
DURANGO, DGO.- La producción de frijol en Durango enfrenta una de las temporadas más complicadas de los últimos ciclos agrícolas. Las estimaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apuntan a una cosecha de entre 70 mil y 80 mil toneladas para 2026, cuando en el ciclo anterior se alcanzaron cerca de 150 mil toneladas.
El delegado estatal de la dependencia, Ismael Ayala Salazar, atribuyó la disminución a la falta de lluvias durante la segunda quincena de julio y agosto, periodo que resultó determinante para el desarrollo de los cultivos. De confirmarse las estimaciones, el estado registraría una reducción cercana a la mitad de su producción.
Sin embargo, la preocupación de los agricultores no se limita a las condiciones climáticas. También existe inconformidad por la operación del esquema de acopio correspondiente al ciclo 2025-2026, particularmente por la falta de claridad sobre quiénes fueron incluidos, cuánto grano se recibió y cómo se distribuyeron los recursos.
De acuerdo con los señalamientos de productores, el programa amplió su capacidad de acopio de 25 mil a 40 mil toneladas, pero numerosos agricultores quedaron fuera. Algunos tuvieron que vender su cosecha a intermediarios a precios de entre ocho y 11 pesos por kilogramo, frente a los 27 pesos ofrecidos por el programa.
Las protestas de productores de municipios como Poanas, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Súchil, Pánuco de Coronado y Vicente Guerrero han colocado el tema en la agenda pública estatal.
A la crisis de producción se agrega otro dato preocupante: durante este año se dejaron de sembrar alrededor de 70 mil hectáreas, situación que podría repercutir también en el siguiente ciclo agrícola.
La reducción de la cosecha tendrá consecuencias en los ingresos de las familias campesinas, la disponibilidad del grano y los precios. Por ello, los productores reclaman que las autoridades transparenten los padrones de beneficiarios, los volúmenes recibidos y los criterios de asignación de los apoyos.
El desafío para el gobierno no será únicamente enfrentar los efectos de la sequía, sino garantizar que los mecanismos de comercialización y respaldo al campo funcionen con reglas claras y sin exclusiones injustificadas.










