La falta de sensibilidad y de atención sobre los asuntos públicos por parte del presidente Enrique Peña Nieto permitió que la narrativa de la noche de Ayotzinapa del 26/27 de septiembre de 2014 se desviara mañosamente a tratar de responsabilizar al Ejército de un grave incidente que articulaba el conflicto de la disidencia estudiantil violenta con el narcotráfico y administraciones perredistas.
La recomendación 208VG/2026 de la CNDH, fechada el 2 de julio y liberada el domingo 12, fue muy clara en establecer uno de los principios fundamentales del derecho: la ausencia de elementos probatorios que deben de sustentar cualquier responsabilidad en hechos ilegales.
La conclusión de la CNDH es fundamental porque desmonta la argumentación opositora y disidente, además de los familiares y sus asesores nacionales y extranjeros, de que se había tratado de una acción represiva del Estado mexicano directa contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que viajaban en un autobús secuestrado para realizar acciones de protesta por un nuevo aniversario del 2 de octubre del 68.
En términos de propaganda política, la argumentación de los afectados se manejó como lema de campaña: “fue el Estado”, y a través de un elemento informativo entre los millares que se movieron en la investigación se presentó la argumentación opositora de una operación de contrainsurgencia contra un grupo violento de estudiantes con preparación insurgente.
Durante doce años toda la investigación estimulada por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en la llamada Noche de Iguala buscó la responsabilidad directa del Ejército como si el objetivo hubiera sido una represión militar ordenada de manera exclusiva contra estudiantes disidentes de la Normal. Y en la dinámica del discurso de que “fue el Estado”, los familiares de los normalistas afectados perdieron tiempo, circunstancias, credibilidad y capacidad de investigación por el objetivo exclusivo de culpar al Ejército de una represión como decisión de Estado en contra de estudiantes.
En el camino se olvidaron las circunstancias que debieron de desestimar la mala intención de culpar al Ejército: por mandato legal, las Fuerzas Armadas tienen prohibido el involucramiento en acciones de seguridad a las que no hayan sido convocadas siguiendo protocolos estrictos y por escrito de participación. Por ello el Ejército nunca pudo haberse involucrado de manera directa en los incidentes de esa noche.
La capacidad de protesta se centró en el argumento que el Gobierno de Peña Nieto presentó como “verdad histórica”, pero en realidad la investigación gubernamental se presentó en términos jurídicos de “verdad pericial” de una investigación de hechos y elementos probatorios. La contraargumentación disidente simplemente desdeñó el proceso pericial de la antigua PGR e hizo todo lo posible de manera argumentativa para señalar que el Ejército había desaparecido a los estudiantes.
Hasta donde se tienen datos concretos y de valor jurídico, el Ejército nunca se cerró las indagatorias, abrió sus cuarteles cuando se cumplieron con los requisitos exigidos por criterios de seguridad nacional y los familiares de los estudiantes pudieron revisar campos militares, aunque después de marchas agresivas que causaron violencia en la entrada de zonas castrenses que por obligación deben de estar cerradas.
La argumentación de poner al Ejército “en el centro” de la investigación no se hizo en términos periciales o de indagatorias procesales estrictas y controladas por los códigos penales, sino que todo se redujo al argumentación política y ahí los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa y sus asesores políticos cometieron el error estratégico de señalar una acusación sin la presentación de ninguna prueba contundente que respondiera a los el procedimientos periciales muy estrictos cuando se investigan delitos considerados de alta gama.
Durante su sexenio, el presidente López Obrador jugó con las expectativas que había encabezado como candidato presidencial disidente en el 2018, pero al ser investido como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ya no supo cómo deslindar su propia investigación con la falta de pruebas mínimas que pudieran involucrar al Ejército en un acto que se había dicho había sido premeditado de secuestro de estudiantes y su desaparición, al grado de que se llegó a argumentar que los estudiantes estaban vivos en cárceles secretas conocidas por el Ejecutivo federal.
La recomendación de la CNDH fue exhaustiva y desde luego que debe ser sometida a un escrutinio estricto y minucioso, pero a partir de la argumentación de las investigaciones que no encontraron elementos sólidos probatorios que determinaran que hubiera habido una orden directa en la cadena de mando del Ejército para haber ordenado en su momento la represión directa de estudiantes, cuando todas las evidencias involucraban a policías municipales vinculados al narcotráfico y dependientes de autoridades también municipales del PRD en Guerrero.
La recomendación de La CNDH es una segunda verdad pericial, jurídica, además de un acto de justicia a favor de la credibilidad del Ejército.
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