En la prisión para inmigrantes de Adelanto, California, los detenidos duermen en literas en grupos de seis. Comparten lavabo, váter y ducha. En las áreas comunes se juntan 60 o 70 internos. A la hora de comer, se sientan juntos, prácticamente tocándose. Ni los guardias, ni los detenidos, ni los trabajadores de la cafetería llevan guantes o mascarillas. Esta es la situación que se describe en la demanda para pedir a un juez que sacara de allí a Enrique Francisco Hernández, un inmigrante mexicano con problemas de salud. Antes temía su deportación. Ahora teme enfermar de coronavirus.
En las cárceles de inmigrantes de Estados Unidos hay 32.000 personas. Hasta el viernes, se habían registrado 124 contagiados de covid-19 entre los presos y 30 entre los guardias en 25 prisiones por todo el país. “Los médicos advierten de un escenario polvorín, por la expansión de la covid-19 en los centros de detención de inmigrantes”, admite la sentencia del juez que, el pasado 1 de abril, dio la razón a Hernández y ordenó a la policía de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) que lo liberara de Adelanto y lo dejara en arresto domiciliario.
Hernández tiene 43 años y diversas patologías previas, como hipertensión y gota. Es una persona de riesgo. “Si el Gobierno no provee a un detenido de sus necesidades humanas básicas, incluida una seguridad razonable y cuidado médico, se está violando el debido proceso”, recuerda el juez del distrito Central de California Terry Hatter. No solo se trata de proteger a Hernández. Dejarlo en libertad “va completamente a favor del interés general”, afirma. “La ciudadanía tiene un interés fundamental en prevenir la expansión del coronavirus. Un brote en Adelanto nos pondría en peligro a todos, a los detenidos, a los guardias, a los residentes del condado y de California y al país entero”.
La decisión del juez Hatter sienta un precedente y lleva esperanza a al menos una decena de demandas que ya están en los juzgados por todo Estados Unidos. “Nos llaman clientes muy preocupados porque dentro de la prisión es imposible seguir las reglas de distanciamiento social dictadas por el gobernador y por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades”, explica Lisa Okamoto, abogada de la organización Immigrant Defenders en Los Ángeles.
En concreto, en Adelanto, “el tipo de persona que está allí es el que ha cruzado la frontera para pedir asilo y sin antecedentes criminales, y también gente que lleva mucho tiempo aquí”. Es decir, ni siquiera son delincuentes peligrosos. La única razón para estar encerrados es no tener papeles. “La prioridad es sacar a los que tienen problemas de salud, pero queremos sacar a todos”, dice Okamoto. Hasta la semana pasada habían logrado órdenes judiciales de liberación de cuatro inmigrantes.
“El caso más preocupante es la prisión de Otay Mesa (junto a la frontera de San Diego) porque allí ya hay varios casos detectados” de coronavirus, asegura Monika Langarica, abogada en San Diego de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Esta organización está presentando demandas por todo el país. “Ya hay órdenes de liberación en todas partes. Está funcionando”.
La policía de inmigración ICE no reconoce un problema generalizado en las cárceles. Sí publica las cifras de casos confirmados en su sistema. Los peores brotes se están viendo en el centro de Otay Mesa, California, donde hay 18 infectados, y en el de Richmond en Monroe, Louisiana, donde hay 20. ACLU presentó la demanda para sacar a varios presos de Otay el viernes 3 de abril. Era la novena que presentaban. Algunos grupos de defensa de los inmigrantes están publicando en las redes llamadas de teléfono de internos desesperados suplicando que les saquen de allí para no enfermar. El grupo Pueblo Sin Fronteras, que trabaja en Tijuana, asegura que ha comenzado una huelga de hambre en el centro de Otay.
En esos lugares “es imposible mantener la distancia física”. El pasado día 9, un juez de Sacramento (California) ordenó la liberación de otros dos detenidos y citó en su decisión el caso del portaviones nuclear USS Theodore Roosevelt. El capitán del portaviones envió una carta pidiendo ayuda para desembarcar a más de 4.000 marineros después de que un centenar dieran positivo por coronavirus, argumentando precisamente la imposibilidad de mantener la distancia.
En un comunicado, ICE ha informado que está “revisando casos de individuos detenidos que pueden ser vulnerables al virus”. “ICE puede colocar a individuos en algunas alternativas a la detención”, asegura, pero es una decisión que se hará “caso por caso”. La agencia policial asegura que ha dado instrucciones a sus jefes de zona para que revisen los casos de mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas de riesgo para ver si pueden liberarlos. Hasta el 30 de marzo, habían identificado a 600 personas como “vulnerables” y 160 de ellas habían sido liberadas.
