Federalismo, corrupción y elecciones
Litigios contra austeridad
Violencia y amenazas
Además del tema de la recompra de bonos relacionados con el proyecto aeroportuario de Texcoco (que sigue mostrando la fragilidad del poder político ante las reacciones o maniobras de los mercados), llaman la atención los siguientes puntos: el diferendo de varios gobernadores estatales ante la operación de los llamados superdelegados de la administración federal; los litigios instaurados por miles de servidores públicos afectados por la reducción de sueldos y prestaciones, y el incremento de la violencia criminal, incluso con raros episodios como la detonación de granadas en el consulado de Estados Unidos en Guadalajara y la amenaza de una bomba en el palacio municipal de Celaya.
A la hora de cerrar la presente columna no se tenía información de los resultados de la primera reunión del Presidente de la República con los mandatarios aglutinados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Pero, con antelación, el panista Javier Corral Jurado, el emecista Enrique Alfaro y el perredista Silvano Aureoles habían advertido que entablarán acciones judiciales y políticas contra la designación de tales superdelegados. En grupo, los gobernadores panistas ya habían fijado la misma posición.
El forcejeo político tiene como puntos de referencia el federalismo y la corrupción. Los gobernadores demandan respeto pleno al poder que ejercen y que sienten amenazado por superdelegados que en varios casos fueron sus contrincantes electorales o parecieran encaminados a serlo. Desde Palacio Nacional, a su vez, se explica el envío de esos comisarios a partir de la extendida corrupción que en los estados es tolerada o ejercida por gobernadores.
López Obrador ha dicho que respetará las decisiones de los mandatarios estatales, pero advirtiendo que cada gobierno deberá ejercer las funciones que les corresponden. En este caso, por ejemplo, el combate a los cárteles del crimen organizado sería ejercido a título netamente federal, sin concurrencia de las instancias estatales. De hecho, la llamada Guardia Nacional, sin fundamento legal alguno e incluso sujeta a una próxima consulta ciudadana, de acuerdo con el compromiso de AMLO, ya está funcionando abiertamente, bajo absoluto control de mandos militares y, según quejas de algunos gobernadores, con éstos como meros testigos a distancia.
La iniciativa de abrir procesos judiciales contra la reducción forzosa de los sueldos de servidores públicos provino justamente del ámbito del Poder Judicial. Hay una resistencia declarativa y, ahora, jurídica, frente a la determinación obradorista, aprobada por el Poder Legislativo, de que nadie pueda ganar en las instancias públicas más que el propio presidente de la República. Ya se verá si los opositores a tal austeridad obradorista obtienen un triunfo judicial y lo que significaría una decisión así, de jueces, magistrados y ministros, en la relación con el Poder Ejecutivo.
Salvo en las campañas electorales, nadie podría estimar que la violencia criminal habría de disminuir o extinguirse en el corto plazo. En diferentes partes del país continúan las sumas acumuladas de muertos y ejecutados que confirman la inercia hasta ahora imparable del crimen organizado (y su relación con mandos policiacos y de fuerzas armadas). Además, en Guadalajara fueron lanzadas dos granadas de fragmentación al interior del consulado de Estados Unidos; la detonación no provocó víctimas. El atentado se produjo la noche del viernes, en horario coincidente con el final de un sexenio federal y el inicio de otro.
El mismo viernes, pero en la tarde, una llamada telefónica alertó sobre la presunta existencia de una bomba en el jardín frente al palacio municipal de Celaya, Guanajuato, sin que hubiera mayor consecuencia que el retiro provisional de asistentes a esa plaza. Y ayer volvió la alarma, luego de que un recolector de basura encontró una granada desactivada y creyó necesario llevarla al palacio municipal para su revisión, lo que provocó el desalojo preventivo del personal de ese edificio público.
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