se considera que los sindicatos han abusado con sus protestas de este mes, realizando huelgas no preanunciadas (el día 8, cuando fueron sancionados 376 trabajadores con suspensiones temporales) y asambleas que, según la dirección, no eran otra cosa que huelgas encubiertas.

Las causas profundas del conflicto están relacionadas con el aumento de la competencia. Los sindicatos acusan al Gobierno de haber beneficiado a empresas extranjeras permitiendo dumping (pasajes por debajo del coste real) y ofreciéndoles condiciones muy favorables en ciertos aeropuertos, en perjuicio de Aerolíneas, la compañía de bandera. El Gobierno y la dirección, por su parte, piensan que los empleados permanecen anclados en otro tiempo, cuando la menor competencia internacional permitía mayores beneficios, salarios anormalmente elevados y condiciones de trabajo relajadas. Los directivos aseguran que los empleados de Aerolíneas trabajan menos horas que los empleados de las otras compañías aéreas de la región.

En cuanto a las asambleas que paralizarán el transporte durante la mañana del martes, se deben a problemas muy diversos: desde el rechazo sindical a la extensión del impuesto sobre ganancias a la exigencia de mejoras en las jubilaciones. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, dirigida por Juan Carlos Schmid, considera que la recesión combinada con una alta inflación en Argentina está llevando a muchos trabajadores a “una situación crítica” y reclama al Gobierno que ofrezca medidas de apoyo, en lugar de endurecer las condiciones laborales.

El Gobierno tiene ante sí una semana extremadamente complicada. A partir del jueves a mediodía, un gran sector central de Buenos Aires quedará paralizado, al igual que el Aeroparque, el aeropuerto de Ezeiza (parcialmente) y el transporte fluvial, para ofrecer seguridad y libertad de movimientos a los dirigentes políticos que participarán en la cumbre del G-20. Hay una protesta convocada el viernes, en el centro, por asociaciones sociales y sindicatos. Lo último que necesitan el Gobierno provincial de Buenos Aires y el Gobierno nacional de Mauricio Macri es un conflicto creciente en el transporte. Para tratar de evitar que la protesta se agrave, los ministros de Producción y Trabajo y de Transportes han convocado a Schmid y otros dirigentes sindicales. La idea es negociar al menos una tregua.