El fútbol mexicano está en la mira de las autoridades de competencia por primera vez en su historia. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) indaga las posibles prácticas monopólicas absolutas en los procesos de reclutamiento y contratación en la Liga MX. De comprobarse estas actividades, los responsables podrían recibir una pena de hasta 10 años de cárcel, inhabilitación en sus funciones y una multa equivalente al 10% de sus ingresos.
Las supuestas actitudes anticompetitivas de los agentes económicos impedirían la movilidad de los futbolistas registrados en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). “Son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos”, ha explicado la Cofece por escrito. La investigación se ha iniciado por oficio, es decir, que no ha existido una denuncia previa para comenzar el proceso. Hasta el momento, las autoridades del fútbol mexicano no han declarado nada al respecto.
Las autoridades están impedidas legalmente para dar a conocer el nombre de las empresas investigadas, sin embargo, distintos medios locales han dado a conocer que personal de la Cofece acudió esta mañana de miércoles a las instalaciones de los dos clubes emblemáticos de Ciudad de México: América y Cruz Azul para notificarles sobre este proceso. Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora en la Cofece, ha explicado que, tras esta primera investigación en tema de recursos humanos hay un trabajo previo de un año de monitoreo sobre el proceso de contratación de futbolistas y no descartó que estas probables conductas monopólicas se estén presentando en otros sectores. “Es probable que tratándose de recursos humanos, que son un elemento clave de todas las actividades productivas este problema de competencia pueda replicarse en otros mercados.
La Cofece aclara que la indagación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno. No obstante, en caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a las leyes de competencia mexicanas los responsables serán llamados a juicio. El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 29 de junio de 2018, fecha de inicio de la investigación, este periodo podría ser prorrogado hasta a 600 días hábiles.
“En México es la primera investigación de este tipo y probablemente lo que quisiera la Comisión es mandar un mensaje a toda la gente de recursos humanos de que también están en la lista de actividades que va a revisar la Comisión y pues atacando el problema deportivo que tiene una alta cobertura mediática puede mandar ese mensaje” ha explicado el excomisionado de la Cofece, Miguel Flores Bernés. Según sus cálculos, la complejidad de esta investigación podría prolongarla hasta por cuatro años.
No solo el órgano rector de la competencia tiene en la lupa al fútbol mexicano, también la secretaría de Hacienda y Crédito Público. En agosto pasado, Servicio de Administración Tributaria (SAT), inició una investigación por evasión fiscal en los clubes de fútbol de México para verificar las condiciones contractuales de los futbolistas. Se centró en el caso de los dobles contratos, una maniobra en la que se presenta un contrato de relación laboral ante la autoridad, en este caso la Federación Mexicana de Fútbol, por una cantidad de dinero baja, y otro en el que se paga una suma superior no notificada ante las autoridades.
La investigación por evasión fiscal por parte de los clubes mexicanos provocó que desde la FMF se iniciara una auditoría a uno de los clubes señalados, los Tiburones Rojos de Veracruz. Sin embargo, meses después no han hecho públicos sus avances.
El sistema de fichajes en México ha estado salpicado de polémica. El llamado “pacto de caballeros” suponía que los directivos de los equipos podían presionar a los futbolistas a firmar contratos porque, de no hacerlo, les impedirían jugar en México. Las represalias sumían al gremio de jugadores al silencio.
La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPro), una especie de sindicato, presionó con parar la Liga si no firmaban la desaparición de aquel implícito acuerdo entre los altos cargos de los clubes. En mayo pasado dieron un paso para erradicar estas prácticas que limitaban la libre contratación de los jugadores.
