El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, uno de los fieles operadores de Ortega, tras la votación de la ley que inhibe a la oposición de participar en las elecciones previstas para el próximo año.JORGE TORRES / EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dado un nuevo zarpazo a la oposición nicaragüense, con la aprobación este lunes de forma expedita de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, con la que anula por completo la competencia política para las elecciones programadas para noviembre de 2021, un proceso considerado clave para resolver la crisis política que sufre este país centroamericano desde 2018.

El Ejecutivo envió el proyecto de ley el pasado viernes. La Asamblea Nacional —fiel a Ortega— convocó de manera urgente a una sesión especial durante sus vacaciones de fin de año para aprobar esta normativa que impide a todo opositor considerado “golpista” postularse a una candidatura. La norma también abre la posibilidad para procesar penalmente a los opositores.

“Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz, y los delitos contra la Constitución política de la República de Nicaragua”, reza la ley aprobada con 70 votos.

Según el régimen, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad, los ciudadanos que pidan o promuevan protestas sociales, así como sanciones internacionales contra el régimen sandinista, incurrirán en actos considerados “golpe de Estado”. Esta nueva ley se une a otro tridente de leyes aprobado en la recta final de 2020, todas encaminadas para acallar y penalizar la disidencia —incluidos periodistas— con multas, penas de prisión, y hasta cadena perpetua. Esas tres leyes son la de “Ciberdelito”, “Agentes Extranjeros” y la de prisión perpetua por “crímenes de odio”.

Ahora estas leyes, junto a la más reciente, conforman un andamiaje que da sustento jurídico a la retórica y la represión que el Gobierno de Ortega mantiene en Nicaragua, sobre todo con un estado policial de facto y juicios políticos, de acuerdo a opositores.

Esta nueva ley sepulta por completo la demanda nacional e internacional de un proceso electoral competitivo y creíble. Pero también reafirma la voluntad del régimen de perpetuarse en el poder, sin importar los señalamientos de violaciones a los derechos humanos en general.

Según la ley, los opositores que son tildados por el Gobierno como “golpistas”, traidores que “celebran sanciones de gobiernos extranjeros” y financiadores de “golpes de Estado” no podrán “optar a cargos de elección popular”.

“Si Nicaragua tuviera cabida para una ley como la que Daniel Ortega ordenó que aprobaran, al primero que tendría que aplicársele es a él. Por todas las violaciones que ha cometido y el daño que ha provocado; él debería ser el primer inhibido para optar a un cargo público”, ha criticado Juan Sebastián Chamorro, integrante de la opositora Alianza Cívica, y uno de los críticos vigilados de forma permanente por la policía. “El mayor golpe de Estado lo ha dado Ortega al eliminar la institucionalidad en Nicaragua. Se ha autoproclamado dictador”, ha añadido el opositor.

Con las elecciones en ciernes, la demanda es que el Gobierno realice profundas reformas que le den al proceso un mínimo de credibilidad, luego de repetidas denuncias de fraudes electorales en Nicaragua, con los cuales Ortega consolidó su poder omnímodo. La inhibición de los opositores no solo criminaliza a los posibles candidatos, sino que una vez más sitúa a Ortega ante unos comicios sin competencia.

La ley ha sido aprobada el mismo día que Estados Unidos sancionó a otros tres funcionarios sandinistas. Los sancionados por el tesoro norteamericano son el diputado Wálmaro Gutiérrez, promotor de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; el jefe de la Policía en el departamento de León, comisionado general Fidel Domínguez, señalado de cometer actos de abuso de autoridad y dirigir la represión contra los opositores en esa ciudad; y al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Marvin Aguilar, una dependencia encargada de condenar a opositores.

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