La carretera de la muerte, al día siguiente de la tragedia.

En la tarde del 17 de junio del pasado año, sábado de sol y playa, un incendio pavoroso estalló en las arboledas de Pedrógão Grande. En pocas horas murieron 64 personas, 30 de ellas atrapadas en sus coches en 500 metros de asfalto de la carretera N236-1. Un año y tres meses después, la fiscalía portuguesa ha cerrado la investigación, acusando de aquella tragedia a 12 personas por delitos de negligencia.

Para empezar, no hubo rayos; la causa del fuego no fue un rayo, según se transmitió oficialmente durante muchos meses, pero tampoco hubo intervención humana. La investigación judicial señala que fue un chispazo de la línea eléctrica de la compañía EDP en un terreno de gran espesor forestal, por lo cual culpa de negligencia a los empleados encargados de la limpieza del bosque.

Los 12 inculpados en mayor o menor grado son alcaldes, por no tener limpias las vías forestales, empleados de EDP encargados del mantenimiento de la línea de alta tensión y mandos de Protección Civil, por fallos de comunicación, retrasos y toma de decisiones erróneas o ausencia de ellas.

El caos corrió por toda la zona. Unos se salvaron por encerrarse en casa y otros murieron por quedarse en ella; unos por salir corriendo en coche y otros, por lo mismo, murieron. No hubo un patrón de salvación o condena, excepto en la carretera de la muerte.

La tragedia se cebó en el tramo que une Castanheira de Pêra y Figueiró do Vinho, cuando muchos vehículos regresaban de un día de playa en los ríos cercanos y se vieron emboscados por el fuego. Los neumáticos de los coches se deshicieron como el chicle y quedaron clavados al asfalto. Familias enteras quedaron carbonizadas en el interior de los vehículos, donde se alcanzaron temperaturas de 900 grados. Desde entonces, familiares de las víctimas preguntan por qué las autoridades no solo evitaron el corte de esa carretera, sino que además desviaron el tráfico hacia allí.

En el informe de la fiscalía, al que tuvo acceso el Expresso, se acusa al responsable del operativo de socorro, Mário Cerol, de no haber hecho nada. Ni coordinó los distintos efectivos de socorro ni previó la evolución del incendio. A las tres de la tarde fue avisado por el jefe de Protección Civil para que estuviera atento a la evolución del incendio. Estuvo en la zona desde las seis de la tarde, pero hasta dos horas después no asumió el mando de las operaciones, al frente de las que estuvo hasta las diez de la noche.

La fiscalía acusa a Cerol de no haber cortado la carretera al tráfico, a pesar de que las previsiones meteorológicas apuntaban a que el incendio avanzaría en esa dirección. “La no actualización del plan estratégico de acción condujo a una gestión meramente reactiva del incendio, sin estrategia alguna ni planificación, lo que resultó en una ausencia del verdadero combate, arruinando irremediablemente la hipótesis de salvaguarda de aquellas poblaciones”, dice el informe de la fiscalía.

Más de 200 personas serán llamadas a declarar cuando comience el juicio. A las 12 personas imputadas se les acusa de 64 delitos de homicidio, todos ellos por negligencia.

La tragedia de Pedrógâo del mes de junio tuvo su continuidad cuatro meses después, en octubre, con 40 muertos más en centenares de incendios. En total fueron 112 victimas mortales en 2017. Este año, han ardido en Portugal 36.000 hectáreas, 200.000 menos que hace un año por estas fechas.