Veracruz se mantiene como “el estado más letal” para quienes ejercen el periodismo en el país, al tener el mayor número de asesinatos de comunicadores en los recientes años, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH, señaló que de 2016 a la fecha han documentado 15 asesinatos de periodistas en dicha entidad relacionados con su labor informativa, de los cuales tres eran mujeres.
“Por desgracia observamos que la situación en Veracruz continúa siendo motivo de profunda preocupación”, externó durante la presentación del informe Prohibido investigar, de la organización Propuesta Cívica, el cual señala que el periodo más violento para la prensa fue durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016), cuando fueron asesinados 18 comunicadores. Desde 2000 acumula 31 homicidios de periodistas.
Campbell agregó que en lo que va de 2026 la ONU-DH ha documentado los asesinatos de los periodistas Carlos Ramírez Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López en Veracruz, casos que, afirmó, “evidencian los altos riesgos que siguen enfrentando quienes ejercen el periodismo en la entidad y la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales”.
Asimismo, subrayó que la información recabada por la oficina en México durante la última década revela que estos crímenes “rara vez ocurren sin señales de alerta”. En la mayoría de los casos, explicó, las víctimas habían enfrentado amenazas, hostigamiento u otros incidentes de seguridad antes del ataque letal.
En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la representante de la ONU-DH recordó que instrumentos internacionales obligan al Estado mexicano a garantizar un entorno seguro y libre de violencia para periodistas, lo que implica respetar la libertad de expresión y brindar protección efectiva.
Subrayó que cuando se registran múltiples ataques en un mismo contexto, las pesquisas no deben li-mitarse al aclarar cada caso de ma-nera aislada, sino “identificar patrones, estructuras criminales, po-sibles nexos entre los casos y las res-ponsabilidades de quienes ordenan, facilitan o toleran estos delitos”.
En materia de prevención, añadió, se requiere fortalecer la capacidad de las instituciones para identificar riesgos antes de que se materialicen. Para ello, consideró indispensable mejorar los análisis de contexto, reforzar el intercambio de información entre las autoridades y establecer mecanismos que permitan “responder con rapidez cuando existan amenazas”.
Sobre el acceso a la justicia, Campbell sostuvo que los Estados deben investigar y sancionar los delitos contra periodistas, e incorporar desde el inicio la hipótesis de que la agresión pudo estar ligada con su actividad informativa.
