"JUSTICIA". Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua exigieron ayer que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes, uno de los férreos opositores al Proyecto Integral Morelos, que incluye la termoeléctrica de Huexca.Foto Rubicela Morelos Cruz

PIM, Huexca, Hugo Éric
Consulta cuestionada
Radicales, ¿conservadores?

Horas antes de ser asesinado este miércoles a las puertas de su domicilio en Amilcingo, perteneciente al municipio morelense de Temoac, por ahí de las cinco de la mañana, Samir Flores Soberanes había confrontado al peculiar superdelegado estatal del obradorismo, Hugo Éric Flores Cervantes (presidente del conservador Partido Encuentro Social, que se alió con Morena en las elecciones federales de 2018 y, luego de perder el registro nacional por baja votación, pasó a ser superdelegado federal en Morelos; también fue defensor de los paramilitares que en diciembre de 1997 asesinaron a 45 indígenas en Acteal, Chiapas).

Samir (indígena náhuatl, de 36 años de edad, casado y padre de cuatro hijos) era delegado del Congreso Nacional Indígena, participante en la radio comunitaria de la región y, especialmente, activista destacado en la larga resistencia a la implantación del llamado Plan Integral Morelos (PIM), que implica la construcción de un gasoducto, un acueducto y una planta termoeléctrica en Huexca, en condiciones lesivas para el medio ambiente y la vida comunitaria, según los opositores.

El superdelegado Hugo Éric Flores había organizado, a nombre del gobierno federal (juez y parte), un foro en Jonacatepec para explicar el proyecto que es apoyado con enjundia por el Presidente de la República. Daliri Oropeza y Al-Davi Olvera, reporteros del portal Pie de Página, escribieron: Frente al podio donde se encontraba sentado Hugo Éric, Samir responsabilizó a las empresas europeas Abengoa, Enagas y Bonati por ser beneficiarias del gasoducto que pasa por su comunidad. También dijo que el PIM es inconstitucional y advirtió que podría tener efectos en la salud y traer varios peligros, ya que las obras se encuentran al pie del volcán Popocatépetl.

Además, haciendo uso del micrófono, denunció las irregularidades de la termoeléctrica y cómo afecta al pueblo. Al final del acto, se acercaron dos asistentes de Hugo Éric Flores, que también estaban en el podio, y tomaron los datos de Samir, de ningún otro de sus compañeros (citas tomadas de En esta lucha voy a dar la vida: Samir, https://goo.gl/C5RLLw; también es recomendable leer El presidente y los activistas: crónica de un desencuentro en Cuautla, del pasado 10 de febrero https://goo.gl/9uh3QQ y un artículo de Olvera en La Jornada, La ruptura de Cuautla, se repite la historia https://goo.gl/yGp4iC).

La ejecución de Samir Flores Soberanes enrareció el ambiente político y social de la región, a tres días de que se realice una consulta ciudadana que no cumple con ningún requisito legal, cuestionada incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y anunciada por el Presidente de la República para decidir si se construye o frena la termoeléctrica contra la cual el propio Andrés Manuel López Obrador se había manifestado en ocasión anterior, ante pobladores del lugar.

En particular, los opositores a la termoeléctrica y a la consulta, cuya realización exigen que se suspenda, consideran que el propio Presidente de la República fue desproporcionado y ofensivo al calificar de conservadores a los opositores a esa obra, considerándolos parte de una izquierda radical que en momentos electorales ni siquiera había apoyado al tabasqueño.

La descompuesta intervención de López Obrador, quien aseguró que aunque hubiera gritos y sombrerazos se realizaría la consulta, ingresó a un torbellino de factores que pueden propiciar provocaciones y confrontaciones. No hay nada que permita apuntar a Palacio Nacional como referencia de acciones violentas contra opositores. Tampoco es válido que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, su fiscalía (tan autónoma como tantas otras), haya emitido a toda velocidad una exculpación de lo político, para refugiarse en el moldeable recurso del crimen organizado.

Lo cierto es que resultan inaceptables tanto la convocatoria a una consulta, con el gobierno y su superdelegado como jueces y parte, como el desconocimiento de la legitimidad de luchas sociales contra proyectos económicos lesivos de la ecología y el interés comunitario.

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