En los últimos años el acoso y el hostigamiento judicial se han convertido en México, y por lo visto en Durango, en una de las nuevas estrategias de silenciamiento contra periodistas y Defensores (as) de los Derechos Humanos.
Aunque este acoso y el hostigamiento judicial contra organizaciones sociales datan de muchos años, es utilizado contra la prensa, y en la mayoría de los casos -por no decir todos- los demandantes o censuradores son casi siempre funcionarios del estado o personalidades públicas, como políticos e influyentes figuras religiosas.
Por ello no se puede dejar de lado el desafortunado llamado telefónico del gobernador José Rosas Aispuro Torres, al periodista Iván Soto, titular de la plataforma digital “En Vivo Durango”, el pasado domingo 10 de julio.
Puesto que es el ejemplo de una de muchas tácticas empleadas en contra de los periodistas en Durango, desde hace más de cuarenta años, que es el tiempo que me ha tocado vivir en el mundo del periodismo duranguense y del que doy fe.
En fragmentos de la llamada, el gobernador le aclara al periodista, que lo va a demandar por omisión de cuidados a su hija Ivanna, quien fue presuntamente violada por personajes ligados a la vida política de la entidad y que no han sido castigados:
JRAT. (…) Por eso te lo estoy diciendo, no es contra ti como periodista, es contra ti como padre de familia, porque fuiste omiso en la responsabilidad que tienes con tu hija. Son cosas diferentes. No confundas. La denuncia que voy a presentar es contra ti como padre de familia omiso, no como periodista.
IS. —O sea, en lugar de ayudar a la carpeta de investigación, me va a denunciar a mí como papá.
JRAT. —Sí, a ti. Tú supiste mucho antes de este tema y no lo denunciaste.
IS. —¿Pero cuál es el objetivo de la llamada?
JRAT. —O sea, tú si puedes señalar impunemente al gobernador, ¿y el gobernador no tiene derecho de defenderse? Y aquí no me voy a defender del periodista, tienes todo el derecho a decir lo que quieras. Pero sí, revisando lo que tú no hiciste como padre, es una obligación del Estado también actuar. Y si el Estado tuvo responsabilidades que las asuma, o las asumo sin problema alguno, no eludo nada. Pero tú tampoco eludas. Lo que no quiero es que eludas tú, ni eludamos nosotros la responsabilidad que tengamos. Y por eso te agradezco que me hayas tomado la llamada.
IS. —Pues discúlpeme, señor gobernador, pero, por supuesto, esto es una amenaza…
JRAT. —No, no… A ver, a ver… ¿amenaza de qué? Ahhh, entonces si tú cometes un delito, como eres periodista, ¿no puedo actuar en contra tuya? (…)
La acción realizada por José Rosas Aispuro Torres el pasado domingo, sienta un precedente en la vida del periodismo duranguense, que debe quedar documentado, porque no se trata de defender al periodista o atacar al gobernador, sino que se entienda que es una de las tantas formas de violencia contra la prensa y de un delito del fuero federal, que además incrementa el silenciamiento local.
Y no es que a lo largo de la historia no se hayan registrado hechos como el que nos ocupa, sino que éstos venían ocurriendo en la obscuridad de cada sexenio y simplemente la tecnología no había permitido su registro digital.
El dicho del gobernador vía telefónica, no deja de ser una amenaza, por el sólo hecho que se aclare por parte del Ejecutivo que no demandará al periodista sino al papá.
Es una amenaza, que pone en evidencia una vez más que los periodistas somos una comunidad profesional vulnerable a la violencia, cuyo objetivo es siempre la censura.
El sexenio que pudo ser ejemplo del cambio tras derrotar al PRI en el 2016, se va en 66 días, y por lo visto, los asesores de este Gobierno nunca estuvieron a la altura de su encargo ni del contexto que demandaba que las cosas fueran diferentes a sus antecesores.
Porque ninguno de ellos le advirtió de lo erróneo de la llamada y de los escenarios de reacción en su contra que le afectarían a su investidura y persona, y no del gremio local, sino nacional, que dibuja a un gobernador que no quiere ser.
Nadie de sus asesores fue capaz de advertirle que su llamada es un acto de violencia contra la prensa, como lo fue también la violencia económica ejercida durante su sexenio a los representantes de los medios de comunicación. Porque no pagar la publicidad contratada por más de un año, es justo violencia económica y nadie se lo dijo.
El cese del foto-reportero Jorge “El Pollo” Valenzuela al inicio de su administración y la salida de Jorge Beltrán Ríos, a petición de su área de Comunicación Social, también fue violencia contra la prensa.
Tal vez por ello, José Rosas Aispuro Torres en sus discursos siempre ha dicho que ha respetado a la prensa y que la Libertad de Expresión ha sido ejercida con libertad durante su mandato.
Pero hay otros que también son o somos responsables. Los periodistas.
Porque en hechos como el citado preferimos guardar silencio y dejamos a los compañeros vivir en solitario la agresión de un ente totalmente superior, que intencionalmente hace uso de la fuerza física o su poder real.
El silenciamiento es lo peor que le puede pasar al gremio periodístico y a sus organizaciones, fundadas justo para defender los derechos de las y los periodistas y que en Durango han preferido guardar silencio y no fijar postura en el caso.
¿En dónde está la Presidenta Nacional y Estatal de AMMPE? ¿El presidente de la Peproc? ¿y el de Colecc?
Se vale fijar postura aunque sea en favor del gobernador, pero no permanecer en el silencio.
