El anuncio del traslado del general Salvador Cienfuegos a México ha generado cantidad de reacciones al sur del río Bravo. En muchos casos, los comentarios aluden a una palabra, un concepto: impunidad. En México existe la opinión de que la salida del general de Estados Unidos implica automáticamente su perdón. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado sobre el estado de la investigación en México. La agencia investigadora inició sus pesquisas cuando supo de la acusación contra el militar en Estados Unidos, a mediados de octubre. El 11 de noviembre recibió las pruebas acumuladas por sus pares al otro lado de la frontera. Pero hasta ahora no se sabe cuánto ha avanzado la Fiscalía en el caso. A su llegada, el secretario de Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue notificado de que el Ministerio Público conduce una investigación en su contra con la información que recibió del Departamento de Justicia estadounidense.
El reto es mayúsculo para la Fiscalía. Teóricamente autónoma, la dependencia deberá abordar un camino desconocido, ya que nunca ha procesado a un general de la talla de Cienfuegos. El respaldo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a las Fuerzas Armadas y la tibieza de la narrativa gubernamental tras la detención del general abren cantidad de interrogantes sobre el futuro de la investigación. Por el momento, el Gobierno celebra el triunfo diplomático, pero la presión aumentará con Cienfuegos ya de vuelta.
Carlos Pérez Ricart, doctor en ciencia política y experto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, asegura que este es “el caso político más importante del sexenio. Es una gran oportunidad que tiene el presidente, para exponer todas las redes de complicidad que existen entre las Fuerzas Armadas y el crimen. Y es que además va a tener la presión de EE UU para que el proceso salga adelante, lo que en este caso es positivo”.
Pérez Ricart indica que “lo peor que podría pasar, más allá de culpable o inocente, es que no sea la investigación no sea lo suficientemente transparente. Si la FGR logra hacer una investigación que no se fije solo en el personaje, sino en las redes de complicidad, puede dar entrada a un macrocaso”.
Para Ana Lorena Delgadillo, directora Ejecutiva de la Fundación para la Justicia, las dudas sobre el proceso en México son evidentes. “¿Por qué tenemos tanto temor de que sean las instituciones mexicanas las que investiguen? Porque han probado que no tienen ni la capacidad ni la autonomía para llevar a cabo investigaciones como estas. La ciudadanía no confía en la procuración de justicia, ni federal ni local, lo cual no es ninguna novedad frente al más del 98% de impunidad en el país”.
Experta en acceso a la justicia, Delgadillo sospecha del acuerdo entre México y Estados Unidos. “¿Por qué hace unos días la Fiscalía de Estados Unidos no confiaba en la Fiscalía General de la República y en pocos días esto cambió? ¿Qué fue lo que sucedió para este repentino cambio? Lo que dice la Fiscalía estadounidense es que ahora reconoce la importancia de la cooperación judicial entre ambos países. Si es así, ¿por qué esa cooperación no se dio antes y no se notificó a México sobre las investigaciones que se estaban realizando a Cienfuegos y sobre su detención?”.
Graciela Rodríguez es directora de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, una organización que ha documentado delitos cometidos por militares en el contexto de la guerra contra el narco. Muchos, perpetrados cuando Cienfuegos era el secretario de la Defensa. Como Delgadillo, Rodríguez dice que la FGR no está preparada, “no tiene capacidad de hacer una investigación de contexto”, señala.
Pérez Ricart discrepa aquí: “Cuando el Estado mexicano quiere hacer algo es bastante efectivo. Pero sí, este caso es una prueba de fuego. Y existe una tensión entre dos fuerzas, la primera es el compromiso de México con Estados Unidos para llevar a cabo el proceso. Algo tendrá que hacer la Fiscalía. Y la segunda son los compromisos del Gobierno con el Ejército, o la complicidad entre la Fiscalía y el Ejército… Quizá sea una tensión difícilmente irresoluble”.
Para Rodríguez, las pesquisas de la Fiscalía no deberían quedarse en los casos de narcotráfico o lavado. “La ley contempla que la FGR tenga unidades de especialidad en investigación de contexto. Es decir, no se trata de ir caso por caso, sino investigar el contexto. Y claro, el tema aquí es que Cienfuegos debería ser investigado desde esa perspectiva. Porque en México hay al menos 143 víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, cometida por militares bajo al mando de Cienfuegos, según datos de la oficina del ombudsperson”.
Rodríguez dice además que el mensaje que manda el Gobierno con al retorno de Cienfuegos es “desalentador”. Hay un trato diferenciado según los casos, defiende. “¿Por qué Cienfuegos sí vuelve y García Luna no?”, dice, en referencia al jefe de la policía durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), preso en EE UU, también por narcotráfico. “El mensaje está siendo claro en el sentido de que con los militares no. Y eso, en un momento en el que la militarización aumenta, hay un mensaje del Gobierno de apoyo a los militares”, concluye.
