LERDO, DGO. — El megaproyecto petroquímico de la planta de fertilizantes nitrogenados de la empresa Fermachem en Sapioris, Lerdo, ha mutado de ser el principal escudo económico del Gobierno del Estado a convertirse en un polvorín de conflicto socioambiental, político y geopolítico que dividirá las opiniones en las mesas de debate de toda la entidad.
Frente a la creciente indignación de agrupaciones civiles y colectivos ambientalistas que acusan un inminente desastre ecológico, la Secretaría de Desarrollo Económico estatal salió al paso para blindar el complejo industrial.
En una postura que encendió los ánimos de las organizaciones sociales, las autoridades desestimaron las alertas ecológicas y atribuyeron las manifestaciones ciudadanas exclusivamente a intereses políticos de la oposición que buscan desestabilizar la inversión más grande en la historia de la región.
El gobierno estatal fue contundente al señalar que la mega inversión de 28 mil millones de pesos es un asunto cerrado y defendió la viabilidad ecológica del proyecto.
Para contrarrestar el temor de los activistas sobre una inminente sobreexplotación hídrica a escasos kilómetros del Área Natural Protegida del Cañón de Fernández, se detalló que la planta operará al 100% con aguas grises y residuales procesadas por el sistema de tratamiento del municipio de Lerdo, garantizando que no se extraerá un solo litro de los pozos ni de los mantos acuíferos superficiales del Río Nazas.
Sin embargo, lo que convierte a este frente de alto impacto es el inusual alineamiento de fuerzas que desnudó el conflicto. La Secretaría de Economía federal respaldó abiertamente el complejo petroquímico, sumándose a los legisladores locales que promueven la obra.
Los defensores del proyecto subrayan que la mega planta de Fermachem es una prioridad estratégica impulsada y avalada de forma directa por el Gobierno Federal dentro de las mesas de relocalización industrial del Plan México, con el fin de garantizar la soberanía nacional de fertilizantes.
Esta pinza política entre la Federación y el Estado ha generado una profunda paradoja en la entidad: mientras en el Congreso de Durango el PRI y Morena mantienen una guerra de declaraciones por las comparecencias de seguridad, en la Región Laguna ambos bandos se dan la mano para sostener la construcción del complejo industrial.
Esta alianza de intereses ha provocado que los colectivos ambientalistas radicalicen su postura, acusando a las autoridades de los tres niveles de gobierno de ignorar los reclamos de cientos de ciudadanos que marcharon en la Plazuela Juárez y de sepultar la sustentabilidad hídrica de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo a cambio de dividendos industriales.
