Mediante gestiones legales ante la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, recuperó el terreno de mil 600 hectáreas –localizado en el puerto de Altamira –por el que el ex Gobernador Eugenio Hernández fue detenido bajo cargos de peculado y fraude, entre otros ilícitos.
La acusación contra Hernández Flores –investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y sujeto a un proceso de extradición en desahogo – consistía en que, como Gobernador, utilizó sus influencias para adjudicarse la propiedad de dicho terreno, actualmente valuado en más de 500 millones de pesos.
Esta fue la razón por la que, el 6 de octubre de 2017, el ex mandatario fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando paseaba impunemente por las avenidas de esa ciudad a bordo de una motocicleta deportiva. Ataviado con pantalón, chaqueta de cuero y botas vaqueras, la policía lo detuvo en una céntrica avenida.
–Alto, está detenido –le gritaron.
El ex mandatario pensó que era una broma, pero su sonrisa burlona se desdibujó cuando fue atado con esposas y subido a una patrulla.
Y ahí comenzó su pesadilla.
Ahora que el gobierno de Tamaulipas recuperó el terreno, causa del juicio contra Hernández Flores, las mismas autoridades tamaulipecas le abrieron otros juicios al ex mandatario, ésta vez por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Cabe decir que, por estos delitos, la PGR le decretó al acusado el no ejercicio de la acción penal. La razón: falta de pruebas. Esto ocurrió en 2013, a escasos meses de que inició el gobierno de Enrique Peña Nieto. Este fue el primer perdón que otorgó Peña a un ex Gobernador priista. No importó que Estados Unidos también le imputara el delito de lavado de activos.
Eugenio Hernández, en cuyo gobierno el narcotráfico se instauró como un poder real en Tamaulipas, se paseaba por todo el país con su salvoconducto bajo el brazo: era un documento de la PGR que lo exoneraba de cualquier delito. El documento está firmado por Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República.
Murillo Karam obedeció las órdenes de Peña Nieto a pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Eugenio Hernández de lavado de dinero y de incitar transacciones bancarias ilícitas. En el expediente del caso también está implicado Oscar Gómez Guerra, cuñado del ex mandatario.
De acuerdo con la acusación estadunidense, integrada por Kenneth Magidson, titular de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, de resultar culpable Hernández Flores cargaría con una pena de veinte años y se le aplicaría una multa de medio millón de dólares.
Y es que el ex Gobernador tamaulipeco –cuya campaña, según el expediente estadunidenses, fue financiada por el narcotráfico –está acusado de conspirar para lavar dinero, también de brindar ayuda para facilitar operaciones ilegales, a través de transferencias de dinero, con el propósito de lavar activos.
De acuerdo con la acusación, Hernández Flores y su cuñado habrían lavado un total de 30 millones de dólares. Los golpes contra Hernández Flores comenzaron entre 2012 y 2015, cuando el gobierno estadunidense le decomisó tres inmuebles localizados en McAllen, Texas, valoradas en dos millones de dólares. Una propiedad más fue asegurado en la ciudad de Austin.
Con base en las acusaciones criminales, tanto Eugenio Hernández como su cuñado están considerados, en territorio estadunidense, como fugitivos de la ley. En todo el Distrito de Texas han circulado fotografías de ambos con la leyenda “se busca”.
Es por ello que el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Hernández Flores, pues lo quieren juzgar por lavado de dinero, pues no ha acreditado el origen de su cuantiosa fortuna.
Durante el gobierno de Eugenio Hernández floreció el narcotráfico impunemente: el cártel de Los Zetas alcanzó un poder descomunal y el Cártel del Golfo, legendario en esa zona del país, extendió sus dominios a otros estados e incluso se afincó en otros países del continente.
Cuando Hernández Flores fue ungido candidato del PRI, los hombres del crimen organizado, prestos para seguir en el negocio, ofrecieron el financiamiento de su campaña y así se hizo. A cambio, Hernández pagó con posiciones en el gobierno, sobre todo a nivel de la procuración de justicia y la policía. El narcotráfico tenía un enlace fijo en la Secretaría de Gobierno, quien, a su vez, informaba al mandatario sobre la buena marcha del negocio o bien cuando había problemas que zanjar.
Todo esto está ventilado en el expediente integrado por la Corte de Texas, donde uno de los testigos estelares de la acusación se llama José Antonio Peña Argüelles, lavador de dinero de Los Zetas, quien se entregó a las autoridades estadunidenses por temor a ser ejecutado por sus rivales.
Un día, Peña Argüelles recibió una llamada telefónica. Eran sicarios de Los Zetas. Le reclamaban el presunto robo de varios millones de dólares y de ellos culpaban a su hermano. Le mandaron una fotografía con la imagen de su hermano muerto. Y enseguida el mensaje:
–Sigues tú, José Antonio.
Y enseguida se refugió en Estados Unidos, se entregó a las autoridades y se acogió al programa de testigos protegidos. Es actualmente el testigo más importante de la acusación que pesa contra Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, antecesor de Hernández, quien fue extraditado de Italia bajo cargos de lavado de dinero y se proteger las operaciones del narcotráfico cuando fue gobernador de Tamaulipas.
Preso en Ciudad Victoria ahora por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Eugenio Hernández probablemente no vuelva a recobrar su libertad. De salir avante en este juicio, al exmandatario le queda pendiente el juicio de extradición, donde no la tiene muy fácil. Estados Unidos lo quiere juzgar.
El gobierno de Peña Nieto ha retrasado la extradición y quizá no se tome ninguna decisión antes de que concluya su gobierno. Le allana el camino a Javier Duarte, quien posiblemente recobre su libertad en tres años. En el caso de Eugenio Hernández, será el gobierno de López Obrador, fiel a la justicia, el que determine si el exmandatario se va o se quede. Pero López Obrador tiene amplios acuerdos con Donald Trump en materia de crimen organizado y para nada obstaculizará el cumplimiento de la justicia.
