En un pronunciamiento sin precedentes en la historia parlamentaria de Reino Unido, la Cámara de los Comunes ha declarado en desacato al Gobierno de May, después de que se negara hasta este mismo martes a entregar “toda la documentación legal” manejada durante las negociaciones del Brexit con la UE. El Ejecutivo británico ha acatado la resolución, para evitar la posible suspensión o expulsión como diputados de sus ministros, y se ha comprometido a entregar todos los informes este mismo miércoles. La líder conservadora de los Comunes, Andrea Leadsom, anunciaba la rendición del Gobierno nada más conocerse el resultado de la votación, aunque insistía en señalar las perniciosas consecuencias que, a juicio de Downing Street, supone ese precedente, y solicitaba una posterior consideración de la Comisión de Privilegios del Parlamento.
La Cámara de los Comunes aprobó por unanimidad el pasado 13 de noviembre, con el voto incluido de los ministros del Gobierno que prefirieron salvar la cara ante una derrota segura, la exigencia de que el Ejecutivo de May entregara toda la documentación legal, oral o escrita, suministrada por la Abogacía General del Estado durante el proceso negociador con Bruselas. Era el único modo, defendía el Partido Laborista como promotor de la propuesta, de que los diputados votaran el próximo 11 de diciembre sobre el acuerdo alcanzado con Bruselas con pleno conocimiento de causa.
Este lunes, el fiscal general, Geoffrey Cox (que en Reino Unido hace más bien las funciones de abogado general del Estado) defendió con uñas y dientes el secreto de confidencialidad abogado-cliente que protege esas informaciones e insistió en su negativa a entregarlas al Parlamento. Argumentaba Cox que se podría producir un grave precedente de quiebra de un principio constitucional fundamental para el buen gobierno, pero sobre todo que Reino Unido acabaría tirando piedras a su propio tejado, al desvelar sus cartas en un momento en el que quedan largos meses de negociación con la UE para cerrar una relación futura definitiva entre ambos bloques.
En un último intento desesperado por evitar la claudicación, y la consiguiente entrega de los documentos, justo antes de que comenzara el debate previo a la votación sobre el acuerdo del Brexit, el Gobierno requirió que se concediera más tiempo de estudio y debate al “procedimiento parlamentario de desacato” y fuera trasladado al Comité de Privilegios. Los diputados, por una mayoría de pocos votos (311 frente a 307), rechazaron esa pretensión. Y por una mayoría algo mayor (311 frente a 293) obligaron a continuación al Gobierno a entregar los documentos.
