Desde el 28 de abril estalló en Colombia una ola de protestas sin precedentes. Tal vez el punto más cercano de comparación es 1978, año en el que se dio el último gran paro nacional. El país tiene 1.122 municipios, y el pasado 28 de abril hubo protestas y manifestaciones en al menos 564 de ellos, según los datos de la fundación Paz y Reconciliación. Desde ese momento las manifestaciones fueron constantes y los jóvenes han sido los protagonistas. Bloqueos, plantones, marchas y actos culturales son el común denominador.
El Gobierno de Iván Duque no lo esperaba y quedó totalmente descolocado. Luego de algunos días de desorientación, la administración de derecha optó por crear cuatro estrategias para desactivar el paro nacional. Entre ellas, la principal estrategia fue la que se conoce popularmente como el modelo Venezuela o el modelo de Nicolás Maduro. Es decir, acabar las protestas con altos niveles de violencia. El saldo es terriblemente trágico: decenas de víctimas.
El modelo Venezuela aplicado por el Gobierno Duque tiene tres fases. La primera se basa en la represión fuerte de la protesta social por parte de agentes estatales. Los datos en Colombia son, sencillamente, espantosos. Según la ONG Temblores son 41 muertos, 12 agresiones sexuales, 28 personas víctimas de agresiones en sus ojos, 129 casos de disparo por arma de fuego por parte de la policía y más de un millar de detenciones arbitrarias. Todo ello cometido, presuntamente, por miembros de la policía nacional. En un ejercicio comparativo los datos son muy altos en Colombia.
Por ejemplo, durante las protestas en Perú fueron asesinados Brian Pintado e Inti Sotelo, por ello cayó el presidente Manuel Merino quién duro cinco días en el poder. En Chile, durante todas las protestas que estallaron en 2019 hubo 36 muertos, de ellos seis en el contexto de enfrentamientos con fuerzas del orden. En Colombia habrían sido asesinados 41 jóvenes en tan solo dos semanas de protesta. Tal vez el caso más aberrante se produjo hace apenas unas horas, cuando una menor de edad de 17 años habría sido violada por cuatro policías y horas después se suicidó. Esto ocurrió en Popayán, en el suroccidente del país, lo cual causó que la ciudad estallará en rabia.
La represión ha sido brutalmente violenta, pero ha sido solo una fase. La segunda inició hace apenas una semana: comenzaron a rodar vía WhatsApp mensajes para que civiles salieran a confrontar a los marchantes y a agredirlos. Poner a pelear civiles contra civiles. Esto se vivió principalmente en Cali, cuando civiles atacaron la minga indígena. Aún no hay claridad de dónde o cómo comenzaron estas cadenas, lo que sí es cierto es que cuando se iban a producir estos enfrentamientos la policía sencillamente desaparecía. Ni la primera, ni la segunda fase han funcionado. De hecho, la segunda fue un gran fiasco.
La tercera fase de esta estrategia es la judicialización. En la ciudad de Popayán el ministro de Defensa ofreció recompensas para capturar supuestos vándalos. Sin embargo, mencionó alias de esos presuntos vándalos que coincidían con seudónimos de líderes sociales tradicionales en la región. Tal situación llevó a la reacción del gobernador del Cauca pidiendo aclaraciones y desconociendo ese ofrecimiento de recompensas. Para las organizaciones sociales es una persecución desatada por parte del Gobierno nacional con el objetivo de desbaratar el movimiento social.
Durante años, la represión policial ha sido una constante, pero está vez las cosas han cambiado. Por un lado, todos los gobiernos acusaron a los manifestantes de estar infiltrados por las guerrillas para deslegitimar y satanizar la protesta social. Esta vez intentaron hacer lo mismo, pero nadie les creyó. De hecho, las manifestaciones más numerosas se han dado en zonas donde no operan grupos armados ilegales. Por otro, la violencia policial esta vez ha sido muy grande, sistemática y, sobre todo, visible. La mayoría de los abusos policiales han quedado grabados en vídeos de los ciudadanos. La crisis de legitimidad es muy grande y la mayoría de los ciudadanos pide una reforma policial a fondo. Quizás el principal punto es quitarle el fuero penal militar a un cuerpo que, en teoría, debería ser civil.
