La crisis de seguridad que enfrenta la gobernadora tradicional de Mezquital, Virginia Flores Flores, ha entrado en una fase crítica que exhibe, sin matices, las grietas del sistema de protección institucional en Durango. En este escenario, donde la integridad personal y la autonomía indígena están en riesgo, hay una verdad que ya no admite evasivas: la omisión también es una forma de violencia.
La presencia en la zona del director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, respaldada por el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército, no deja lugar a dudas sobre la gravedad del contexto. No es una visita simbólica; es una intervención federal ante una situación que rebasó lo local. Cuando la Federación entra, es porque el vacío ya existe.
Y ese vacío tiene nombre: la ausencia del Estado de Durango.
Mientras en territorio se intenta contener la emergencia, el gobierno estatal y sus instituciones han optado por el silencio. No hay posicionamiento del Ejecutivo, no hay actuación visible de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no hay señales del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensoras De Derechos Humanos. No hay nada. Y ese “nada” pesa.
Porque cuando una institución obligada por ley a proteger decide no actuar, su omisión deja de ser pasividad y se convierte en mensaje. Un mensaje que se traduce en permisividad para los agresores y en vulnerabilidad para las víctimas. No es solo una falla administrativa: es una forma de abandono institucional que agrava el riesgo.
La presencia de fuerzas federales puede contener momentáneamente la crisis, pero también evidencia lo que no se hizo antes. Es el síntoma de un gobierno local que no respondió a tiempo o que simplemente decidió no responder.
La protección de los derechos humanos no puede ser selectiva ni depender del silencio. No puede esperar a que el problema escale para entonces reaccionar desde fuera.
Exige responsabilidad inmediata, actuación de oficio y coordinación real entre niveles de gobierno.
Hoy, en Durango, el silencio institucional no es prudencia. Es omisión.
Y la omisión, cuando hay vidas en riesgo, se convierte en otra forma de violencia.
