López Obrador ha insistido en diferentes ocasiones en que los contratos se trasladarán a Santa Lucía como forma de salvar los contratos y las inversiones ya hechas, pero poco se ha hablado de los procesos legales que se tendrán que enfrentar y que representarán una suma importante de dinero para el erario en México, debido al gran número de contratos y sus costos.
De acuerdo con la Barra Mexicana de Abogados, en este proceso el nuevo Gobierno tiene que actuar con la máxima transparencia porque se recurrirá a tribunales para que éstos dictaminen las indemnizaciones posibles; también deberá informar de las negociaciones y quiénes estarán a cargo de éstas, así como las cifras acordadas.
Ciudad de México.– Justo en el día en que Andrés Manuel López Obrador anunció el fin de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, estaban en activo 129 mil 082 millones 510 mil 963 pesos de 24 contratos en los que estaban inmiscuidos 44 empresas nacionales y extranjeras.
La mayoría de esos contratos que tienen una fecha de conclusión en diciembre de 2018, en 2019 o hasta 2021, son de obra pública; el resto es de bienes y servicios y otros relacionados con la obra, de acuerdo con los contratos disponibles en el portal del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).
Desde aquel lunes 29 de noviembre, fecha en que el Presidente electo respaldó el resultado de la consulta, los empresarios del NAIM han mostrado calma frente a la decisión del gobierno que está por entrar en funciones. Se ha dicho que trabajarán ahora en el aeropuerto de Santa Lucía y que hay voluntad de ambas partes para terminar el proyecto. Otros han descartado la vía de la demanda.
Esa fue la declaración de Hipólito Gerard, de la constructora GIA, que tiene uno de los contratos más costosos, de 84 mil 828 millones 377 mil 320 pesos, y que aún está vigente.
“Nos explicaron que conforme a la ley se finiquitará el proyecto del NAIM, por lo que ambas partes mostraron voluntad de avanzar en la terminación de este proyecto”, refirió.
Estas son otras empresas con contratos en activo: Coconal, que tiene un contrato por 7 mil 926 millones 299 mil 964 pesos; La Peninsular Compañía Constructora, propiedad del mexiquense Carlos Hank Rhon, con un contrato por 7 mil 359 millones 204 mil 570 pesos junto con Prodemex y Operadora Cicsa; Astaldi SPA y PROC Mina, con un contrato por 6 mil 498 millones 409 mil 900 pesos, e ICA Flour e Industria del Hierro, con dos contratos, uno por 4 mil 267 millones 339 mil 854 pesos y otro por 3 mil 656 millones 005 mil 433 pesos.
Y las empresas del socavón: Sacyr Epccor, que tiene un contrato por mil 399 millones 983 mil 017 pesos y Construcciones Aldesem y Aldesa Construcciones y un contrato por mil 242 millones 171 mil 349 pesos.
El pasado lunes, luego de una reunión con empresarios del NAIM, López Obrador dijo que se finiquitarán contratos y que los empresarios dijeron estar dispuestos a trabajar con su Gobierno.
“La reunión estuvo muy bien, estuvieron todos los empresarios, los que tienen que ver con el 92 por ciento de las obras del NAIM en Texcoco. Están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo. Fue una reunión muy provechosa, se llegó a un acuerdo general […] Se portaron muy bien, de manera muy comprensiva, responsable”, comentó.
Insistió en que se comenzarían a revisar las alternativas para que el volumen de obras que tienen contratado en Texcoco se haga en Santa Lucía y que la reunión se hizo “en los mejores términos”.
UN PROCESO LEGAL INMINENTE
A pesar de la buena voluntad mostrada, una realidad son los documentos firmados y los litigios que se tendrán que enfrentar.
En entrevista con SinEmbargo, José Mario de la Garza Marroquín, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), explicó que por tratarse de contratos de obra pública, celebrados por el gobierno o derivados de licitaciones, estos quedaron enmarcados una legislación por lo que no se podrán eludir los procesos de indemnización.
Y a esto, se le sumará que en ese marco, una consulta no está contemplada como una causal de cancelación, por lo que no se podrá argumentar frente a los contratistas que por esa razón se canceló la obra y su contrato.
“No es un sustento jurídico para cancelar un contrato. No hay una ley mexicana que diga que por hacer una consulta tengas una facultad legal para cancelar un contrato. Habría que esperar a que tomara protesta el nuevo gobierno y el gabinete, para ver los efectos y que desde ahí den por terminados los contrato”, agregó.
Lo que puede ocurrir, dijo, es que muchas de las empresas tomen acciones legales en contra porque los contratos están debidamente firmados, acordes al sistema jurídico mexicano y que por lo tanto, si se quiere dar por terminado de manera unilateral y sin tener una causa, pueden demandar los daños y perjuicios que le ocasionen y se tendrá que evaluar la afectación económica y la parte de las utilidades y los ingresos que estas empresas iban a tener por el proyecto.
El legista también descartó que los contratos se puedan trasladar de un proyecto a otro, porque primero hay que cancelarlos y la cancelación implica la explicar la razón de la cancelación. De ahí se puede derivar que los contratistas no estén de acuerdo, que demanden y se les tenga que pagar.
“Esto podría ser un tema de tribunales y demandas internacionales y sí puede enviar la señal de inseguridad jurídica […] Si a los contratistas del NAIM, les hubieran dicho en la firma del contrato que se podían cancelar por una encuesta, seguramente ninguno hubiera firmado o pocos hubieran aceptado esas condiciones porque implican inseguridad para la inversión. El tema es cómo se les cambian las reglas del juego para que participen en el país, con un sistema que operará de manera segura, en el que no habrá cambios no previstos”, sostuvo.
Entonces, el panorama es negativo para México en esos procesos. De la Garza Marroquín señaló que las empresas van a argumentar que la encuesta no es una causal de cancelación y que se tendrán que pagar daños y perjuicios, utilidades previstas.
“Tienen que informar de los criterios de la cancelación, a quiénes se les va a pagar, cómo, cuánto y por qué, cómo se les va a indemnizar. Si eso se maneja en un esquema de poca rendición de cuentas se presta a pensar que unos recibirán una mejor indemnización que otros, que algunos reciban un mejor trato que otros. Se tiene que informar de los montos de la cancelación y cómo se van a fijar y a cuantificar. No es un tema fácil. Si lo que dicen es que no se acabará en juicio, tienen que explicar el método de pago y los funcionarios públicos que determinarán eso. Tienen que ser transparentes porque si no se van a prestar a lo que el nuevo gobierno ha criticado de corrupción y preferencias”, añadió.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, los contratistas del NAIM dijeron que la vía de la denuncia contra el nuevo gobierno estaba descartada.
“Nadie quiere una batalla legal […] Me reuniré con las contratistas nuevamente esta semana para analizar los detalles”, afirmó Gerardo Ferrando Bravo, quien encabezará el GACM a partir del próximo 1 de diciembre.
