Sí sabe de qué habla al referirse al periodismo. Tuvo su etapa. Dirigió, con éxito inusual para esos tiempos, el periódico Corre la Voz en Villahermosa allá por 1989. Logró una circulación de varios miles con una línea editorial militante, de estruendosas denuncias, bien redactado, mejor impreso y un sistema de distribución en mano con voceadores semi-asociados. Lo pude constatar.
Él me explicó el esquema, me dio un paseo por la imprenta y luego, una prolongada charla acerca de los principios políticos de Enrique González Pedrero, de Julieta Campos y sus ideas de la democracia popular versus democracia representativa. Yo llegué allí enviado por Excélsior.
Esos recuerdos de la única vez que este reportero ha tratado al ahora Presidente de la República, revivieron en automático este 10 de abril durante la mañanera (cuando insistió con sus réplicas contra el diario Reforma) y sin pausas lanzó cuatro conceptos con los que estamos muy familiarizados los periodistas y que muy pocos políticos manejan de esa manera:
Dijo: –“Para mí los medios son organismos de interés público y / tienen también que cumplir con una ética (…) Es distinto el respeto a la libertad de expresión, de ideas, la libertad de prensa / pero cuando se trata de unos asuntos así, ¿por qué no revelar la fuente? / Sería interesantísimo.—” remató, con la intención de levantar debate, polémica. Otra vez.
Y lo consiguió. Hubo reacciones de botepronto y enojosas entre varios periodistas, sobre todo por el cuestionamiento al secreto profesional (¿por qué no revelar la fuente?). La respuesta extrema fue de Jorge Ramos dos días después en la mañanera con esos tonos y desfiguros tipo de reality show que acostumbra “¡nadie de nosotros va a revelar sus fuentes!”.
Es que el tema sí es sensible para la mayoría de periodistas profesionales. Y el presidente lo sabe. Porque ligar, en un breve discurso, las categorías de libertad de prensa, ética periodística y caracterizar a los medios como de interés público, son expresiones de quien tiene una concepción compleja de los medios y su rol en la infraestructura ideológica del Estado (“Reforma es un partido”), del periodismo y sus pautas éticas que derivan de su responsabilidad social de informar.
Por eso tomémosle la palabra para el debate.
Defendamos el secreto profesional
En primer lugar las y los periodistas profesionales debiéramos defender, con todo lo que esté a nuestro alcance, el secreto profesional.
Es uno de los pocos derechos que hemos conquistado en México, para hacer fluir la información necesaria socialmente a pesar de las presiones cotidianas de nuestros empleadores, de políticos, de ministerios públicos y jueces. Y no solo en la práctica, también hemos logrado leyes.
El secreto profesional, al parecer, fue reconocido internacionalmente en 1933 como uno de los derechos de los periodistas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1.003. Entonces mezcló derechos, obligaciones y pautas éticas –que son voluntarias–. Estableció las categorías de: libertad de expresión; informar sin presión interna; someterse a la cláusula de conciencia y al secreto profesional; a un salario digno, condiciones de trabajo adecuadas y a acceder a los recursos y medios necesarios para ejercer su profesión. Fue una resolución esencial.
En México no existe convención similar. De los 14 derechos de los periodistas reconocidos internacionalmente aquí solo contamos con dos en leyes de nivel federal (la protección ante riesgos y el secreto profesional).
El secreto profesional, como tal, está en dos leyes estatales y en otras seis lo entrevera con otros derechos. Esto se inició apenas en los trece años recientes.
En la capital del país se aprobó una ley específica sobre el secreto profesional en 2006 e incluyó tres derechos más. Otra, casi espejo se aprobó en Sonora en 2011.
En otras seis entidades se incluyó al secreto profesional como derecho.
El congreso de Chiapas aprobó una ley para el periodismo donde incluye ese derecho con otros cinco en 2007, pero nunca se promulgó ni se hizo el reglamento y menos se aplicó.
En 2011 se aprobó una ley para protección a periodistas en Chihuahua. En Hidalgo se hizo la más avanzada hasta entonces, en 2012, con 7 derechos; el mismo año le siguieron similares en Quintana Roo (que es la más completa), Colima y otra en Querétaro.
En 2012 se promulgó la ley federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo, pero no se incluyeron más derechos que el de protección y, al contrario, se insertó una definición muy laxa de periodista que en realidad abarca a todo usuario de la libertad de expresión y no enfoca bien a los más agraviados y asesinados que son los reporteros.
Fue hasta 2014 cuando se reconoció a nivel federal el derecho a proteger las fuentes de los periodistas, derecho que ya tenían otras profesiones liberales, mujeres y hombres abogados, contadores, médicos y de enfermería, psicólogos, trabajadores sociales y hasta sacerdotes.
Hasta entonces se reformó el Código Federal de Procedimientos Penales y se reconoció el derecho de los periodistas a guardar el secreto profesional como un bien individual que genera confianza y bienestar en individuos y crea un bien social como es la información noticiosa de interés público, sobre todo cuando la escatiman los servidores públicos y particulares.
El periodismo como actividad de interés público
El otro concepto de Estado que emitió el Presidente López Obrador fue, con poca precisión: los medios son de interés público. Si se refería a las empresas ahí, ya hay desacuerdo.
En México no todos los medios pueden ser del interés público, porque los de propiedad privada tienen como motivo motor la ganancia, el lucro. Y, como empresas privadas tienen garantías que están por encima de las que tienen sus trabajadores y sus mismos clientes o usuarios. La libertad de empresa aquí se monta sobre la libertad de prensa. Las empresas más poderosas, la mayoría ya como corporativos multimedia, con demasiada frecuencia acomodan la información al interés comercial, y como se sabe a su conveniencia política.
En el concepto de servicio social más distante del lucro, si caben bien los medios públicos aunque igual con mucha frecuencia atajan la fluidez de circulación de la información para acomodarla también como propaganda a favor de quienes gobiernan.
Los que sí pueden y hacen circular la información con mayor libertad, a pesar de los retenes a la libertad de prensa de patrones y políticos, son las y los reporteros, o sea, los periodistas profesionales.
Su actividad reporteril es profesional cuando cumple los mínimos estándares éticos y son los primeros en hacer valer el derecho ciudadano a ser informado. Las y los reporteros garantizan más la circulación de la información de interés social, son los practicantes más reales de la libertad de prensa, aunque se expongan a todos los riesgos imaginables.
A esta actividad es la que se debiera declararse del interés público.
Una reforma constitucional y un estatuto general que reconozcan “al periodismo como una actividad profesional del interés público que debe auspiciarse, tutelarse y protegerse”, derivarían en mayor libertad y seguridad del periodismo profesional y, por supuesto en mayor fluidez de la información que requiere la sociedad.
Ya se avanzó un poco con dos leyes federales y 20 leyes secundarias en los estados que fragmentaria y confusamente reconocen algunos derechos de las y los periodistas. Dos de estos derechos son para poder cumplir la responsabilidad social: la protección de las fuentes y la cláusula de conciencia.
Coincidamos. Hay necesidad de crear un medio ambiente que frene los climas de violencia en contra de los periodistas y les proteja de agresiones, maltrato social, laboral ni profesional. A propósito, siguen los despidos masivos en los medios y no hay que defienda realmente los mínimos derechos laborales.
Presidente, ya dijo. Abrió el debate. Venga esa ley. (rogeliohl111@gmail.com).

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