Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que contempla operativos en centros penitenciarios donde se comete el delito, el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para extorsionar, el congelamiento de cuentas bancarias y la implementación a nivel nacional del 089 como medio de denuncia.
En conferencia de prensa desde las instalaciones de la SSPC y acompañado de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, y de la Marina, Raymundo Pedro Morales, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, García Harfuch indicó que ocho estados tendrán atención prioritaria: Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero, al concentrar 66 por ciento de las extorsiones a nivel nacional.
Precisó que la estrategia, posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, operará bajo los siguientes ejes de acción:
Generar detenciones mediante investigación e inteligencia;
Trabajar de manera coordinada y estrecha con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales;
Aplicar el protocolo de atención a víctimas;
Capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis;
Implementar campañas de prevención a nivel nacional.
La estrategia, aseguró el funcionario, será reforzada con la participación de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que congelará las cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobro de extorsiones.
Asimismo, García Harfuch precisó que se solicitarán órdenes judiciales con el objetivo del bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además del incremento de operativos en centros de reclusión y centros de reinserción social para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de este delito.
García Harfuch destacó la importancia de que los ciudadanos denuncien, pues aseguró que la extorsión es uno de los delitos que más daño causan a la sociedad, pues no sólo vulnera la seguridad de las personas sino también su estabilidad económica y salud emocional.
“Detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que, todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios”, indicó.
El secretario agregó que las denuncias ciudadanas son parte fundamental en esta estrategia y para ello se suma el Observatorio de Seguridad Ciudadana que ya tiene presencia en 20 estados del país; explicó que este organismo, desde marzo a la fecha, ha canalizado más de 60 reportes de secuestro y extorsión, lo que ha permitido “salvar vidas y proteger a familias”.
Gertz Manero se reunirá con fiscalías locales para combatir la extorsión
En tanto, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, indicó que presentarán las denuncias que sean necesarias contra las personas que cometan extorsión y que cada mes se harán públicas cuántas denuncias se formularon, ya sean por delitos del fuero común o federal, y detallarán en cuáles centros penitenciarios se están llevando a cabo llamadas de extorsión.
Agregó que el 1 de agosto se reunirá con los 32 fiscales del país para establecer una agenda en común para frenar este delito y que el gobierno prepara una reforma para que “no se pierda la responsabilidad de las autoridades municipales y locales y haya una instancia federal que pueda intervenir en el caso de que no se haya cumplido con la obligación frente a la víctima y la sociedad”.
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Para ello, complementó García Harfuch, es indispensable la coordinación interinstitucional de la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
