El Consulado General de España en Jerusalén celebraba hace una semana el Día de la Fiesta Nacional con una concurrida recepción en su sede del este de la Ciudad Santa, cerca de la Línea Verde de alambradas que la dividió hasta 1967 en un sector occidental judío-israelí y otro oriental árabe-palestino. Heredero de las cancillerías españolas ante el Imperio Otomano y el Mandato Británico sobre Palestina, es el órgano de representación ante la Autoridad Palestina, esto es, la embajada de facto en los territorios de Gaza y Cisjordania. Y, como oficina consular exclusiva para Jerusalén, forma parte del reducido grupo de legaciones que, al igual que las de Francia, Reino Unido, Italia o Turquía, ejercen acción diplomática a ambos lados del muro levantado desde hace 15 años por Israel en torno a Cisjordania.
Estados Unidos también formaba parte desde el siglo XIX de esta singular categoría diplomática en la Ciudad Santa. Pero la Administración del presidente Donald Trump ha decidido que el histórico Consulado General norteamericano, sito en la zona occidental, sea absorbido por la Embajada trasladada desde Tel Aviv a Jerusalén hace cinco meses, en una decisión que supuso un vuelco radical a siete décadas de consenso internacional sobre el statu quo de la ciudad. El secretario de Estado, Mike Pompeo, justificó el jueves la medida en razones de “eficiencia” que no implican “un cambio de política sobre Jerusalén, Cisjordania y la franja de Gaza”. La simbólica reducción del nivel de la representación a simple “Unidad de Intereses Palestinos” en el seno de la Embajada es vista, sin embargo, por los líderes palestinos como una nueva vuelta de tuerca de la Casa Blanca en una inacabable escalada de presión.
Después de recibir en Washington al presidente Mahmud Abbas y de visitarle en la Muqata de Ramala, en su proclamada estrategia de forjar el “acuerdo del siglo” entre israelíes y palestinos, Trump ha redoblado las medidas coercitivas. En diciembre reconoció Jerusalén como capital de Israel, en un revés a las expectativas de Abbas de que el este de la ciudad llegue a ser capital del Estado de Palestina. En mayo cumplió su promesa de trasladar la Embajada de EE UU desde Tel Aviv, donde se situaban hasta entonces todas las legaciones diplomáticas. En agosto dejó de financiar a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. En septiembre ordenó el cierre de la delegación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, que hacía las veces de embajada.
Los responsables palestinos han boicoteado los contactos diplomáticos con la Administración Trump, a la que acusan de haberse escorado en defensa de los intereses de Israel. “Trump es parte del problema, y no de la solución”, asegura Saeb Erekat, secretario general de la OLP y veterano responsable de negociaciones, “y ya no trabaja en favor de la solución de los dos Estados basada en las fronteras del 1967”. “Con la decisión sobre el Consulado General, EE UU ha cortado la última conexión que tenía con el pueblo palestino”, apostilla Nabil Shaat, asesor para asuntos internacionales del presidente Abbas.
Como embajador en Israel, David Friedman ––antiguo abogado en los negocios inmobiliarios de Trump—, pasará a ocuparse directamente ahora de los asuntos palestinos relacionados con EE UU. Friedman —declarado partidario de los asentamientos, cuya expansión ha financiado personalmente— se convirtió el pasado martes en el primer jefe de misión estadounidense en Israel en visitar oficialmente una colonia judía en Cisjordania, poniendo así fin a un tabú de la diplomacia occidental. Su capacidad de interlocución con la dirección política palestina parece estar muy limitada. El habitualmente comedido presidente Abbas llegó a calificarle en un discurso de “hijo de perra”.
