Mujeres en Yucatán.Fuente: Tomada de @GobYucatan

Bajo el guion de la austeridad, el gobierno de federal generó una “violencia institucional” en contra de las mujeres, con los recortes de decenas de programas y de miles de millones de pesos en el gasto público de 2019 y 2020 en materia de género, acusaron diputadas federales.

Alertaron que, en una rápida revisión, tan sólo en 2019 se recortaron 2 mil 29 millones para del Programa de Guarderías, de los 4 mil 70 millones de pesos que tenía en 2018; y para 2020 el recorte fue de alrededor de los 2 mil millones de pesos, que afectó a más de 20 programas adicionales.

La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, sostuvo que “los recortes presupuestales son una forma de violencia institucional. La Cuarta Transformación representa un cambio profundo en las estructuras socioeconómicas, políticas y culturales del país; sin embargo, éste no puede darse sin la participación sustantiva de las mujeres, de la sociedad civil y sin la perspectiva de género”.

“Por ejemplo, también, la desaparición de la partida presupuestal de 86 millones de pesos que desde San Lázaro etiquetamos para el fortalecimiento a las organizaciones de la sociedad civil, que realizan trabajo especializado en favor de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva y la equidad entre los géneros, representa de manera institucional un atentado contra las mujeres mexicanas”.

La diputada del PAN, Marcela Torres Peimbert, acusó que los recortes a decenas de programas por miles de millones de pesos en 2019 y 2020 “demuestra una ‘ceguera oficial’ ante la ola de los feminicidios”.

La panista recordó que si en 2019 se recortaron 2 mil 29 millones de pesos a las guarderías, en 2020 fueron otros casi 2 mil millones de pesos, que afectó a más de 20 programas adicionales, lo que representó un castigo a las estancias, a los refugios de apoyo a mujeres, al Inmujeres, a los tratamientos de cáncer de mama, a la salud materna en general, lo que las deja “en el abandono total”.

La diputada del PRI, Dulce María Sauri Riancho, sostuvo que “este tipo de agresiones institucionales tienen efectos negativos en la igualdad de las mujeres, al crear ambientes de violencia y hostilidad, limitar su participación económica y permitir su exclusión del mercado laboral, al verse forzadas a abandonar sus centros de trabajo”. No basta con protestar para exigir justicia, se requieren recursos y políticas públicas orientadas a garantizar derechos de las mujeres, dijo.

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