El rezo como protesta y esperanza. En la iglesia holandesa de Bethel, situada en La Haya, sus fieles (protestantes) llevan un mes orando y dos días sin pausa para evitar la deportación de una familia armenia acogida dentro: 792 horas. La policía no puede entrar en un templo durante los oficios religiosos, y por eso, 300 reverendos de todo el país se turnan para impedir el arresto de Sasun y Anousche Tamrazyan y sus tres hijos. Sasun asegura que huyó de su tierra cuando fue amenazado de muerte por motivos políticos. Llevan nueve años en Holanda, y aunque el Gobierno ha ordenado su marcha porque Armenia se considera un país seguro, ellos no se fían. Han intentado quedarse apelando a la amnistía para menores refugiados decretada en situaciones excepcionales por las autoridades. De lograrla, se beneficiarían también los padres, y sus problemas se habrían resuelto.
“El futuro de la familia Tamrazyan no está en Holanda. Se ha llegado a la conclusión de que no tienen derecho a ser protegidos”, ha asegurado Mark Harbers, secretario de Estado de Asilo y Migración. El caso es especialmente difícil para el político, liberal de derecha. El pasado septiembre dijo lo mismo de Lili y Howick, unos hermanos también armenios de 12 y 13 años, con una década de residencia en Holanda. Ordenó su expulsión porque la seguridad de Armenia no tenía duda, pero luego les amnistió en medio de una gran conmoción social. Los chicos se ocultaron, y temiendo que pudiera pasarles algo, Harbers cambió de opinión.
800 horas rezando sin pausa en la iglesia para evitar una deportación El estadounidense abatido por aborígenes en Sentinel del Norte a sus asesinos: “¡Los quiero y Jesús los ama!”
Los Tamrazyan querrían un trato similar para sus hijos, Hayarpi (21 años), Warduhi (19) y Seryan (15). Sobre todo porque los tribunales les han dado la razón en dos ocasiones, pero el Estado recurrió y perdieron el caso al final. “No entiendo por qué ha llegado nuestro caso hasta el Consejo de Estado, cuando podíamos quedarnos. Me han llegado a decir que si me encuentran en el tren o por la calle, me deportarán y se acabará la vida que llevo”, ha declarado Hayarpi a la televisión holandesa. El Gobierno indica que hay unos 400 menores en la misma situación, y no piensa decretar una amnistía general. Si considera que los solicitantes de asilo están a salvo en su tierra natal, quiere que regresen.
Las leyes vigentes respetan los templos, pero rechazan los abusos de la norma. Una realidad que Theo Hettema, presidente del Consejo General holandés de Reverendos Protestantes no ignora. “Ninguna iglesia tendría que elegir entre respetar la dignidad humana o la autoridad gubernamental”, ha dicho. Al final, decidió abrir sus puertas a los Tamrazyan “por fidelidad a la hospitalidad eclesial”. El tiempo que Hettema quiere ganar para que el secretario de Estado rectifique viene avalado por otros factores. Los servicios de inmigración resuelven con retraso los expedientes de los solicitantes de asilo por falta de personal y ajustes presupuestarios.
En teoría, una solicitud debe resolverse en seis meses, pero suele tardar un año como mínimo. Aunque los mayores retrasos se producen cuando los afectados deciden agotar todos los recursos legales a su alcance para quedarse, la lentitud de la administración ha sido reconocida por el propio Gobierno. Una de las razones es el flujo de refugiados sirios registrado en 2015. Cuando pidieron luego la reunificación familiar, las oficinas se colapsaron. “Cada caso debe evaluarse con cuidado”, señalan fuentes del servicio de Inmigración. Con todo, los retrasos se multan, y a principios de octubre, las autoridades holandesas tuvieron que abonar un millón de euros a los peticionarios de asilo (un millar de expedientes) que no recibieron a tiempo una respuesta.
