El presidente Donald Trump ha anunciado este miércoles que podría mandar hasta 15.000 soldados a la frontera con México, para detener la caravana de buscadores de asilo desarmados que escapan de la pobreza y la violencia en Centroamérica y se dirigen al norte. Hasta ahora, el Pentágono había movilizado a 5.000 efectivos para hacer frente a lo que el presidente considera una “invasión” de Estados Unidos. Trump arroja así más combustible a la ofensiva antiinmigración en la que se ha volcado en la recta final de la campaña electoral. El anuncio se produce un día después de que lanzara un aparatoso desafío constitucional para abolir, por una improbable vía unilateral, la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados. El republicano recurre a la artillería populista para activar a sus bases en unas elecciones que marcarán la segunda mitad de su mandato.

El anuncio lo ha realizado Trump en un breve encuentro con periodistas, antes de viajar a un acto de campaña en Florida. “Respecto a la caravana, que es muy peligrosa, nuestros militares están desplegados. Tenemos a 5.000 y puede ascender hasta 10.000 o 15.000 efectivos militares, además de la guardia fronteriza y todos los demás que hay en la frontera. Nadie va a entrar. No vamos a permitir a la gente entrar”, ha dicho el presidente. En la actualidad, hay 2.100 efectivos de la Guardia nacional desplegados en la frontera, y el Pentágono ha ordenado hasta la fecha el envío de 5.200 soldados para unirse a ellos.

Utilizando los poderes presidenciales para marcar el rumbo de la campaña electoral, y ante el desconcierto de muchos dentro de sus propias filas, a los que los anuncios les han pillado por sorpresa, el presidente ha recurrido a una descarga de populismo para agitar y movilizar a sus bases en la última semana antes de las elecciones legislativas del próximo martes. Para sus críticos, se trata de un ejemplo más de cómo el presidente ha transformado la administración federal en una extensión de su crispadora campaña electoral.

Su principal baza es la lucha contra la inmigración ilegal, que tan buenos resultados le proporcionó en la campaña de las presidenciales de 2016. Pero también ha recurrido a otras armas que sabe que son bien recibidas entre sus huestes: se sacó de la chistera una improvisada promesa de un recorte de impuestos a las clases medias, que ha obligado a sus oficiales a improvisar un esbozo de nueva política fiscal, por si resulta que la cosa va en serio.

La improvisación parece el común denominador de la retahíla de anuncios. El presidente, en su línea habitual, actúa como agente libre, arrojando bombas al debate público, sobre cuya rentabilidad electoral más allá del corto plazo no existe consenso en el Partido Republicano. La misma tarde del miércoles, Trump arremetía contra su compañero de filas Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y tercera autoridad del país, que el martes defendió que su plan de poner fin a la ciudadanía por nacer en suelo estadounidense, al colisionar con una enmienda de la Constitución, no es algo que pueda hacerse por orden ejecutiva. “¡Paul Ryan debería centrarse en mantener la mayoría [republicana en el Congreso] en lugar de dar su opinión sobre la ciudadanía por nacimiento en el país, algo sobre lo que no sabe nada!”, tuiteó el presidente.

En las elecciones legislativas la abstención suele ser mucho mayor que en las presidenciales, y es habitual que el partido en el poder sufra un castigo a mitad de mandato. El enfado lleva a la gente a las urnas: por eso los detractores de Trump, un presidente polarizador como pocos, tienden a estar más motivados para salir de casa este martes. Parte de la amalgama de votantes que llevó a Trump a la Casa Blanca defiende a muerte al presidente, pero su entusiasmo no se extiende al aparato del Partido Republicano. Por eso, en unos comicios en los que el nombre de Trump no figura en la papeleta, movilizar a esas bases es clave para los republicanos. Y ya hace dos años quedó claro que agitar el miedo a la inmigración no tiene parangón como agente movilizador del trumpismo.

El presidente fue recibido con protestas el martes en Pittsburgh, cuando acudió a rendir homenaje a las víctimas de la mayor matanza antisemita de la historia del país. La semana anterior, un seguidor suyo fue detenido acusado de un envío masivo de paquetes bomba a figuras que constituyen el blanco habitual de la ira del presidente. Trump pasó de puntillas sobre ambos sucesos y acusó a la prensa crítica, como acostumbra, de tergiversar la realidad. A continuación, recurrió a la artillería pesada para impedir que ambos episodios, alarmantes reflejos de la crispación que domina el país, interfieran en su campaña. En cuanto pudo, desvió el guion hacia la inmigración.

Cuando George W. Bush envió 6.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera con México, hace 12 años, la operación costó 1.300 millones de dólares. La cifra no es directamente extrapolable, entre otras cosas porque en aquella ocasión se trataba de reservistas que ya estaban en los Estados fronterizos, y ahora son soldados en activo. Pero es evidente que el despliegue del Ejército en la frontera, cuando la caravana podría tardar aún muchos días en llegar a su destino, es un ejercicio costoso. Muchos han criticado la desproporción de la respuesta. Trump ha hablado de las legislativas como “las elecciones de la caravana” y, al llevar el tema al centro del debate, de alguna manera pone su nombre, o al menos su agenda, en la papeleta. “No me presento, pero quiero que votéis. Haced como si estuviera en la papeleta”, dijo en un mitin.

Pero no todos los candidatos republicanos que sí concurren a las legislativas agradecen que la inmigración domine la campaña. Es un tema que puede ayudar en algunas de las batallas clave para los republicanos en el Senado (Indiana, Misuri, Dakota del Norte…), pero no resulta tan efectivo en algunas de las contiendas más ajustadas para la Cámara baja, que se libran en distritos suburbanos de California o Florida. Es el caso del congresista Carlos Cubero, que lucha por mantener su escaño en la Cámara de Representantes por un distrito de Florida. “El derecho a la ciudadanía por nacer en suelo estadounidense está protegido por la Constitución. Así que no, Donald Trump, no puedes abolirlo mediante una orden ejecutiva”, tuiteó.

Otros advierten de que esta estrategia cortoplacista puede ser contraproducente para los intereses a medio plazo de los republicanos. “Una de las cosas que convierten a Estados Unidos en excepcional es que cualquiera que nace aquí, independientemente de su sangre, religión o cómo llegaran sus padres, es un ciudadano estadounidense”, tuiteó Alfonso Aguilar, presidente de la Sociedad Latina por los Principios Conservadores. “La propuesta de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados alimenta el problema que tiene el Partido Republicano con los votantes hispanos”, añadió.