Luego de que las estrategias de seguridad de Calderón y Peña Nieto descabezaron los cárteles del narco y del crimen organizado y dejaron solo a Ismael El Mayo Zambada, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública del presidente López Obrador reorganizará las prioridades en función de dos objetivos centrales:

1.- Poner en primer lugar la seguridad pública. Siete de los ocho objetivos y las nueve estrategias específicas tratarán de cumplir lo prometido por las estrategias de Calderón y Peña Nieto: Ordenar policías, impartición de justicia, penales y bienestar social.

2.- Pasar a segundo sitio las otras dos seguridades: Interior y nacional, pero ahora sí dotándolas de marco jurídico y doctrinas que se le había negado a la participación de las fuerzas armadas en apoyo a labores de seguridad pública por la capacidad de violencia de los cárteles por encima de las policías.

En la nueva Estrategia hay una reiteración de las dos anteriores, aunque ahora sin la precisión de tiempos de cumplimiento que tuvo el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 25 de agosto de 2008. La parte doctrinaria de la nueva estrategia tenderá a confundir políticas públicas porque el razonamiento hoy parte de la explicación de que inseguridad e incapacidad del Estado fueron producto del modelo neoliberal.

A pesar de que da por concluida la fase de participación de fuerzas armadas en seguridad con el descabezamiento de los cárteles, la nueva Estrategia aprovecha el impulso para entrarle a la regularización del marco jurídico y funcional de la seguridad interior, Por ello el punto 8 de los objetivos enfatiza en el modelo de enfoque de seguridad nacional del Estado mexicano y se compromete a que su “visión de la seguridad nacional” cuente a finales de sexenio “con todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar condiciones que garanticen la integridad y la soberanía nacional”. No lo dice el documento, pero este párrafo es la esencia de una doctrina de seguridad interior, más allá de la pública y en consonancia con la nacional.

Los compromisos concretos para fortalecer las seguridades interior y nacional son siete:

1.- Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional. Tampoco lo dice, pero este programa será oficializado con el Plan Nacional de Desarrollo de mayo. El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 de Peña Nieto terminó el 30 de noviembre de 2018

2.- Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia para toma de decisiones en materia de seguridad nacional.

3.- Actualizar el catálogo y clasificación de instalaciones estratégicas, en previsión a sabotajes.

4.- Fortalecer y mantener la seguridad interior con la participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

5.- Promover el concepto de cultura de seguridad nacional postulado por el Gobierno de México, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos.

6.- Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de la seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica e impartición de justicia.

7.- Construir las bases para un documento único de identificación nacional biometrizado.

Estos objetivos no son nuevos y han estado en mayor o menor medida en las estrategias de Fox, Calderón y Peña, pero nunca pudieron operarse por la presión de grupos opositores en nombre de los derechos humanos. Inclusive, el presidente Peña propuso, aprobó en el Congreso y promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero primero la congeló y luego la Suprema Corte la anuló por controversias constitucionales. Hoy el presidente López Obrador, apoyado por esos grupos opositores y muchos de ellos con posiciones legislativas, regresa a proponer ese marco jurídico para las seguridades pública, interior y nacional.

La viabilidad de la nueva Estrategia de Seguridad Pública de López Obrador dependerá de tres variables caprichosas: recursos presupuestales, disponibilidad de la estructura actual de la seguridad pública marcada por intereses y apoyo de grupos anti Estado en cuanto al marco jurídico y los nuevos instrumentos de vigilancia.

El fondo de todas las estrategias de seguridad –y de manera sobresaliente la de López Obrador porque definirá el rumbo de seguridad para seis años– radica en la voluntad indispensable y urgente de definir un Estado de Seguridad Nacional que garantice el Estado de Bienestar Social, a partir del criterio de que la inseguridad, la violencia y los grupos criminales obstaculizan el desarrollo social.

Política para dummies: La política tiene como objetivo final la seguridad de los ciudadanos; lo demás es demagogia.

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