El Tribunal Supremo de India ha rechazado este jueves parar la deportación de siete refugiados rohinyá a Myanmar. Perseguidos en su país de origen, los miembros de esta minoría musulmana se encontraban desde 2012 bajo custodia policial en una prisión de Assam, Estado oriental de India, por entrar ilegalmente en el país. Los detenidos han sido conducidos a la frontera con la antigua Birmania este miércoles, a raíz de un acuerdo de repatriación entre el Gobierno central y Myanmar, según AlJazeera English,
“El Gobierno dice que la mayoría son ilegales y el país de origen les ha aceptado”, ha señalado el magistrado del Supremo, Ranjan Gogoi, en respuesta al demandante, Prashant Bhushan, que solicitaba el acceso de los detenidos a protección legal. “Han escapado de la peor forma de genocidio… Es un error considerarles ‘inmigrantes ilegales’ cuando la ONU los describe como refugiados… Dejad que un oficial de la ONU hable con ellos para saber si realmente quieren volver”, ha pedido el abogado, quien lidera un litigio contra el plan del Gobierno de deportar a todos los rohinyás que se refugian en India.
India acoge a unos 40.000 miembros de esta minoría musulmana, refugiados en su frontera oriental desde los años setenta. Una cifra que ha aumentado desde que, en agosto de 2017, alrededor de 700.000 rohinyás abandonasen Myanmar ante las hostilidades de la mayoría budista; en lo que autoridades de la ONU consideran una ‘limpieza étnica’. Su situación en India está en suspense desde que Bangladés y Myanmar acordaran el retorno de más de 620.000 refugiados rohinyás en noviembre de 2017.
Human Rights Watch ha comentado que “deportar a estas personas les pone en riesgo de sufrir torturas y abusos”, mientras que Amnistía Internacional ha señalado que la decisión de India “viola el derecho internacional”. Aunque acoge una de las poblaciones más grandes de refugiados de la región, India no ha firmado la Convención de Refugiados de 1951 ni del Protocolo de 1967. Tampoco tiene legislación nacional dedicada a los refugiados, que son clasificados —junto a solicitantes de asilo y otros ciudadanos no-registrados— como “extranjeros”.
Grupos locales de derechos humanos han acusado al actual Gobierno del partido nacionalista hindú BJP de perseguir a la comunidad musulmana en India. A las denuncias de ataques contra esta minoría en el norte del país, bastión del radicalismo hindú, se une el discurso del Ejecutivo, que considera a los indocumentados rohinyás una amenaza para la seguridad nacional. En abril de este año, Prashant Bushan interpuso una denuncia criminal contra el líder de las juventudes del BJP, Manish Chandela, por admitir públicamente por Twitter haber sido el causante del incendio en un campo de refugiados rohinyás en Kalindi Kunj, al sur de Nueva Delhi. La confederación de organizaciones musulmanas de India (AIMMM) también denunció el ataque, que arrasó el asentamiento de más de 200 personas en la capital del país.
