DURANGO, DGO.- La seguridad fue presentada nuevamente ante el Congreso como una de las fortalezas del gobierno de Esteban Villegas. Durante la glosa del Cuarto Informe, la Secretaría de Seguridad Pública reportó 1,844 despliegues interinstitucionales, 143 mil 671 patrullajes, 812 detenciones —448 relacionadas con narcomenudeo— y 740 millones de pesos destinados a equipamiento y tecnología. También destacó la coordinación con instituciones federales, estatales y municipales como parte central de la estrategia.
La confronta de los cuatro informes no desmiente esos resultados operativos. Lo que hace es abrir una pregunta diferente: ¿la reducción de los delitos registrados significa necesariamente que menos duranguenses están siendo víctimas de delitos?
Los indicadores que el propio Gobierno incorporó al Plan Estatal de Desarrollo muestran que no necesariamente.
En el Primer Informe, la administración partió de una tasa de 1,391.4 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes. Para el Tercer Informe había descendido a 1,037.63 y en el Cuarto aparece en 951.3. La disminución respecto de la línea base es de aproximadamente 31.6 por ciento.
Es un resultado favorable en ese indicador.
Pero otro indicador oficial se mueve en sentido contrario.
La tasa de víctimas era de 15 mil 854 por cada 100 mil habitantes en la línea base. En el Tercer Informe aparece en 16 mil 375 y en el Cuarto alcanza 20 mil 215. Frente al punto de partida representa un incremento aproximado de 27.5 por ciento.
La diferencia requiere una precisión: incidencia delictiva registrada y victimización no miden exactamente lo mismo. Una proviene de los delitos que llegan a los registros institucionales; la otra busca aproximarse a la experiencia de las personas que fueron víctimas. Por eso no deben restarse ni compararse como si fueran una misma estadística.
Pero justamente ahí aparece el tercer dato.
92.6 POR CIENTO DE CIFRA NEGRA
El propio sistema de indicadores de la Fiscalía reconoce una cifra negra de 92.6 por ciento, es decir, el porcentaje estimado de delitos que no son denunciados o no llegan al conocimiento de las autoridades.
La administración comenzó con una línea base de 92.9 por ciento. Para el Tercer Informe había descendido a 88.9 por ciento; en el Cuarto volvió a 92.6 por ciento, prácticamente el mismo punto de partida. La meta establecida para 2028 es 90.9 por ciento.
La fotografía cambia entonces:
1,391.4 → 951.3
Incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.
15,854 → 20,215
Víctimas por cada 100 mil habitantes.
92.9% → 92.6%
Cifra negra.
Y aparece un cuarto indicador que también merece atención.
La percepción de inseguridad mejoró significativamente entre la línea base y el Tercer Informe, al pasar de 56 a 45.7 por ciento. Pero en el Cuarto Informe vuelve a subir hasta 52.2 por ciento. Al mismo tiempo, la percepción favorable sobre el desempeño de la Policía Estatal pasó de 58.8 por ciento en el Tercer Informe a 53 por ciento en el Cuarto.
FISCALÍA: MUCHA ACTIVIDAD, EL RESULTADO ES OTRA MEDICIÓN
La comparecencia de la fiscal Sonia Yadira de la Garza permitió incorporar otro nivel al análisis. Diputados plantearon cuestionamientos sobre extorsión, confianza ciudadana y capacidad institucional de respuesta.
El Cuarto Informe registra 15 mil 151 nuevas carpetas de investigación y la conclusión de 17 mil 845, estas últimas incluyendo expedientes iniciados en meses y años anteriores. De ese universo, 4 mil 678 carpetas fueron judicializadas.
También reporta que se recibieron 1,204 órdenes de aprehensión, de las cuales fueron cumplimentadas 644 y quedaron 560 en proceso de investigación.
Pero uno de los indicadores estructurales de la Fiscalía prácticamente no se mueve: las carpetas determinadas en relación con las iniciadas tenían una línea base de 32 por ciento y el Cuarto Informe registra nuevamente 32 por ciento, frente a una meta de 33.4 por ciento para 2028.
Es la diferencia entre contar actividad institucional y medir el resultado final del sistema de justicia.
¿QUÉ SIGNIFICA ENTONCES “DURANGO SEGURO”?
Los cuatro informes contienen elementos que sostienen una parte de esa narrativa. La tasa de homicidios pasó de una línea base de 7.1 a 6 por cada 100 mil habitantes, por debajo incluso de la meta establecida para 2028; la incidencia delictiva del fuero común también disminuyó considerablemente.
Por tanto, la confronta no permite afirmar que Durango sea más inseguro simplemente porque aumentó la victimización.
Tampoco permite reducir la seguridad a la disminución de los delitos registrados.
Lo que muestran juntos los indicadores es una realidad más compleja: bajan los delitos que aparecen en la estadística institucional, aumentan las personas que reportan haber sido víctimas, más de nueve de cada diez delitos permanecen en la cifra negra y la percepción de inseguridad volvió a crecer.
Después de cuatro informes, quizá esa sea la pregunta que quedó pendiente en la glosa:
Si la seguridad se mide por los delitos registrados, Durango muestra avances; si se observa también a las víctimas, la denuncia y la percepción ciudadana, la fotografía ya no es la misma.
