En Durango capital no se está viviendo un simple ajuste fiscal. Lo que hoy golpea con dureza la economía de miles de familias es un acto político consciente, frío y perfectamente calculado. El desmedido incremento al Impuesto Predial, al agua potable y a otras contribuciones municipales no es un error técnico ni una mala interpretación administrativa: es el resultado de una cadena de decisiones tomadas por quienes juraron representar y defender al pueblo.
La responsabilidad directa inicia con el alcalde José Antonio Ochoa, impulsor de la Ley de Ingresos Municipal 2026, una propuesta claramente lesiva para la ciudadanía. Pero sería falso y conveniente reducir el problema a una sola figura. Este golpe no se habría consumado sin la participación activa y cómplice del Cabildo y del Congreso local.
El Cabildo de Durango, integrado por 17 regidores, la síndico y el presidente municipal, aprobó casi en bloque estos aumentos, con la única excepción de la regidora del Partido del Trabajo. Todos los demás validaron una medida que sabían provocaría indignación social. Y eso los coloca, sin matices, como corresponsables del daño económico que hoy padecen los duranguenses.
Los regidores existen para ser la primera línea de defensa de los intereses ciudadanos dentro del gobierno municipal. No están para obedecer consignas ni para servir de oficialía de partes del alcalde. Sin embargo, cuando se trató de proteger el bolsillo del pueblo, optaron por darle la espalda a quienes dicen representar.
La carga moral es aún mayor para los regidores de oposición. Porque del partido gobernante se espera disciplina ciega, pero de la oposición se exige carácter, congruencia y defensa social. Nada de eso ocurrió. Cinco regidores de Movimiento Ciudadano, encabezados por Francisco Franco, y tres de Morena, coordinados por Iván Gurrola Vega, votaron a favor del criminal aumento al Impuesto Predial y del resto de los incrementos, traicionando el papel que les fue conferido en las urnas.
Información proveniente del gobierno municipal apunta a un hecho todavía más grave: los coordinadores de las fracciones —Iván Gurrola (Morena), Francisco Franco (MC), Gabriela Hernández López (PRI) e Ignacio Orrante (PAN)— conocieron a fondo el proyecto de Ley de Ingresos 2026, pero decidieron no compartirlo con sus respectivas bancadas. De confirmarse, estaríamos ante un acuerdo opaco, deliberado y funcional para facilitar la aprobación de cobros abusivos, particularmente los más de 640 millones de pesos que el Ayuntamiento pretende recaudar vía Predial.
Estos cuatro coordinadores fueron factores determinantes para que la propuesta pasara el primer filtro institucional. Y no es un dato menor que todos ellos tengan aspiraciones políticas futuras, al igual que la síndico Alicia Gamboa Martínez y el propio alcalde José Antonio Ochoa, recientemente promovido por el gobernador Esteban Villegas como posible candidato a la gubernatura. El conflicto de intereses es evidente: sacrificaron al ciudadano para no incomodar al poder.
A esta cadena de responsabilidades se suman los 25 diputados locales, quienes aprobaron sin objeción la Ley de Ingresos 2026. Al hacerlo, avalaron el atraco y renunciaron a su función como representantes populares. Firmaron, con su voto, su subordinación al oficialismo y su desprecio por el mandato ciudadano.
Mientras tanto, el enojo social crece. Miles de duranguenses ya se han manifestado en contra del pago del Predial. No es para menos: los incrementos de entre 100 y 150 por ciento no tienen precedente. Y el impacto no se limita a un solo sector. Afecta por igual a comerciantes, trabajadores, jubilados y familias enteras, que además deberán enfrentar alzas desproporcionadas en servicios básicos como el agua potable, cuyo aumento debió apegarse a criterios legales y salariales que el Ayuntamiento decidió ignorar.
La organización ciudadana será clave para frenar este abuso y para exigir consecuencias políticas. Porque en este episodio no hay errores inocentes ni decisiones aisladas. Hay responsables claros. Y todos, absolutamente todos, debían representar al pueblo. Al tiempo.
