México, el país de las 65 muertes violentas diarias, convive con otro delito silencioso que todo el mundo conoce: la extorsión. Millones de personas son víctimas de amenazas que les obligan a pagar una cuota criminal que afecta a comercios y servicios, al transporte y la distribución de mercancías, a medianas y grandes empresas y, cada vez más, a la gente pobre que trata de salir adelante con un puesto de venta callejera o una humilde tortillería. El miedo a no cumplir con los pagos requeridos ha ido ahogando cientos de negocios sin que nadie se atreva a piar: apenas se denuncia un 0,2% de las extorsiones y es el delito que más ha crecido en los últimos años. El secretario de Seguridad de la República, Omar García Harfuch, ha presentado un plan para combatir esta epidemia que ofrece ayuda de inteligencia policial y financiera a un puñado de Estados mexicanos, entre ellos la capital, y campañas para impulsar las denuncias. Aunque la presidenta ha anunciado este martes una modificación legal para que el delito sea perseguido de oficio en todo el país, sin necesidad de que el ciudadano atemorizado dé el primer paso.
Claudia Sheinbaum entra a la batalla contra un delito “del fuero local del que ningún presidente anterior ha querido hablar porque corren el riesgo de hacerlo más público y tener a cambio estadísticas contraproducentes una vez que los afectados comiencen a denunciar”, dice el especialista en Seguridad Carlos Pérez Ricart. “Es valiente”, afirma. La extorsión solo salta al fuero federal si está relacionada con el crimen organizado, y lo está, aunque sea difícil saber en qué medida, puesto que hay cientos de bandas criminales de barrio que también operan con esta práctica. De modo que también el gobierno de la República está directamente concernido.
Un hombre de la máxima confianza de la presidenta y de enorme popularidad entre la ciudadanía se pone ahora al frente de esta lacra, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que no deja de crecer en las encuestas de cara a las elecciones de 2030. La lectura política de Pérez Ricart es que la reducción de la inseguridad y el crimen será la gran apuesta de Sheinbaum, donde espera resultados que se conviertan en la marca de su Gobierno, justo lo contrario del anterior. “La violencia homicida está a la baja, pero la extorsión, no, y esa sí la percibe con claridad el ciudadano de a pie. El proyecto pasará por triunfar contra este delito y en esa dirección van las nuevas leyes de seguridad e inteligencia”, afirma Pérez Ricart. Pero no es la única razón.
México será el año que viene una de las tres sedes que compartirán el Mundial de Fútbol, junto con Canadá y Estados Unidos. En esta cita enmarcan algunos otros expertos la cruzada contra la extorsión presentada ahora. “Todo esto recuerda a la estrategia que puso en marcha Brasil en su Mundial, donde se blindaron ocho ciudades contra el delito y les funcionó”, dice Raúl Benítez Manaut, también experto en Seguridad. Y ofrece algunos datos para cuadrar la ecuación: “Cuando García Harfuch fue secretario de Seguridad en la capital, hizo muchos operativos conjuntos con su homólogo en el Estado de México, Rodrigo Martínez. Son buenos amigos, y Martínez es ahora el hombre de la FIFA para la seguridad en México, un contrato en el que ha intervenido Harfuch, me consta”, dice el analista.
Las dificultades económicas que ha encontrado Sheinbaum a su llegada al poder debido a las amenazas arancelarias de Donald Trump, todavía sin concretar en su globalidad, han propiciado un repliegue hacia el mercado interior. No son pocas las reuniones que ha tenido la presidenta con los empresarios, que han hecho piña con ella ante el enemigo exterior. A todos les ha presentado y pedido colaboración para sacar adelante el Plan México, destinado a fortalecer el mercado interior y así soltar el lastre que suponen las muchas dependencias económicas con Estados Unidos, su principal socio comercial, adonde se destina el grueso de las millonarias exportaciones mexicanas.
Combatir la extorsión cobra, desde ese punto de vista, una importancia crucial. Por un lado, se ofrece seguridad a los inversores extranjeros para que implanten sus empresas en territorio mexicano, aunque las grandes compañías no sean las más vulnerables ante este delito, pero lo sufren y reclaman medidas. Por otro, el pequeño empresario mexicano y el más pequeño aún emprendedor, que esos sí padecen las extorsiones criminales hasta la asfixia, se beneficiarían de poner coto a quienes les piden una parte de sus ganancias.
La extorsión se ha elevado de la mano de los grandes capos mafiosos, pero también de delincuentes oportunistas que van por libre. Los unos ahogan al campo y la ganadería, a los mercados de abasto y a ciertos comerciantes en zonas conflictivas; los otros disparan contra casi cualquier cosa, incluidos falsos secuestros que se anuncian por teléfono exigiendo el pago de una cantidad, delitos que atrapan a la población más desfavorecida. El anuncio de García Harfuch ha hecho hincapié en el uso de inteligencia para la detención de los delincuentes, en la creación de unidades antiextorsión locales, en protocolos de atención a víctimas a quienes les paraliza el miedo y ha puesto a disposición un teléfono, el 089, para recibir como es debido estas denuncias. Además, se reforzará la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de congelar cuentas bancarias fruto de prácticas delictivas y se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas telefónicas y celulares, muchas de las cuales se manejan desde las cárceles.
“La renta de celulares en las cárceles es todo un negocio y las máquinas inhibidoras no sirven, porque afectan a la población que rodea los centros penitenciarios, son un fracaso, pero esas extorsiones son las menos, tratan de engañar al ciudadano más inadvertido”, dice Manaut. En todo caso, esta estrategia de detección de usuarios de móvil también tiene un trasfondo político que a nadie se le escapa: viene a dar sentido a la ley de telecomunicaciones presentada por Sheinbaum contra el delito, pero que ha sufrido fuertes críticas por el supuesto espionaje ciudadano que podría desencadenar. “Hará falta la orden de un juez, no es espionaje”, ha repetido la presidenta en múltiples ocasiones.
La extorsión que padecen millones de mexicanos tendrá ahora al hombre fuerte del Gobierno haciéndole frente, el que más réditos ha sacado en estos primeros 10 meses de presidencia de Sheinbaum, ofreciendo casi a diario resultados contra el crimen y los mil delitos que desangran al país. La reducción de las estadísticas de inseguridad no ha venido espoleada solo por los impulsivos requerimientos de Trump en su lucha contra el narcotráfico y el fentanilo, está llamada a convertirse en la marca del gobierno, que necesita superar la pobre carta de presentación de su antecesor en esta materia. “Se hace evidente que este gobierno quiere imponer mano dura con discurso blando, sin parecerse a Bukele, pero bukelizando un poquito, y sería aplaudido por mucha gente, sin duda”, dice Benítez Manaut. Sin mencionar al presidente de El Salvador, cara opuesta a la imagen que proyecta Sheinbaum, también Pérez Ricart considera que la presidenta se medirá contra la inseguridad que asola México, “porque en otras áreas creo que va a dejar a deber: la economía difícilmente va a crecer y las grandes infraestructuras prometidas ya veremos, pero la seguridad puede ser el área de resultados”.
