
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el presunto entramado de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) no comenzó durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tiene antecedentes que se remontan a la década de 1980.
Primero en RENAPO y luego en el CISEN”, señaló durante la conferencia mañanera de este jueves, al referirse a la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas en la administración pública.
La declaración se produjo después de que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentara una investigación sobre presuntos actos de corrupción al interior del organismo electoral.
En este contexto, la funcionaria informó que los hermanos Hernández Casillas, identificados como integrantes del grupo de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, habrían tenido vínculos con distintas áreas del gobierno federal desde la década de 1980.
La investigación apunta a una presunta red empresarial que habría obtenido contratos millonarios con organismos electorales durante casi 27 años.
La secretaria expuso que José Alfredo Hernández Casillas trabajó en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), donde se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del Registro.
En 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) e incorporó a José Alfredo como su secretario particular.
Por su parte, Raymundo Hernández Casillas trabajó en el área de Recursos Financieros y Materiales de RENAPO en 1987 y posteriormente se incorporó al área de Investigaciones del CISEN.
Sheinbaum Pardo insistió en que los presuntos actos de corrupción señalados en el INE no pueden atribuirse exclusivamente a la gestión de Guadalupe Taddei.Cuartoscuro
Entre 2014 y 2023 se observan diversas omisiones en materia de contratación. En 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) designados por este Consejo se asignaron contratos por más de 2 mil millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas, como proveedores electorales.
En diciembre de 2023 se nombró a la nueva presidenta del organismo mediante un proceso de insaculación, previsto en la Constitución, cuyo resultado favoreció a Guadalupe Taddei.
Entre 2024 y 2025, esta red continuó operando mediante la asignación de contratos, aunque la cifra de OPLE involucrados pasó de 23 a 15, con un monto de 646 millones de pesos.
Se detectó un esquema de simulación, en el que todas las empresas estaban relacionadas o vinculadas con los hermanos Hernández Casillas y participaban en las licitaciones. Al tener conocimiento de las distintas compañías, simulaban las ofertas económicas y acordaban previamente quién ganaría, mediante la presentación del precio más bajo.
Las empresas no declaraban empleados ni acreditaban capacidad técnica. Muchas compartían domicilio y número telefónico, por lo que fueron identificadas como posibles empresas fantasma. Entre los datos utilizados para ocultar al beneficiario final aparecen personas de hasta 96 años y jóvenes de 18, que podrían ser prestanombres o víctimas de robo de identidad.
Asimismo, se identificó un comportamiento irregular en el flujo de recursos entre las empresas, con movimientos que presentan características similares a las operaciones de empresas dedicadas al lavado de dinero o a la facturación de operaciones simuladas.
Antecedentes se remontan a Salinas
Por su parte la primera presidenta del país subrayó que los antecedentes de los involucrados se remontan al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando la organización de las elecciones federales permanecía bajo el control de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En ese contexto, Sheinbaum Pardo insistió en que los presuntos actos de corrupción señalados en el INE no pueden atribuirse exclusivamente a la gestión de Guadalupe Taddei.
Derivado de lo anterior, la investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno busca esclarecer los presuntos actos de corrupción y las relaciones políticas y empresariales que habrían permitido la operación de esta red durante casi tres décadas.









