Autoridades mexicanas patrullando los alrededores del Reclusorio Sur, este miércoles. CUARTOSCURO

Cinco rejas y cada una de ellas cerrada con un candado. Un penal repleto de policías custodiando a los presos. Nada fue suficiente para frenar la fuga de tres miembros del cartel de Sinaloa del Reclusorio Sur de Ciudad de México este miércoles. La huida recuerda a las dos fugas del Joaquín El Chapo Guzmán, líder de ese grupo criminal, y también expone la vieja herida de la corrupción en las cárceles mexicanas. Sobre los reos pesaba un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud pública y asociación delictiva. Al menos uno de ellos está directamente relacionado con El Chapo, por ser el operador financiero de la familia del capo mexicano.

A Hazael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario de Ciudad de México, no le cabe ninguna duda: los presos contaron con ayuda del personal de la cárcel. Ruiz ha asegurado durante una conferencia de prensa que para escapar, los reclusos tuvieron que traspasar al menos cinco rejas, por lo que ha declarado que es “evidente la colusión de servidores públicos adscritos a ese reclusorio”.

La fuga de Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán, originarios de Culiacán, Sinaloa y Yael Osuna Navarro, de Nayarit, un pequeño Estado al oeste de México, se produjo durante la madrugada del miércoles. La noticia fue anunciada a primera hora de la mañana por las autoridades locales. Entre los fugados destaca Félix Beltrán, alias El Vic, considerado antes de su detención como uno de los operadores financieros de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en una cárcel estadounidense desde el año pasado.

El Vic fue detenido en octubre de 2017 en la zona de Santa Fe, uno de los distritos más modernos y de alta gama de Ciudad de México. Su tarea dentro de la organización consistía en lavar el dinero que procedía de la venta de drogas en Estados Unidos. Su padre es Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de El Chapo y que fue detenido en 2011 en Ecuador en una intervención conjunta contra el narcotráfico entre autoridades mexicanas y ecuatorianas apodada Operación Colmena.

“En este momento se calcula que son entre seis y 10 personas las que posiblemente han tenido alguna participación o están vinculadas de alguna manera más notable con los hechos que se refiere”, ha explicado Ruiz durante su comparecencia. El funcionario ha confirmado que las investigaciones comenzarán desde el interior del penal. “Alguien tuvo que abrir para que escaparan”, ha sentenciado.

Apenas diez minutos ha tardado la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, en organizar una sala de crisis tras el anuncio del acontecimiento, que sucedió sobre las 08.30 hora local. La mandataria ha asegurado que se están investigando las causas: “Tenemos que revisar qué fue lo que ocurrió a fondo, por qué se dio”. La policía capitalina está peinando todas las colonias aledañas y se mantiene en contacto directo con las autoridades federales. Los accesos del Reclusorio Sur, una de las prisiones más grandes de la capital mexicana, están totalmente bloqueados. Dentro del penal se ha activado el protocolo de evasión, que consiste en cerrar todas las entradas y salidas al centro. Hasta el momento, sin embargo, no hay rastro de los prófugos.

Las autoridades han puesto el foco en la colusión de los funcionarios de la cárcel y el crimen organizado. “Si hay responsables de cualquier tipo o cualquier nivel, serán sancionados”, ha manifestado Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de Sheinbaum.

En Ciudad de México hay 13 cárceles, muchas en condición de hacinamiento, donde conviven 24.765 internos. De ellos, solo 70 están en proceso de extradición, un grupo prioritario sobre todo en el combate internacional al narcotráfico.

La corrupción y anarquía dentro de los penales mexicanos no es un fenómeno nuevo. Desde las cárceles de la capital se hacen cada día más de cien llamadas de extorsión, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. En el Reclusorio Sur se robaron apenas en noviembre pasado 525.000 cheques de la nómina de la cárcel. El contubernio de los carteles mexicanos y los funcionarios de Gobierno ha llegado a las más altas esferas del poder. El pasado 8 de diciembre Genaro García Luna, el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico durante la Administración de Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido en Texas. García Luna fue acusado de recibir decenas de millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones que debía combatir y a la que están vinculados los tres reos prófugos.

El pasado mes de octubre, más de 51 reos se fugaron de una cárcel de Culiacán, el bastión del cartel de Sinaloa. Las imágenes de los prisioneros robando vehículos a punta de pistola en plena carretera provocaron el caos en las carreteras de la ciudad. La fuga masiva se dio en medio de un operativo fallido del Ejército mexicano para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los herederos del grupo criminal. El Ratón, como se le conoce, fue detenido y horas después liberado por las autoridades mexicanas, ante el embate del cartel de Sinaloa que sembró el miedo en el noroeste de México. El saldo fue de ocho muertos y 16 heridos.

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