DE GIRA POR BAJA CALIFORNIA. En su recorrido ayer por Tijuana, el presidente López Obrador señaló que hay presiones por quienes operaban el huachicoleo desde Pemex y de sus cómplices.Foto La Jornada

Oposición, sin banderas
NAIM y Venezuela
Guardia Nacional y fiscal

El desabasto de gasolina en varias ciudades del país se ha convertido en una franja más de conflicto partidizado. No es menor el factor del combate al robo sistemático de combustible, conocido como huachicoleo. Los primeros reportes del gobierno lopezobradorista apuntan a graves complicidades entre políticos, anteriores funcionarios de Petróleos Mexicanos y grupos criminales para aprovecharse de esa riqueza nacional. Desarmar un tinglado delictivo de tal tamaño no puede ser tarea fácil ni exenta de complicaciones en puntos delicados como el suministro de combustible a los centros de expendio.

Sin embargo, los adversarios del lopezobradorismo, que están a la diaria caza de las pifias o enredos del Presidente, aseguran que el desabasto en varias urbes se debe a decisiones gubernamentales mal tomadas, en específico a la utilización de pipas para la distribución por carretera, en lugar de los tradicionales ductos, largamente aprovechados para el huachicoleo.

El diferendo sobre las causas y consecuencias de las restricciones gasolineras ha llevado a partidistas de un bando a insinuar que la crisis en el suministro se debe a que los gobiernos locales permitían o impulsaban el robo de combustible, y otro segmento de opinantes habla a su vez de un castigo selectivo, partidistamente intencionado, desde Palacio Nacional, a gobiernos que se le oponen o resisten.

Hasta ahora no ha prendido ninguna de las banderas o consignas que han pretendido enarbolar los opositores al lopezobradorismo, pero es evidente que hay una aplicada búsqueda del tema que permita a esos adversarios intentar un salto explotable: mucho se insistió en la inminencia de una catástrofe financiera por la supresión del proyecto del nuevo aeropuerto internacional, pero no llegó el caos anunciado. Tampoco se ha podido vertebrar un rechazo fuerte a la decisión de no acompañar al Grupo de Lima en una declaración contra el gobierno de Venezuela. Reivindicar la postura mexicana contra la intervención en asuntos de otros países tiene un valor especial a la luz de esas maniobras de regímenes derechistas latinoamericanos que justifican un eventual golpe contra Nicolás Maduro, auspiciado por la desesperada administración Trump.

En la agenda legislativa están dos temas complicados: la aprobación formal de una Guardia Nacional que ya ha sido impuesta, por la vía de los hechos, y que a juicio de opinantes, como el que estas líneas teclea, agravará la tragedia del país mediante la militarización más exacerbada que hayamos conocido. Cambiar de uniforme o nombre a soldados y marinos no resolverá el problema de fondo que sigue activo, que genera cada vez más muertes y hechos delictivos. Los secretarios de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; de la Defensa Nacional, Luis Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, hacen malabarismos para tratar de justificar que en los hechos ya funcione la Guardia (incluso en proceso de contratación de personal), cuando oficialmente la idea no ha sido aprobada por el Congreso.

Discusión a fondo habrá también en cuanto al nombramiento del fiscal General de la Nación, con el morenismo decidido a colocar ahí a un lopezobradorista explícito, a contrapelo de la exigencia de grupos civiles de que haya autonomía real de ese funcionario clave.

El año en curso será el de la gran prueba: 2018 permitió avizorar, desde la plataforma electoral, las expectativas de un cambio razonable, dentro de los límites de un sistema político y económico subsistente; y 2019 mostrará el horizonte viable, las posibilidades reales de esa transformación deseada e impulsada por una gran masa ciudadana, no toda perteneciente a determinada formación partidista, pero sí generosamente decidida a suministrar una gran dosis de esperanza y tolerancia hacia las primeras acciones de un gobierno que se ha definido como un proyecto distinto a lo hasta ahora visto en administraciones de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional.

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