El Congreso de Tabasco aprobó reformas al Código Penal del estado que contemplan la incorporación del nuevo delito “impedimento de ejecución de trabajos y obras”, con lo que castigará hasta con 20 años de cárcel el bloqueo de obras públicas o privadas y cierres carreteros.

Además, modificó la redacción del artículo 308 bis, que contemplaba sancionar a cualquier movilización que obstruyera el libre tránsito, para acotar su aplicación sólo a protestas que “extorsionaran” en busca de plazas o contratos de trabajo.

La pena máxima planteada por los legisladores, hasta 20 años de cárcel, está dirigida a quienes impidan la ejecución de obras exigiendo “dádivas, cuotas o la obtención de un empleo” y además ejerzan violencia.

La mayoría morenista defendió estos cambios propuestos por el gobernador de ese partido, Adán Augusto López Hernández, al señalar que de esta manera se pondrá un freno a los ‘seudosindicatos’ que bloquean accesos petroleros o interfieren con el trabajo de empresas en municipios como Cárdenas o Paraíso, donde se construirá la nueva refinería.

La oposición priista ha denominado estas reformas como “ley garrote” pues asegura que abría la puerta para criminalizar cualquier protesta y no sólo aquellas en las que lleven mano grupos sindicales.

Ante la polémica, el secretario de Gobierno estatal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, y los diputados locales realizaron una reunión donde se determinó modificar el dictamen y “mejorar la redacción”.

Particularmente, dijo, se cambió lo referente al artículo 308 bis que en la propuesta del Ejecutivo señalaba que “al que careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, se le impondrá prisión de uno a cinco años y multa de ciento cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

“Se aumentará al doble la pena de prisión y multa que le corresponda cuando el responsable se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

En la sesión se reformó el artículo 308 bis y se acotó su aplicación sólo a manifestaciones que busquen chantajear para obtener puestos de trabajo o contratos.

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