DURANGO, DGO.- Las dos estudiantes fueron localizadas sin vida el lunes 28 de septiembre. Los resultados forenses preliminares establecieron una muerte autoinfligida y descartaron inicialmente la participación de terceras personas. La investigación ministerial deberá precisar las circunstancias, pero ninguna autoridad puede convertir el caso en una explicación simple ni atribuirle motivos que no han sido demostrados.
El caso no debe explotarse como nota policiaca. Su dimensión pública está en otro sitio: dos mujeres jóvenes, presuntamente estudiantes de una profesión dedicada al cuidado de la salud, murieron en una entidad que desde hace varios años presenta tasas de suicidio superiores al promedio nacional.
Durante 2025, Durango registró una tasa estandarizada de 9.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio nacional fue de 6.7. Esa diferencia colocó al estado en el quinto lugar del país. Aunque el número reportado bajó de 175 muertes en 2024 a 143 en 2025, la posición nacional revela que la disminución anual no resolvió el problema: proporcionalmente, Durango continuó perdiendo más vidas que la mayoría de las entidades.
La trayectoria previa tampoco permite considerar el fenómeno como circunstancial. Los registros difundidos muestran 152 muertes en 2022, 168 en 2023 y 175 en 2024. En sólo dos años, el aumento fue de 15.1 por ciento. Para el 8 de septiembre de 2026, la Coordinación Estatal de Salud Mental reconocía ya 121 suicidios en la entidad.
Ese corte no puede actualizarse simplemente agregando las dos muertes recientes: entre el 8 y el 28 de septiembre pudieron registrarse otros casos. La Fiscalía y la Secretaría de Salud deben informar el acumulado completo y homologado al cierre del mes.
La población masculina concentra la mayor parte de las víctimas. En el municipio de Durango, 44 de los primeros 52 fallecimientos de 2026 correspondieron a hombres, casi 85 por ciento. Al mismo tiempo, ellos representaban solamente 20 por ciento de las personas que acudían a recibir atención psicológica.
Pero el caso de las estudiantes obliga a ampliar la mirada. El suicidio tiene un fuerte componente masculino, aunque la crisis de salud mental atraviesa también a mujeres jóvenes, estudiantes y personas que aparentemente se encuentran construyendo un proyecto de vida. La edad, el género o la formación profesional no eliminan el riesgo.
Durango no parte de cero. Existen la estrategia estatal VIVE, el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, Protectores de Vida, talleres escolares, servicios de la Coordinación Estatal de Salud Mental y acciones para adolescentes de 10 a 19 años. También se ofrecen pláticas, capacitación para identificar señales de alerta y canalización hacia unidades de atención psicológica.
En la capital opera además la Línea AMA 075, con atención las 24 horas, contención telefónica, intervención presencial y seguimiento psicológico. El municipio reporta más de seis mil llamadas, alrededor de 2 mil 600 terapias individuales y 411 intervenciones relacionadas con ideación o tentativa suicida.
Las acciones existen; lo que no aparece públicamente es una red estatal que permita seguir el recorrido completo de una persona joven: detección, valoración profesional, tratamiento, acompañamiento familiar y vigilancia después de una crisis.
Tampoco se conocen con claridad el presupuesto específico de prevención, la cobertura municipal, el número de psicólogos disponibles, los tiempos de espera, las escuelas atendidas ni cuántos jóvenes permanecen bajo tratamiento después de una intervención inicial.
Capacitar no es lo mismo que atender. Contabilizar llamadas no equivale a demostrar recuperación. Dar una conferencia tampoco garantiza que una persona en riesgo reciba consulta inmediata. La política pública debe medirse por su capacidad para evitar que alguien abandone el tratamiento o quede nuevamente solo después de una emergencia.
En las universidades, las jornadas de sensibilización ayudan a reconocer señales y reducir el estigma, pero no sustituyen un protocolo obligatorio. Es necesario saber qué planteles cuentan con personal psicológico permanente, cómo actúan ante una alerta, si existe atención fuera del horario escolar y quién acompaña a los estudiantes durante prácticas profesionales particularmente demandantes.
El Congreso local ha respondido con exhortos e iniciativas sobre prevención masculina, seguimiento después de una crisis, bienestar digital, depresión, ansiedad y presencia de psicólogos en las escuelas. Sin embargo, una iniciativa todavía no es una política aplicada, y un exhorto no garantiza presupuesto, cobertura ni personal.
La confronta que deben responder Salud, Educación, universidades y ayuntamientos es concreta: cuántos jóvenes han sido detectados con riesgo; cuántos recibieron atención inmediata; cuántos continúan en tratamiento; cuántos abandonaron el acompañamiento y qué institución es responsable de buscarlos nuevamente.
Durango tiene programas, líneas telefónicas y campañas. Lo que todavía no acredita es que funcionen como una sola red capaz de encontrar a un joven en crisis, abrirle una puerta inmediata y acompañarlo hasta que el riesgo haya disminuido.
La prevención no puede comenzar después de una tentativa ni limitarse a mensajes durante septiembre. La verdadera política pública empieza antes de la emergencia: en la escuela, la familia, la comunidad y el primer cambio de conducta que alguien sea capaz de reconocer.
En una situación de riesgo inmediato debe solicitarse ayuda al 911. En el municipio de Durango está disponible la Línea AMA 075, con atención confidencial las 24 horas.
